Combatir la corrupción y diseñar políticas de atención a la población vulnerable son claves para erradicar la pobreza en Venezuela
Indicadores recientes ubican al país como el más pobre de Latinoamérica, sin embargo, las medidas gubernamentales para atender la crisis, agravada por la pandemia por COVID-19, han sido ineficaces y se espera que su impacto ensanche aún más la brecha económica y social
Transparencia Venezuela, 17 de octubre de 2020. Reconocida mundialmente por sus abundantes reservas de petróleo, la diversidad de sus recursos naturales y el potencial de sus riquezas minerales, Venezuela pasó de ser uno de los países que contribuían al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial a la nación con mayor Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de América Latina y el Caribe, según datos de Transparencia Internacional, y el más pobre de la región y con mayores desigualdades después de Brasil, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), medición que determinó que la brecha en los parámetros de vida de los venezolanos se sigue ensanchando entre 2019 y 2020.
Históricamente, la pobreza en Venezuela se mide por dos parámetros: los ingresos comparados con la canasta alimentaria, que estudia la pobreza coyuntural, y la medición que se realiza a través de las Necesidades Básicas Insatisfechas, que estudia la pobreza estructural. En cuanto a la medición de este último, se utilizan variables como niños en edad escolar que no estén en el sistema educativo; deterioro del hogar o falta de acceso a servicios básicos; hacinamiento; y hogares con cabeza de familia con menos de tres grados de educación y empleo, entre otros. El ente responsable de efectuar tales mediciones es el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, la opacidad en la información que ha reinado en las instituciones públicas en los últimos años ha impedido tener acceso a las estadísticas oficiales.
Por su parte, la Encovi, estudio que desde 2014 realizan las universidades Central de Venezuela (UCV), Católica Andrés Bello (UCAB) y Simón Bolívar (USB); reveló que la pobreza extrema en Venezuela alcanza 79,3%, mientras que la pobreza total se ubicó en 96,2%, de manera que los ingresos percibidos por la gran mayoría de los ciudadanos son insuficientes para cubrir la canasta alimentaria y otros aspectos que determinan el nivel de calidad de vida: vivienda, educación y vestido. Todo ello está determinado por la caída de 70% del PIB entre 2013 y 2019 que provocó un proceso de hiperinflación que entre enero y septiembre de 2020 fue de 1.433,58%, según reportes de la Asamblea Nacional (AN). Mientras que el salario mínimo es de Bs 400.000 (0,92 centavos de dólar), sumado al bono de alimentación de Bs 400.000 alcanza al equivalente de US$1,84, en contraste con el valor de la canasta alimentaria estimada por el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) en Bs 91.834.057,99 (US$270,10) para agosto de este año.
Esta realidad económica, con gran impacto en lo social, es uno de los componentes de la la Emergencia Humanitaria Compleja generada el patrón de Gran Corrupción instaurado en Venezuela en las dos últimas décadas, y de la falta de voluntad del liderazgo para el diseño de políticas sociales con enfoque en las poblaciones más vulnerables. Una de las estrategias que implementó el gobierno de Hugo Chávez fue la creación de las misiones sociales, cuyo fin era la atención de poblaciones más vulnerables y disminución de la pobreza. Concretamente, la Gran Misión Cristo-Pobreza Cero, proponía reducir la pobreza para 2012. No obstante, las misiones (programas sociales) que de esta se desprendían fueron empleadas como mecanismos políticos, electorales y de control social. Lejos de promover la igualdad, fomentaron la exclusión e incentivaron la corrupción.
En el contexto actual, Venezuela atraviesa uno de los escenarios más críticos en materia de garantía de derechos sociales a la ciudadanía y de institucionalidad. Con la llegada de la pandemia por COVID-19, los indicadores de pobreza se han incrementado. Los grupos poblacionales más vulnerables se encuentran sin ningún tipo de protección social. Las acciones de la administración de Nicolás Maduro para atender las consecuencias de la crisis sanitaria sobre la emergencia humanitaria preexistente se han centrado en el otorgamiento de bonificaciones, a través del Carnet de la Patria, que no cubren un solo producto de la canasta básica y, por el contrario, promueven la pobreza y desigualdad.
Ante los grandes problemas que aqueja a la sociedad venezolana y los desafíos que plantea este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, urge un acuerdo entre los actores políticos y sociales para al desarrollo de programas de transferencias directas focalizadas que permitan subsanar, en cierta medida, la brecha de pobreza extrema. Del mismo modo, es imperativo diseñar y ejecutar políticas sociales con énfasis en poblaciones vulnerables, promover la contraloría y transparencia en todos los procesos de rendición de cuentas que obstaculicen la opacidad y corrupción, de manera que los recursos lleguen a quienes tienen que llegar.