Lo que el Estado no dijo sobre el caso del diputado Juan Requesens en la CIDH

Derechos, Derechos humanos y corrupción, Incidencia, Noticias, Transparencia y acceso a la información

Observador Parlamentario, 05 de diciembre de 2018. Nuevas imágenes del diputado Juan Requesens dentro del Sebin del Helicoide fueron presentadas este miércoles 5 de diciembre durante la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que representantes de la sociedad civil venezolana denunciaron la vulneración de los derechos en el país.

El agente del Estado ante El Sistema Internacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, fue el encargado de presentar las imágenes del diputado, en las que se ve siendo atendido por un equipo médico y haciendo ejercicios físicos en los patios del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional

Los familiares y el equipo de defensa de Requesens, denunciaron previamente que el Estado tenía previsto mostrar esas imágenes, porque se estaba fotografiando y grabando al diputado en diversas actividades para dar una imagen tergiversada de su situación dentro del Helicoide.

El martes 4 de diciembre, el abogado Joel García, denunció a través de su cuenta en Twitter, que el Gobierno pretendía exhibir ante la CIDH “el mejor sistema de justicia del mundo”, aun cuando ha hecho caso omiso a las medidas que la misma CIDH dictó en favor del diputado.

Este miércoles, al concluir la sesión, García volvió a referirse al tema en su cuenta en Twitter. Dijo que el representante del Estado ignoró el hecho de que el tribunal que lleva el caso del diputado, tiene más de 100 días sin dar despacho y que el equipo de defensa solo ha podido verlo en 5 ocasiones.

Orianna Granati, esposa del diputado, también respondió a través de su Twitter. Dijo que funcionarios del Sebin graban las visitas para luego presentar videos y fotografías con el fin de “lavarse la cara frente a entes internacionales”.

“Dejarlo tomar sol, que haga ejercicios y que vea a su familia no es respetarle sus derechos. Es el deber ser. Juan pasó 16 días con un problema dental, con fiebre 3 días y sin atención médica hasta que ellos quisieron. ¿Eso no es tortura psicológica? Juan está preso siendo inocente”, manifestó.

La familia Requesens insiste en que los médicos que lo han visto no son de confianza, ni están especializados en la atención de pacientes con la condición bariátrica del diputado.

El día 30 de octubre se denunció que el diputado estaba padeciendo un edema facial y que no había sido atendido por odontólogos especialistas, si no por un odontólogo general en el Sebin de Plaza Venezuela.

La atención por parte del odontólogo designado por la familia Requesens no se dio sino hasta el 5 de diciembre, según lo publicado por el padre del parlamentario. Sin embargo, el chequeo general que exigen aún no se ha hecho.

El Estado guardó silencio

El Estado hizo énfasis en las condiciones de reclusión del diputado pero no refutó las denuncias sobre todas las violaciones a las que ha sido sometido el parlamentario, quien según denuncian sus familiares, permanece incomunicado en el Helicoide,

El Estado en sus declaraciones, omitió el irrespeto al debido proceso al que fue sometido Requesens, el retardo procesal en el caso, la falsa constitución del tribunal encargado, así como la ausencia de órganos imparciales ante quienes se pueda denunciar las irregularidades en el caso.

También ignoró las acusaciones sobre las limitaciones discrecionales al acceso a documentos importantes del caso, como el expediente y la acusación. Además, hizo caso omiso al hecho de que la audiencia preliminar fue pautada para el 18 de diciembre, cuando el tribunal sale de vacaciones el 14 de diciembre.

La defensa del Estado guardó silencio sobre los videos donde se muestra al diputado Requesens con evidentes signos de tortura física y siendo humillado al mostrarlo en ropa interior sucia.

Ante esto, el comisionado de la CIDH, Joel Hernández, Relator para las Personas Privadas de Libertad, solicitó al Gobierno venezolano se le permita ingresar a Venezuela y a las instalaciones del Sebin para constatar y verificar la situación de los presos políticos.

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