La inseguridad alimentaria crónica se produce en situaciones persistentes y de largo plazo, o cuando las personas no tienen capacidad para satisfacer su demanda de alimentos. Es una situación que resulta de la pobreza y de la falta de políticas productivas o financieras.

Este crítico escenario se vive en diversas zonas de Venezuela, en las que se han improvisado comedores u “ollas comunitarias”, por iniciativa de la iglesia y de particulares, para mitigar el hambre de muchos. Un ejemplo es la Olla de la Misericordia, impulsada por la Iglesia Católica, en Caracas, que atiende a decenas de personas todos los martes en el centro de la capital venezolana.

En las estrategias y políticas de alimentación implementadas por el Gobierno la corrupción ha sido un factor determinarte, como una de las causas de la inseguridad alimentaria, pues se han desviado recursos del gasto social, de forma directa o indirecta, impidiendo la plena efectividad del derecho constitucional a la alimentación.

Los programas sociales de alimentación deben ser fiscalizados y los beneficiarios deben ser partícipes de su diseño, implementación y monitoreo. Es indispensable la rendición de cuentas y la transparencia en el proceso, para garantizar que los recursos económicos lleguen a la población más vulnerable.