La industria del cemento en Venezuela ha tenido constantes cambios luego de que el ex presidente Hugo Chávez iniciara en 2008 la estatización de varias empresas entre las que se cuentan: Fábrica Nacional de Cemento, Vencemos, Cemento Andino, Industria Venezolana de Cemento, Cemento Cerro Azul y Corporación Socialista de Cemento. Esto comprometió el desempeño de la industria al someterlas a una enorme incertidumbre con respecto a los objetivos de producción y las líneas estratégicas de operación que se puede vislumbrar a través del histórico de producción.

Una investigación realizada por Transparencia Venezuela sobre las Empresas Propiedad del Estado determinó que luego de la estatización y a pesar de las inversiones que se hicieron para aumentar la capacidad instalada de producción de cemento, la producción de 2015 fue de 6 millones de toneladas anuales, es decir, 41% menor a la de 2007, cuando las compañías, en manos privadas, produjeron 10,2 millones de toneladas anuales. El desempeño de cuatro empresas entre 2011 y 2015 refleja que solo aprovecharon 52% de la capacidad instalada y tres de ellas reflejaron caídas en la producción importantes: Fábrica Nacional de Cemento, 67%; Cemento Andino, 39% y Vencemos, 15%.

Lejos de lograr fortalecer la producción nacional de materiales y componentes constructivos, lo que ha sucedido es que se presentan enormes déficit en el abastecimiento, que han obligado a apelar a la importación de los insumos faltantes, lo que se agrava con la actual situación económica recesiva e inflacionaria.

Esta situación generó serios problemas de gestión de las empresas, que han dado la espalda a principios básicos de economía y la administración. Se ha permitido que las deficiencias administrativas y el pobre desempeño económico de las empresas, queden encubiertos con el auxilio financiero del Gobierno central, cuando había los ingresos para hacerlo.

Todo esto derivó en el descenso de la producción que, sumado a los controles de precios y de la distribución, ha provocado escasez, la creación de mercados paralelos y dio cabida a diversos actos de corrupción.

El holding de lo sombrío

La fuerza que el emprendimiento privado en materia de cemento tuvo sus inicios en 1907, cuando empresarios privados venezolanos crearon la Fábrica Nacional de Cementos para suplir el insumo que era hasta entonces importado, tuvo un punto de quiebre en 2008.

A partir de allí, el sector fue víctima de un entramado institucional y políticas públicas cambiantes, con escasa continuidad y la proliferación de instancias de organización, que llevaron a las empresas dominadas por el Estado a depender de hasta seis ministerios diferentes:

• Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (2008),
• Ministerio de Industrias Básicas y Minería (2009),
• Ministerio para la Ciencia, la Tecnología y las Industrias Intermedias (2010),
• Ministerio de Industrias (2011),
• Ministerio de Industrias Básicas, socialistas y estratégicas (junio, 2016),
• Ministerio de Hábitat y Vivienda (noviembre, 2016)

El entramado instalado en el sector colocó a la llamada Corporación Socialista del Cemento, S.A, como el consorcio de todas las empresas estatales del ramo, siendo responsable de la producción, venta y comercialización del cemento y otros materiales de construcción, como cabeza de un holding.

Ha tenido bajo su conducción las empresas Vencemos, INVECEM, Cerro Azul, Cemento Andino, FNC, ENTIPISA. El holding cuenta con seis empresas cementeras y diez plantas.

Las denuncias sobre manejos oscuros de los recursos han surgido en estos años, además de los problemas en la comercialización y distribución del cemento, pasando por la violación de normas de seguridad y salud en el trabajo, incumplimiento de derechos laborales, hasta problemas de impacto ambiental por falta de mantenimiento.

Es necesario hacer especial énfasis en la empresa Cerro Azul, consorcio producto del convenio con Irán, pues han surgido señalamientos que dan cuenta de irregularidades como la incompetencia de las empresas iraníes para ejecutar las obras, retrasos en la construcción de la planta, irregularidades en asiento delas empresas involucradas, pues sólo aparecieron en el Registro Nacional de Contratistas años después de iniciar las obra. A lo que se suma la entrega inconclusa de obras.

La opacidad como regla

En la investigación Empresas Propiedad del Estado (EPE) también se pudo comprobar que no hay en el sector de construcción y mantenimiento de obras públicas una información sistemática y constatable que permita evaluar su desempeño de manera consistente. Fuera de la presentada en las Memoria y Cuenta de los ministerios de adscripción que se conocieron hasta 2016, la información es muy escueta. Las estadísticas que recoge el Banco Central de Venezuela (BCV) ya no están disponibles para el público, mientras diferentes voceros oficiales ofrecen cifras que parecen más a propaganda que a un registro sistemático.

La frecuencia de denuncias de presuntas irregularidades y de hechos de corrupción muestra que existen indicios en unos casos, y constatación en otros, de una mala administración, que supone un dispendio de recursos públicos y una distorsión de los objetivos que se declararon como justificativos de los procesos de expropiación de empresas privadas, así como de la creación de otro grupo.

Los retrasos en la ejecución de las obras, muchas de ellas producto de convenios con una variedad de países, pone al descubierto que no se ha sido riguroso en su formulación, vigilancia y seguimiento, por lo que no extraña la frecuencia con que se denuncian la opacidad de estos convenios y la afectación que ha sufrido nuestro país por ello.

Muchos de lo que aquí se ha descrito tiene enorme impacto sobre el desempeño no sólo de las propias empresas sino de los beneficiarios, por ejemplo,  delas obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que desde un inicio arrancó con serios problemas de opacidad en su administración, como lo pudo comprobar el estudio que al respecto realizó Transparencia Venezuela (2016).

El caso de las cementeras  fue estudiado por Transparencia Venezuela, en el marco de una investigación iniciada en julio de 2016, para identificar el mapa de las empresas propiedad del Estado venezolano.

Al 30 de septiembre de 2017 el estudio logró identificar 526 empresas públicas en 16 sectores económicos y no solo en los considerados estratégicos o monopolios naturales, es decir, energía, transporte, telecomunicaciones y agua. Los sectores que mayor número de empresas tienen son manufactura (24,9%); agroalimentario, ganadería y pesca (13,5%) y sector petróleo (11,8%). En menor proporción el Estado tiene instituciones financieras, de servicio, transporte, construcción, comunicación, minería, comercio, agua, hotelero, electricidad, gas, multipropósito y hasta de actividades espaciales.

Arrojó la investigación que 74% del total de empresas propiedad del Estado, es decir, 386, fueron creadas o expropiadas en los gobiernos de Chávez y Maduro. La mayor parte entre 2006 y 2010.

De las 526 empresas identificadas, 114 son filiales de PDVSA, aunque 42 de ellas no son petroleras. Esto indica que la estatal petrolera actuó como la gran financista de la expansión del Estado empresario.

Según el estudio que también ahondó en los casos de las empresas productoras de azúcar y café, de construcción, banca, además en PDVSA, Sidor y Corpoelec, todas, a partir de 2012, registran un descenso en la producción y en 2016, arrojaron pérdidas por el orden de Bs. 775.000 millones.

Hoy en día, sostiene el estudio, las empresas en manos del Estado han perdido toda capacidad de reinversión, no cubren la demanda interna de productos y servicios, y tampoco pueden cubrir sus compromisos con recursos propios.

El estudio permite concluir que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro propiciaron una estructura institucional de empresas para la extracción de recursos por parte de una élite, la captura del Estado y el control político, en complicidad con el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República, elementos que son característicos de una cleptocracia.