Transparencia, capacitación y contraloría ciudadana son vitales para minimizar impacto de la corrupción en el sistema sanitario
Expertos que analizaron los hallazgos del informe Salud en Venezuela, cuando la corrupción es el virus, coincidieron en que la desviación de recursos lesiona los derechos humanos de las personas y en que los Estados son responsables de garantizar la protección a la salud y la vida
Transparencia Venezuela, 12 de noviembre de 2020. La corrupción está presente en los sistemas de salud de la mayoría de los países del mundo. Pese al daño que genera la desviación de fondos públicos, se trata de un problema que pocas veces se discute de forma abierta. No obstante, la emergencia sanitaria global por la propagación del COVID-19 reveló la vulnerabilidad del sector, uno de los más perjudicados por las malas prácticas en la administración de los recursos. El escenario es mucho más dramático en Venezuela, país que se encuentra sumergido en una Emergencia Humanitaria Compleja sin precedentes y donde el impacto de la corrupción se traduce en el deterioro progresivo de la red hospitalaria y centros de salud, falta de acceso a medicinas y tratamientos médicos; migración del personal asistencial y la reaparición de enfermedades erradicadas. Esta realidad fue retratada por Transparencia Venezuela en el informe Salud en Venezuela, cuando la corrupción es el virus, donde se exponen los principales mecanismos de corrupción en el sistema de salud público nacional y los estragos que este fenómeno causa en la población, en especial en los sectores más vulnerables.
Luego de publicar el estudio, Transparencia Venezuela reinició su serie de foros con un encuentro dedicado al tema, en el que un grupo de expertos analizó los principales hallazgos de la investigación y contextualizó el caso venezolano en el panorama internacional. El evento virtual Salud en Venezuela, cuando la corrupción es el virus tuvo como ponentes a Mildred Rojas, coordinadora Legal de la organización; Daniela Cepeda, oficial de Investigación en la Iniciativa de Salud de Transparencia Internacional; Armando Altuve, periodista de la unidad de Investigación de El Pitazo; Feliciano Reyna, presidente de la Asociación Civil Acción Solidaria en Venezuela, y Soledad García Muñoz, relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La suma de todos los males
Rojas refirió que en la investigación se exponen 14 de los principales mecanismos de corrupción presentes en el sistema sanitario venezolano. Entre ellos destaca la asignación discrecional a empresas intermediarias recién creadas o sin experiencia en el sector. De igual modo, detectaron compras de equipos que no se instalaron por incompatibilidad técnica; compra de medicamentos no requeridos o lotes de fármacos vencidos que luego fueron incinerados; además de la adquisición con sobreprecio de equipos, materiales e insumos médicos; hurto y desvío de medicinas; forjamiento de documentos y venta de fármacos o insumos que deberían ser suministrados de forma gratuita, así como la contratación para la construcción de obras hospitalarias que no se concluyeron.
“También se muestra el papel que han jugado la impunidad en los casos de gran corrupción, así como el rol de la captura política en el sistema de salud, la criminalización de la protesta, la opacidad y ausencia de rendición de cuentas, al igual que datos y testimonios que evidencian la precariedad del sistema de salud pública nacional”, señaló Rojas.
De acuerdo con el estudio, la corrupción en el sector también se manifiesta en la designación en altos cargos y la asignación masiva de contratos a militares; al igual que en la captura política del sistema sanitario y el uso de los servicios con fines políticos o para favorecer intereses de particulares en detrimento de la mayoría de la población. Rojas agregó que uno de los principales obstáculos para investigar, identificar a los responsables de irregularidades y minimizar el impacto de la corrupción ha sido la falta de información pública sobre el presupuesto del sector salud y la ejecución de los recursos.
Un problema global
Daniela Cepeda señaló que la corrupción en el sistema sanitario es un problema universal y presentó algunos ejemplos de casos registrados durante la pandemia en países como México, Colombia, Rumania, Reino Unido, Ghana, India y Zimbabue, que van desde falta de transparencia, venta ilegal de equipos de bioseguridad y medicamentos, hasta sobornos y ventas de materiales con sobreprecio, entre otros.
Explicó que la salud es vulnerable ante la corrupción porque es un sector impredecible, en el que es imposible establecer posibilidades de ocurrencia de enfermedades o la efectividad o no de ciertos tratamientos. “También se debe a que la información es asimétrica y eso dificulta identificar conflictos de intereses o monitorear la provisión del servicio”, explicó.
Una tercera condición que da espacio a la corrupción y al abuso de poder es que hay muchos actores en el sistema que a veces que se relacionan de manera poco transparente. “Estos factores se agudizan durante la pandemia porque los Estados relajan sus normas de rendición de cuentas”, señaló la ponente.
Cepeda expuso también ejemplos de diferentes manifestaciones de corrupción que ocurren en áreas claves del sistema sanitario: provisión de servicios, contrataciones, gestión de medicamentos, asignación de presupuestos y recursos humanos. “Lo que encontramos en todas estas áreas es que se pueden dar sobornos, malversaciones, conflictos de intereses y falta de transparencia”,
La oficial de Transparencia Internacional afirmó que cuando el sistema sanitario es ineficaz, el ciudadano no puede ejercer su derecho a la salud. “El Estado debe cumplir ciertas obligaciones para prestar un servicio eficiente para todos en condiciones de igualdad, proveer medicinas, asegurar el acceso a alimentos, agua potable. Pero si hay corrupción infiltrando áreas esenciales, al gobierno le va a ser imposible cumplir esas obligaciones”.
Para reducir el impacto de la corrupción, Cepeda considera que se debe ver el problema desde la perspectiva de los derechos humanos. “Eso significa que debemos enfocarnos en reducir el número de víctima atendiendo sus necesidades y asegurándonos de que haya transparencia y rendición de cuentas en los procesos para que todos los actores cumplan con sus obligaciones. Una de las maneras más efectivas de hacerlo es mediante el acceso a la información”.
Agregó que, desde 2008, Transparencia Internacional ha llevado a cabo en cinco países el proyecto Contratos Abiertos en la Salud, para capacitar a la sociedad civil, ciudadanos, gobiernos y al sector privado, sobre los principios de transparencia en la gestión pública. “Tener rendición de cuentas sobre los recursos fortalece el sistema sanitario y redunda en el acceso a la salud”.
Bajo la lupa del periodismo
Para Armando Altuve la función social que cumple el periodismo de investigación en Venezuela ha sido clave para revelar las tramas de corrupción en el sector salud y el grado de afectación que deja en la población. Aunque dijo que son muchas las investigaciones que se han hecho en los últimos años, se refirió a dos que a su juicio muestran la cara cruda de este flagelo.
La primera es el reportaje realizado por la periodista Liseth Boom para el portal Runrunes en 2014, que aborda los “seis elefantes rojos” de la salud, en referencia a seis hospitales que fueron planificados en 2007, durante la presidencia de Hugo Chávez, en el marco del programa Barrio Adentro IV, con la promesa de inaugurarlos en 2019. “Al momento de la publicación no estaban listos, es decir, tenían un retraso de 8 años. El impacto para la población es que se quedó sin más de 1.700 camas que se necesitaban”.
Altuve recordó que para estas obras se hizo una inversión de 1.272,3 millones de bolívares, cuando al inicio se presupuestaron Bs 872 millones. Por este caso, el Ministerio Público imputó a la entonces ministra de Salud, Eugenia Sader, y a su hijo, Eugen Bejarano, quien estaba al frente de la fundación a cargo de estas obras que finalmente se asignaron a empresas militares que tampoco las terminaron. “Entre los proyectos están el Instituto Nacional de Cáncer y el Cardiológico de Adultos, hoy construcciones en ruinas que son rostro de la corrupción en el sector”.
Otro trabajo de investigación periodística citado por Altuve, fue la premiada serie de reportajes La mala leche de los Clap, del portal Armando.Info, que refleja la corrupción con la leche distribuida por el programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). “Se analizaron ocho marcas del producto de origen mexicano, a través del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y se determinó que eran pobres en calcio y proteínas e incumplían con los estándares que en composición de alimentos exige el Instituto Nacional de Nutrición, en detrimento de la nutrición de los niños”.
El periodista también mencionó el caso de proyectos de recuperación o remodelación de instalaciones de salud que son luego reinauguradas sin que se hayan ejecutado los trabajos, como ocurrió entre 2018 con la sala de maternidad del complejo hospitalario Dr. José Ignacio Baldó, en El Algodonal.
“El registro de la investigaciones periodísticas ha sido vital para llevar información veraz y oportuna a la población para la toma de decisiones y para que los ciudadanos asuman un rol contralor. La corrupción en la salud tiene un gran impacto en los venezolanos y el costo se traduce en pérdida de vidas”, agregó Altuve.
Los más afectados
Feliciano Reyna comentó la experiencia de Acción Solidaria Venezuela como grupo defensor de la salud. “Entre 2003 y 2004 formamos Codevida, coalición de organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la salud y la vida, como consecuencia de las protestas de varios grupos por fallas en acceso a tratamientos. En esa oportunidad fuimos escuchados en mesas de trabajo con la Organización Panamericana de la Salud, Defensoría del Pueblo, ministerio de Salud y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales”, dijo.
Según Reyna, el deterioro extremo vino luego de gestiones como las de la organización Acción Ciudadana contra el Sida ante la antigua Corte Suprema de Justicia, que llevó a que el primer ministro de salud del gobierno de Chávez, Gilberto Rodríguez Ochoa, los recibiera y comenzara a llegar el tratamiento para el VIH.
Recordó que hacia 2008-2009, con la primera gestión del militar Jesús Mantilla como ministro de Salud, se acrecentó la opacidad y se acabó la posibilidad de trabajar en conjunto para el acceso a los medicamentos. “Cuando hablamos de impunidad se nombra a Sader, pero no se habla de Mantilla, quien fue responsable de la remodelación de más de 50 hospitales. Se dieron contratos a grupos sin ninguna capacidad, y se reinauguraron obras no ejecutadas”.
De igual modo mencionó los 8.000 módulos de Barrio Adentro prometidos por Chávez para 2009, de los cuales se construyó la mitad y solo 900 estaban operativos. Según dijo, detrás del programa habría claros fines políticos y ahora la mayoría de esos módulos no presta servicios.
“Claramente la Emergencia Humanitaria Compleja con sus daños a las personas es directamente efecto de ese fenómeno que tiene una serie de responsables y esperamos que se avance en la sanciones”, agregó Reyna.
La pandemia de la corrupción
La relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Soledad García Muñoz, resaltó que el informe de Transparencia Venezuela constituye un importante insumo para el mandato de esa instancia internacional, que desde hace tres años documenta la Emergencia Humanitaria Compleja que vive Venezuela, especialmente en el contexto de la pandemia. “Nuestra preocupación no hace sino aumentar cada día por el impacto de la corrupción en la salud, en particular, pero también en el acceso al agua, a la alimentación, la gasolina, la energía eléctrica y la educación”, expresó.
La relatora comentó que durante la visita de la comisión de la CIDH, vía Cúcuta, en la frontera con Venezuela, en febrero de 2019, recibieron información del uso de programas sociales como herramientas de control social y político, así como el de la exigencia de dinero o dádivas a las personas para tener acceso a servicios del Estado. De igual modo, se refirió a las dificultades para acceder a la canasta básica y a servicios básicos.
García Muñoz afirmó que la CIDH elaboró recientemente un informe en el que dejó claro que la corrupción es un tema de derechos humanos y un verdadero virus social. “La pandemia ha exacerbado las situaciones más sensibles del continente. De hecho, los actos de corrupción han puesto en riesgo las medidas que los Estados han adoptado frente a la emergencia sanitaria”.
La relatora enfatizó que el fenómeno obstaculiza o bloquea el flujo económico, el acceso a la justicia, la libertad de expresión y el acceso a la información, lo que profundiza la brecha de pobreza y desigualdad en el continente y en Venezuela. De acuerdo con dicho informe, la corrupción afecta los recursos disponibles por parte de los estados del hemisferio para satisfacer, garantizar y respetar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Asimismo, mencionó que la comisión dictó dos resoluciones en el contexto de pandemia, que aporta soluciones muy importantes que tienen que ver con la protección con el derecho a la salud.
García Muñoz agregó que la malversación de caudales públicos causa un impacto en las personas en situación de pobreza y a los grupos de población en condición de vulnerabilidad a los que el Estado debe especial protección: mujeres, embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores, privados de libertad, indígenas y niños y adolescentes; al igual que periodistas, defensores de los derechos humanos y trabajadores de la salud. “Vamos a seguir trabajando para comprender que la corrupción es un tema de derechos humanos, que la corrupción mata y enferma, y que erradicarla debe convocar a todas las personas e instituciones”.