Con dos sentencias el TSJ le dio el último zarpazo a la democracia en Venezuela
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dictado más de 50 sentencias en apenas 14 meses contra la Asamblea Nacional (AN). Con cada una de ellas, fue desvalijando progresivamente al Parlamento. Entonces, si en la práctica la Cámara ya estaba totalmente maniatada por el régimen chavista, ¿por qué tanto la oposición como la comunidad internacional denuncian que el fallo número 156 de la Sala Constitucional del TSJ es la gota que derramó el vaso de la democracia en Venezuela?
La respuesta a la interrogante está contenida en el apartado 4.4 del texto que la noche del miércoles 29 de marzo firmaron los integrantes de la Sala Constitucional: “Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”. Es decir, el Poder Judicial toma el lugar del Legislativo y siete magistrados por los que nadie votó, desplazan a la mayoría de 112 diputados que el 6 de diciembre de 2015 recibió el apoyo de casi 8 millones de venezolanos.
“¿Cuál es la diferencia de esta sentencia con las otras anteriores? Una cosa muy importante: es la primera vez que estas dos sentencias le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes que le dé la gana, para dar los contratos que le dé la gana, para endeudar al país cómo le dé la gana y para perseguir a los venezolanos como le dé la gana. Es un golpe de Estado con todas sus letras”, explicó el presidente de la AN, Julio Borges, en una rueda de prensa que ofreció el jueves en la mañana.
En su intervención, Borges se refirió a “estas dos sentencias”. ¿Por qué? Porque antes de la 156 del miércoles, la Sala Constitucional emitió el lunes la 155, que elimina la inmunidad parlamentaria y, adicionalmente, faculta al presidente Maduro a adoptar “las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la AN, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (…) que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática”.
Luego de conocer el texto de la sentencia 155, el diputado opositor Juan Miguel Matheus, experto en Derecho Constitucional, advirtió que los magistrados ponen en manos de Maduro la posibilidad de imponer una “ley marcial” para hostigar a sus detractores. “Ese instrumento fue utilizado en los regímenes comunistas de Europa del Este en el siglo XX para procesar penalmente en instancias militares a la disidencia”, apuntó.
Mucho dinero
Aunque el debate se concentra en lo político, también cuenta con una arista económica relevante. Borges lo precisó en estos términos: “la sentencia se hizo para tratar de evitar el control del Parlamento al otorgamiento de empresas y explotaciones petroleras extranjeras, Nicolás Maduro está regalando la riqueza del pueblo venezolano y está otorgando asociaciones petroleras y no quiere pasar por el control de la AN. Todas esas explotaciones petroleras son nulas y las desconocemos también”.
El jefe de la Cámara destaca este punto porque el fallo 156 de la Sala Constitucional parte de un recurso de interpretación del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que estipula: “La constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realización de las actividades primarias, requerirán la aprobación previa de la AN”. Entonces, los magistrados, además de fulminar a los diputados, permiten a Maduro “modificar, mediante reforma, la norma” en cuestión.
Pasando por encima del Legislativo, el TSJ aprobó el decreto de emergencia económica vigente desde enero de 2016 y validó la Ley de Presupuesto de 2017. Con el aval de la cúpula del Poder Judicial, el Presidente trata de echar a un lado a los parlamentarios para buscar financiamiento en el exterior y suscribir acuerdos en áreas tan sensibles como la explotación petrolera y la minería.
Los fallos publicados por la Sala Constitucional generaron malestar en la comunidad internacional y la oposición, como era previsible. Sin embargo, lo que quizás nadie pudo imaginar es que también provocaron una fisura en el hasta ahora monolítico bloque chavista. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, admitió en una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV) que en las sentencias “se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución”.
Ortega Díaz concluyó que las últimas decisiones del TSJ “constituyen una ruptura del orden constitucional”, razón por la cual llamó a “la reflexión para que se tomen caminos democráticos” y se “rescate la pluralidad”.