Este martes 21 de mayo representantes de las organizaciones de derechos humanos Espacio Público, PROVEA, Transparencia Venezuela y Acción Solidaria acudieron al Tribunal Supremo de Justicia para demandar nuevamente al Ministerio del Poder Popular para la Salud en función de obtener información acerca de irregularidades en la importación, almacenamiento y distribución de medicinas provenientes de Cuba.
La Contraloría General de la República ha revelado en sus informes de los años 2010 y 2011 que existen irregularidades en la compra de medicinas a Cuba y en el almacenamiento y distribución de las mismas. Estas irregularidades surgen bajo la responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud y del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR). Según la Contraloría se encontraron medicamentos vencidos entre 1 y 6 años en dependencias de los centros de salud, sin la debida seguridad e identificación, entre otras particularidades. La Contraloría ofreció varias recomendaciones al Ministerio de Salud para solventar este problema.
Por esta razón, las organizaciones nombradas han venido solicitando información a este Ministerio sobre la aplicación de las recomendaciones dadas por la Contraloría General de la República. Se envió una primera comunicación en el año 2011, la cual nunca fue respondida; posteriormente se intentó un amparo ante la Sala Constitucional del TSJ la cual fue declarada inadmisible.
En el año 2012 y en el 2013 se enviaron tres comunicaciones más al Ministerio de Salud solicitando nuevamente la información, ninguna fue respondida. Es así que se acude en esta ocasión a la Sala Político Administrativa del TSJ para interponer un recurso de abstención que obligue al Ministerio a responder las interrogantes planteadas.
Nota cortesía de Espacio Público