Las denuncias sobre una supuesta operación morrocoy, predominaron durante las elecciones presidenciales del siete de octubre de 2012. Así se desprende del informe realizado por Transparencia Venezuela, en el cual se resumen las quejas presentadas por los electores a lo largo del proceso.

De un total de 176 denuncias procesadas, 35 corresponden a quejas de los ciudadanos por retrasos a la ahora de abrir las mesas o de cumplir con los protocolos de sustitución de máquinas para dar continuidad a la jornada comicial.

La llamada operación morrocoy surge tras un compendio de situaciones que pasaron por: el cierre de mesas por problemas técnicos (35 denuncias procesadas), retraso en la apertura de las mesas de votación (26 denuncias), retrasos por parte del Plan República, (14 denuncias) y retraso en la mesa de verificación (9).

A todas estas situaciones se suman además las denuncias por intimidación a través de motorizados afectos al oficialismo (14 denuncias) e intimidación política por medio de los llamados puntos rojos (siete denuncias).

En el mismo informe se analizan las situaciones irregularidades que se presentaron durante la campaña previa a las elecciones y se dan sugerencias para evitar que se sigan presentando este tipo de casos, además de exhortar al Consejo Nacional Electoral (CNE), a cumplir su rol de árbitro imparcial durante la jornada.

El documento expone  algunas de las fallas registradas durante la fase de campaña; entre ellas: el uso de locaciones y espacios públicos para hacer propaganda electoral (28 denuncias), utilizar bienes públicos para proselitismo político (17 denuncias), destrucción de propaganda electoral durante la campaña (12 denuncias), y obligar a funcionarios públicos a hacer campaña electoral (7 denuncias).

Uno de los aspectos en los que se hace hincapié es en la necesidad de garantizar el equilibrio y la equidad en medios de comunicación,  tanto audiovisuales como impresos a la hora de exponer a un determinado candidato.  De igual forma se sugiere controlar los recursos públicos durante la campaña, para impedir que estos sean empleados para hacer actividades de proselitismo político.

“El control requerido debe extenderse, en un sistema democrático de equidad y justicia, con especial cuidado sobre los medios de comunicación públicos que se encuentran bajo el control del Gobierno”, señala el documento.

Todos estos datos y denuncias fueron remitidos por Transparencia Venezuela al Consejo Nacional Electoral (CNE), con la finalidad de que sean revisados y atendidos a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y la Ley contra la Corrupción.

De igual forma solicitan que el organismo comicial investigue y dé respuesta a las denuncias presentadas, no sólo a estas, sino a casos anteriores.

“Solicitamos al CNE nos entregue y presente al país, un informe detallado de todos los casos recibidos y sus actuaciones avanzadas con cada uno, el responsable de tales pasos y la fecha de su realización. El Consejo Nacional Electoral, debe publicar un informe de rendición de cuentas sobre su actuación como órgano de control de procesos electorales, en el cual le informe al país sobre los hechos reportados, las investigaciones iniciadas y las sanciones establecidas”, indica el documento.