«Mi hijo no era un delicuente y si algo le debía a la justicia tenía derecho a la defensa, no a la pena de muerte».
“Para el gobierno todas las personas que vivimos en zonas humildes o rurales somos delincuentes”, afirma Jenny Castellano, una docente en ejercicio que acompañó una concentración contra la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), frente a la sede de la Fiscalía General de la República la mañana del seis de diciembre, para exigir justicia frente a la violación sistemática de los derechos humanos que ha dejado a su paso el plan de seguridad número 23 promovido por el gobierno nacional.
Acompañada de su esposo, Jenny se apostó frente al Ministerio Público para exigir justicia por el asesinato de su hijo mayor, Charlie Díaz Castellano de 23 años, quien fue encontrado muerto y con claros signos de tortura, junto a otros siete cadáveres, en un tramo de la autopista La Verota, cuatro días después de que sus padres denunciaran su desaparición.
“En las noticias se dijo que mi hijo fue encontrado con muchísimos disparos, pero la autopsia reveló que fue muerto a golpes, torturado, el cuerpo no tiene una sola herida por arma de fuego, pero si un edema cerebral severo, una hernia amigdalina (cerebral), insuficiencia respiratoria y muchas heridas”, detalló.
El 23 de noviembre Charlie salió de su casa acompañado de su amigo Douglas Escalante, también hallado muerto, para encontrase con un potencial comprador de su vehículo en venta en el Centro Comercial Mata Linda. Fue la última vez que su madre lo vio, durante los cuatro días de su desaparición, Jenny conoció que ese mismo día en el sector Mata Linda se desplegó una Operación de Liberación del Pueblo, que se llevó detenido a un grupo indeterminado de hombres. La grabación de una cámara de seguridad de un comercio vecino reveló que Charlie se encontraba entre el grupo.
Junto a la familia de Díaz Castellano familiares de víctimas y representantes de la Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Crítico hicieron eco de los excesos que se venían denunciando desde su implementación, el 13 de julio de 2015, por parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos. Solo los registros de la organización de derechos humanos PROVEA, las OLP contabilizan a nivel nacional 878 ajusticiamientos, 17 mil detenciones arbitrarias y 18 mil allanamientos sin orden judicial, demolición de viviendas, abusos y excesos.
Inti Rodríguez, coordinador de investigaciones del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), afirma que estos planes de Gobierno criminalizan la pobreza, “en nuestra opinión la OLP es una razzia dirigida a criminalizar y estigmatizar a los más pobres y que ha escalado al nivel de masacre: en cada operativo el balance oficial indica que entre cuatro y doce personas son asesinadas por barrio, desde el primer día ocurrió en la Cota, donde mataron a 14 personas, el último saldo lo registra Barlovento con la desaparición forzadas de 13 personas halladas muertas en una fosa común”.
Jenny Castellano comparte esa opinión, “para el gobierno todos los que vivimos en un barrio o en una zona rural somos delincuentes y no es así, nosotros somos personas decentes, trabajadoras, yo soy docente, mi marido mecánico, mi hijo era barbero, quisiera, pero no puedo vivir en Alto Prado”, fustigó.
Exigen suspensión
Por su parte, Nicmer Evans, dirigente del movimiento Marea Socialista, quien lideró la convocatoria calificó la OLP como una política sanguinaria, trasgresora de todos los principios fundamentales de los derechos humanos “y por tanto exigimos su suspensión den función del hecho de comprender que no hay hoy nadie en Venezuela que cómo consecuencia de la política aplicada por la OLP se sienta más seguro o haya cambiado su percepción de seguridad”.
La Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Crítico, hizo entrega de un documento solicitando una investigación que determine responsabilidades y suspenda lo que desde el gobierno califican como una política pública de seguridad.
Desde el Observatorio Misiones de Transparencia Venezuela alertamos sobre lo imperante que una política pública de seguridad ciudadana apegada a los princiios fundanmentales de respeto a los derechos humanos, apoyada de una red institucional fortalecida, eficaz que trabaje hacia los objetivos comunes de la sociedad venezolana como lo es la reducción de las tasas de criminalidad y del riesgo de ser víctima de un delito.