Protección al denunciante es clave en la lucha anticorrupción
En el actual contexto de pandemia es urgente aplicar el marco legal que garantiza el resguardo de quienes informan sobre infracciones e irregularidades, además de facilitar todos los canales necesarios para la denuncia y la respuesta oportuna e imparcial
Transparencia Venezuela, 23 de julio de 2021. De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción publicado en enero de 2021 por Transparencia Internacional, Venezuela es el quinto país más corrupto del mundo, situación que se ha incrementado de forma progresiva desde 2013. De igual modo, la organización advirtió que la pandemia por COVID-19 ha empeorado estos indicadores y volvió mucho más compleja la lucha para erradicar este flagelo en América Latina. Uno de los sectores más gravemente afectados en el país ha sido el sistema judicial, pues se han ralentizado aún más los procesos y, tanto víctimas como denunciantes, han quedado sin protección y expuestos a mayores riesgos de corrupción.
Ante esta realidad, es urgente la eficaz aplicación de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, así como de todas aquellas disposiciones o normas que favorezcan el resguardo de las personas que decidan informar sobre infracciones y abusos de poder. Todo ello en el entendido de que la denuncia es un elemento clave para combatir la corrupción, minimizar la impunidad, restaurar la confianza ciudadana en las instituciones, promover la transparencia y las buenas prácticas en la gestión pública.
Alzar la voz
En Venezuela, la Gran Corrupción, instaurada durante las dos últimas décadas, generó la Emergencia Humanitaria Compleja que hoy padece la gran mayoría. Sin embargo, otras modalidades de corrupción común como la extorsión, la concusión y el soborno, entre otras, se presentan en el día a día de los ciudadanos.
La mayoría de estos hechos, que pueden ser denunciados tanto por las víctimas como por los testigos, tienden a quedar impunes, pues existe el temor a sufrir represalias, a pasar de denunciante a denunciado o a que el caso no sea procesado. Muchos se inhiben de alzar la voz frente a la corrupción en Venezuela por la impunidad imperante, y la desconfianza en que los órganos de justicia cumplan su función con celeridad e imparcialidad.
Esta realidad revela que el marco legal existente para garantizar la protección a víctimas y denunciantes se queda en el papel y no se aplica correctamente. Las medidas de protección muchas veces no son concedidas a la víctima y, cuando se le concede, el tiempo que puede tardar en ser aceptada termina dejando a la persona en una situación de mayor vulnerabilidad.
La falta de protección al denunciante es uno de los grandes obstáculos que existe para combatir la corrupción y la impunidad en Venezuela. Esto es el resultado del deterioro generalizado del sistema judicial, la ausencia de separación de poderes y la complicidad con la que actúan los funcionarios encargados de la seguridad, el orden y la aplicación de justicia.
La emergencia sanitaria y las medidas de confinamiento implementadas en el país han profundizado la inequidad, los retardos procesales y el abuso de poder en la aplicación de justicia. El cierre de tribunales, notarias, registros y demás dependencias, durante las llamadas semanas de radicalización de la cuarentena, ha limitado el derecho de los ciudadanos al acceso a la justicia.
Dilo Aquí
La oficina de Asistencia Legal Anticorrupción (Alac), de Transparencia Venezuela, ha recibido denuncias en las que las medidas de protección otorgadas por el Estado son insuficientes o no pueden ser cumplidas. Situaciones cotidianas como la falta de vehículos o de combustible para el patrullaje policial y el cambio del órgano de ejecución impiden que se hagan efectivas, lo que conlleva otro elemento que retarda aún más el cumplimiento de dicha protección.
Otra de las circunstancias descritas por los denunciantes en cuanto al otorgamiento de las medidas de protección, es que en muchos casos la orden de ejecución queda en manos del mismo organismo denunciado. En algunas oportunidades, se ha designado al mismo funcionario que presuntamente cometió el abuso de autoridad.
Ante la situación de vulnerabilidad e indefensión de los denunciantes frente a estos problemas estructurales del sistema judicial, Transparencia Venezuela, a través de Alac, brinda asesoría y acompañamiento jurídico gratuito a víctimas y testigos de hechos de corrupción. La organización ha puesto a disposición de los ciudadanos la aplicación Dilo Aquí, el correo electrónico [email protected] y el teléfono 0412-1105672 como herramientas para denunciar de forma segura.
Este Día Internacional del Denunciante es oportuno recordar que la denuncia es la mejor arma para combatir la corrupción y que todas las personas están en pleno derecho de usar este recurso si son víctimas o testigos de estos hechos. El Estado tiene el deber de garantizar su protección y de facilitar todos los canales que sean necesarios para que los ciudadanos reporten las irregularidades y, sobre todo, para que las denuncias tengan respuesta oportuna e imparcial.
La lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos. ¡Tú también puedes ayudar!
¡Denuncia, Dilo Aquí!