Un débil sistema de justicia enfrenta el crimen organizado: policías, fiscales y jueces están rodeados
Transparencia Venezuela, 6 de noviembre de 2018.- Las instituciones del Sistema de Justicia Penal en Venezuela muestran deficiencias que le impiden desarticular las estructuras cada vez más complejas de delincuencia organizada, que encuentran terreno fértil en leyes que no se aplican y, además, que no protegen la integridad de los organismos ni de los funcionarios que deben investigar y aplicar sanciones.
En un estudio sobre temas la integridad y la rendición de cuentas de las instituciones de justicia penal, realizado en el contexto del Proyecto CRIMJUST se evidenció que los venezolanos no confían en sus policías, fiscales ni jueces.
Se trata de una iniciativa conjunta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), INTERPOL y Transparencia Internacional (TI), cuyo objetivo es contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada en general y el narcotráfico en particular, en la ruta de la cocaína en América Latina, el Caribe y África occidental, de conformidad con lo dispuesto en instrumentos jurídicos de derechos humanos e internacionales.
La debilidad institucional para enfrentar al crimen organizado se ha acentuado en los últimos 20 años en Venezuela y permea la formación integral y ética de muchos jueces, fiscales y policías.
El control total del Estado, impulsado desde altas esferas del poder, a través de la cooptación de los cuerpos policiales y de los organismos del sistema de justicia (Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia), ha sido eficiente para el control político pero no para enfrentar organizaciones criminales.
El estudio se aplicó a las instituciones que completan las fases de la justicia en Venezuela: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) como institución de investigación, el Ministerio Público (MP) como órgano de prosecución y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (SCP-TSJ) como órgano de resolución.
Se aplicó una herramienta desarrollada a partir de instrumentos internacionales, en particular, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC); las diversas herramientas de evaluación y orientación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOCD) sobre instituciones de justicia penal; las directrices internacionales y regionales sobre el rol de los actores responsables de la aplicación de la ley y de la justicia y los principios y pautas de Transparency International.
También se tomaron en consideración trabajos académicos sobre leyes e instituciones de justicia penal comparadas y sobre delincuencia organizada; y la labor de las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de reformas judiciales en las regiones, entre otros aportes sobre el tema.
Como un virus
Los actores de la justicia en Venezuela están expuestos a la corrupción y son vulnerables ante el avance del delito organizado, debido a diferentes factores, pero en especial porque están expuestos directamente al poder económico de los criminales.
El estudio reveló que aunque hay un esfuerzo por redactar cuidadosamente las leyes en materia de crimen organizado para así minimizar la brecha entre éstas y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional -más conocida como la Convención de Palermo (UNTOC, por sus siglas en inglés)- “se ha permitido que la integridad institucional se desvanezca por la falta de aplicación de normas o por las fallas que éstas contienen”.
La débil formación ética, el incremento de la criminalidad y falta de controles internos y externos de las instituciones “ha permitido un uso indiscriminado de la discrecionalidad y con ella el aumento de la corrupción y la permeabilidad del crimen organizado”.
“Las instituciones del sistema de justicia penal no son transparentes, la opacidad rige la política de acceso a la información”, revela el estudio.
Policías, fiscales y jueces: ¿de los malos o de los buenos?
Existen rasgos revelados por el estudio que son comunes a policías, fiscales y jueces. La falta de independencia de las instituciones a las que pertenecen es quizás el más evidente.
Como rasgo positivo se determinó que tienen buena formación técnica- en especial fiscales y policías- y se fundamentan en un marco legal sólido.
Pero se determinó que las instituciones estudiadas comparten otros rasgos negativos, como la falta de un adecuado control externo, opacidad y hermetismo en el manejo de información hacia los ciudadanos e incapacidad presupuestaria y de recursos humanos para ejercer sus funciones. El nepotismo impera en estos organismos.
El rasgo común más resaltante en cuanto a los funcionarios, es falta de formación ética. En el caso de CICPC, el estudio reveló que no existe un código propio de conducta o normas sobre ética. Solo normas que regulan la institución, pero no son suficientes.
Existe el Código de Conducta para los Funcionarios Civiles o Militares que Cumplan Funciones Policiales en el Ámbito Nacional, Estadal y Municipal, “pero no se adaptan completamente a los estándares Internacionales, por faltar definiciones claves que pueden generar opacidad”.
No se encontró ninguna documentación sobre capacitaciones sobre ética dictados por el CICPC.
A ellos se suma que, aunque existen controles internos dentro del CICPC, no se cumplen a cabalidad. El único procedimiento disciplinario es la destitución “dejando las otras sanciones disciplinarias con preceptos de opacidad lo que da lugar a la corrupción. “
En cuanto la capacitación en el Ministerio Público (MP) la escuela nacional de fiscales dicta especializaciones y maestrías, pero en su pensum no se evidencia formación en deberes éticos. “De la revisión de los diversos documentos y materias impartidas por el MP no se desprende ninguna capacitación sobre los deberes éticos del cargo”, revela el estudio.
La Sala de Casación Penal (SCP– TSJ) es la institución que presenta más debilidades. A las fallas mencionadas, se suma la desaparición de la carrera judicial e “inobservancia de las normas constitucionales en el nombramiento de magistrados”.
No existen documentos que demuestren la capacitación sobre ética a los jueces venezolanos, ni del pensum de estudio de los cursos brindados por la Escuela de la Magistratura. Según fuentes de la Coordinación de la Escuela Nacional de la Magistratura, la capacitación sobre ética se da en talleres de 8 horas o foros de 4 horas, lo que evidencia la insuficiencia de los mismos, sin embargo, no se tuvo acceso a material que corroborara esta afirmación.
También los policías, jueces y fiscales son funcionarios desprotegidos.
En el caso de los jueces, el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana no prevé disposiciones o protocolos al respecto. Se han documentado casos de persecución y arresto de jueces por sentenciar en contra de casos de delincuencia organizada.
Para los fiscales no existe un sistema de protección. Los mecanismos que se aplican son de otorgamientos de medidas de protección policial y custodia policial. Pero hay poca efectividad de los protocolos que se evidencia especialmente cuando los fiscales “han sufrido asedio y amenazas por parte de grupos armados” luego de denunciar hechos de corrupción o de violación de marco legal y constitucional.
En el caso de los policías, aunque la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y del Instituto de Medicina Forense establece que la unidad especial de apoyo a la investigación se encarga de proporcionar la protección, no existe un protocolo claro. Según entrevista con funcionario activo del CICPC, “las divisiones brindan protección, asumen la responsabilidad y generalmente el Departamento de Víctimas Especiales adscrita a la División de Homicidio se encarga de brindar la protección necesaria”.
Recomendaciones
Es necesario que se ataque este problema desde su raíz, encontrándose en los valores y principios que debe tener cada persona que entra a prestar sus servicios a la función pública, principios de honradez, honestidad, transparencia y rendición de cuentas, el sentido de responsabilidad por las acciones cometidas que puedan perjudicar a otras persona y/o a la institución.
Estos valores éticos deben ser inculcados desde el inicio de la prestación del servicio y ser parte de la formación continua de los funcionarios, para poder tener bases morales sólidas frente a la amenaza del crimen organizado, por lo que las capacitaciones constantes en esta materia necesarias para fortalecer la integridad de la institución.