El Ejecutivo obstaculiza las investigaciones, pero las empresas están obligadas a cooperar con el Parlamento. Gracias a los datos aportados por corporaciones como Odebrecht, los diputados avanzan con las investigaciones sobre las irregularidades en el sector eléctrico

Pedro Pablo Peñaloza

Las vueltas que da la vida. Uno de los principales socios comerciales del Gobierno chavista, ahora es un informante de la oposición. La empresa brasileña Odebrecht, que adelanta una serie de proyectos mil millonarios en el país, colabora con la investigación que desarrolla la Asamblea Nacional sobre las presuntas irregularidades en el sector eléctrico.

El presidente de la comisión parlamentaria que dirige las averiguaciones, Jorge Millán (PJ-Caracas), denuncia que el Ejecutivo bloquea sus esfuerzos. En particular, señala al ministro de Energía Eléctrica, general Luis Motta Domínguez, quien no atiende sus invitaciones ni facilita los datos que le han solicitado.

En contraste con el desprecio oficial, Millán indica que han podido avanzar gracias al aporte de “gran cantidad de empresas”. En esa lista figura Odebrecht, que habría consignado “seis cajas de documentos ante la AN”, según indicó el diputado Stalin González (UNT-Caracas), jefe de la Comisión de Administración y Servicios.

El miércoles 10 de agosto acudieron al Parlamento los representantes del Consorcio Inelmeca, responsables de inspeccionar las obras de la planta hidroeléctrica de Tocoma, en el estado Bolívar. Los auditores confirmaron que la construcción del complejo, que debió entrar en funcionamiento en 2013, está paralizada.

Mirando al sur

El proyecto de Tocoma está en manos de dos empresas: Odebrecht y la argentina Industria Metalúrgica Pescarmona (Impsa). González apunta que las corporaciones se acusaron entre sí y brindaron versiones contradictorias, al ser consultadas en la sede del Poder Legislativo sobre las razones del retraso.

“Odebrecht dijo que tenía 98% de la obra civil hecha, y que ese 2% que estaba pendiente no impedía la instalación de las turbinas. En cambio, Impsa argumentó que no podía instalar las turbinas porque no se ha completado toda la obra civil”, refirió el legislador caraqueño, tras resaltar que los argentinos también entregaron algunas carpetas a la AN.

En su comparecencia, el Consorcio Inelmeca brindó un testimonio que sustentaría lo expuesto por los brasileños, agregando que la única turbina que ya está colocada –de las diez adquiridas- aún no está perfectamente acoplada ni ha sido probada.

“Esa turbina tenía que probarse en 2012”, precisa González, recordando la promesa del difunto presidente Hugo Chávez de “poner en marcha” esa unidad el 9 septiembre de aquel año. “En este momento, la planta debería estar generando 2160 megavatios y resulta que no está produciendo absolutamente nada”, detalla el parlamentario de Un Nuevo Tiempo.

Chávez fiscalizó las obras de Tocoma el 19 de enero de 2012 en compañía de un delegado de Odebrecht, el presidente de Impsa, Enrique Pescarmona, y el exministro de Planificación del Gobierno de los Kirchner, Julio de Vido, ahora investigado por presuntos hechos de corrupción y vinculado con una supuesta “diplomacia paralela” que permitió a empresas argentinas hacerse con importantes contratos en Caracas.

Un reportaje publicado por la periodista Fabiola Zerpa en El Nacional el 8 de febrero de 2014, reseñaba que Impsa “ganó la licitación convocada en 2006 para fabricar y montar las turbinas de Tocoma frente a las ofertas de empresas con mayor trayectoria en el ramo (General Electric, Alstom, Siemens, Marubeni, Sumitono, Hitachi, Mitsui, Vatech, Dong Fang y Harbin)”.

“Se trata de un hito tecnológico importante para la empresa y de un hito para el país”, declaró el 18 de enero de 2008 al diario La Nación de Argentina el vicepresidente de Impsa, Francisco Rubén Valenti, al comentar el impacto del convenio para exportar diez turbinas de generación hidroeléctrica por 520 millones de dólares.

Valenti explicó al periódico bonaerense el “exigente proceso de licitación y adjudicación” que enfrentó para firmar un pacto que, incluso, fue celebrado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Tanto Impsa como General Electric y Marubeni pasaron las pruebas en Lausana, pero en noviembre de 2006 se abrieron los sobres con las cotizaciones: la empresa mendocina costeó el proyecto en US$ 520 millones reajustables -temiendo la suba del acero y la mano de obra-, mientras el consorcio formado por la canadiense y la japonesa pidieron US$ 750 millones”, precisó La Nación.

Pero no siempre tuvo que medirse con otras empresas internacionales. El periodista Joseph Poliszuk publicó el 27 de julio de 2014 en El Universal que Impsa “se hizo cargo del proyecto de repotenciación de la central hidroeléctrica Macagua I en un proceso sin licitación, del que nunca quedó claro el monto de la obra. Aunque el contrato se cerró por 223,5 millones de dólares, la propia Corporación Eléctrica Nacional anunció en 2010 en su web que la obra costó 324,9 millones”.

Pescarmona, jefe de Impsa, llegó a ser relacionado con Guido Antonini Wilson, el hombre del maletín de los 800 mil dólares, y Daniel Uzcátegui, hijo de Diego Uzcátegui, presidente de Pdvsa-Argentina. “No hubo ni hay ninguna tratativa particular, ni negocio potencial que vincule a Impsa ni a ninguno de sus accionistas con Antonini Wilson o con Uzcátegui”, aclaró el empresario a La Nación el 30 de septiembre de 2008.

El presupuesto del proyecto de Tocoma se ubicaba en 3 mil millones de dólares en 2007. Seis años más tarde, ya remontaba los 7 mil millones de dólares. Valiéndose de la información aportada por las corporaciones que alcanzaron jugosos contratos con el Gobierno chavista, el Poder Legislativo busca llegar hasta el fondo en su investigación sobre la corrupción en el sector eléctrico.