Pese a la exacerbación de la propaganda oficial desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia de la República, la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) ha sufrido un estancamiento en el estado Lara, producto de la crisis de la caída de los precios del petróleo, la falta de inversión privada en el sector construcción y las denuncias de corrupción que pesan sobre la administración de este programa social en la entidad centro-occidental.

La GMVV se creó en el año 2011 con el fin de dar respuesta a la carencia de vivienda de amplios sectores de la sociedad venezolana, con énfasis en los damnificados que entre 2010 y 2011 fueron afectados por las lluvias.

En Lara los datos oficiales sobre la construcción de viviendas de este programa social solo están disponibles para los dos primeros años 2011-2012, porque desde entonces el aparato oficial se ha dedicado a mezclar los números con las estimaciones y las cifras de proyectos habitacionales por comenzar, y la sustitución de ranchos por viviendas.

Gran parte de lo ocurrido con el retraso obedece a que la Corporación de Desarrollo de Lara (Corpolara) institución designada por el Ejecutivo nacional para administrar la GMVV en Lara, Yaracuy y Portuguesa ha sido manejada como un instrumento para el control político, la captación de militancia para el Partido Socialista Unido de Venezuela, corrupción y  discrecionalidad en la entrega de las viviendas a personas que no fueron censadas ni registradas en las diferentes etapas iniciales del programa.

Según el Censo Nacional de 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas, en Lara harían falta 44.800 viviendas, tomando en cuenta el número de habitantes de este estudio (1.774.867) y la cantidad de casas (514.392). Esta proyección no se ha cumplido en cuatro años de ejecución de la Misión, porque desde 2011 a 2014, sumando las cifras oficiales de 2011 y 2012 y las proyecciones en base a estos dos años en el cuatrienio se habrían construido 24 mil 942 casas, poco más del 50% de la cantidad necesaria en el estado.

Lara padece además, según el Censo 2011, de viviendas precarias: El 13,2% de todas las viviendas (aproximadamente 67.900 hogares) dependen, para el suministro eléctrico, de una peligrosa toma clandestina. Más del 20% de las viviendas no cuentan con suministro de agua por acueducto o tubería, la mayor parte (13,3%) sólo recibe agua por camiones cisterna. 33% de las viviendas no cuentan con una poceta conectada a una cloaca y casi la mitad de esas viviendas (más de 70.000) no cuentan con ningún facilidad para eliminar excretas, ni siquiera un pozo séptico.

Además el 20% de las viviendas no reciben ningún servicio de aseo urbano y para eliminar la basura más de la mitad (unas 80.000 familias) deben quemarla, lanzarla en cualquier lugar o en ríos, quebradas y lagunas, enterrarla, mientras que 94% de las viviendas no cuentan con servicio de gas directo y dependen de bombonas.

Ante esta realidad las denuncias de Corpolara incluyen las de extrabajadores que denuncian la entrega de viviendas por cuotas políticas, y los enfrentamientos con comunas como el caso de la Che Guevara en Cabudare, que pidió la administración del proyecto habitacional en la zona y a consecuencia la retaliación no se hizo esperar, ya que la sacaron de la vigilancia de los materiales o asignación de recursos para la obra.

El resultado como lo dice nuestro informe es que el resultante de ese deterioro institucional, estrechamente vinculado a la politización y abierta partidización de las instituciones, junto a toda la acción del Estado, no sólo trae ineficiencia y paralización de las obras, lo que sin duda afecta a miles de familias que se registraron solicitando una vivienda.