Durante la sesión ordinaria del día martes 27 de septiembre, la AN aprobó un informe en el cual se documentan las violaciones de Derechos Humanos con motivo de las protestas por hambre.
El informe es el resultado de la investigación acerca de la eficiencia de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) realizada por una comisión especial conformada por los diputados Mariela Magallanes, Carlos Valero, Gaby Arellano, Dennis Fernández y Julio Borges.
Para respaldar con testimonios este informe, durante su intervención, Magallanes concedió el derecho de palabra a representantes de dos concejos comunales del Distrito Capital y al presidente del Sindicato Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Carrera Legislativa de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional (Sinfucan).
Lainet Márquez, vocera del concejo comunal de Los Teques, denunció la dificultad de conseguir una bolsa de alimentos distribuida por los CLAP, ya que las fechas pautadas para su entrega no son cumplidas y en muchos casos es necesario recurrir a los sobornos.
Por su parte, la representante del concejo comunal de los Valles del Tuy, Lenna Medina, declaró que estos Comités discriminan según el partido al que se pertenezca, y no llegan a todos los sectores de dicho eje mirandino.
La escasez de alimentos también afecta a los trabajadores de la Asamblea Nacional
José Vicente Rivero, presidente de Sinfucan denunció que este programa de abastecimiento está siendo utilizado para debilitar la autonomía de los sindicatos, ya sólo los funcionarios pertenecientes al partido socialistas pueden obtener las bolsas. El veto también se extiende a aquellos trabajadores que hayan firmado
La inflación y la escasez ciñen a los venezolanos
La diputada por el estado Táchira, Laidy Gómez, informó que las bolsas de los CLAP lejos de solventar la crisis alimentaria, sirven para que los corruptos hagan negocios. “Vielma Mora ha evadido impuesto, distribuyendo mercancía con sobreprecio”, declaró.
Otra de las representantes de ese Estado, la diputada Gaby Arellano, remarcó que el elevado precio de la canasta básica (384 mil bolívares) afecta gravemente la calidad de vida de los venezolanos. Se necesitan más de diez sueldos mínimos para poder costearla.
«Las bolsas de los CLAP son la admisión por parte del gobierno de que estamos atravesando una crisis humanitaria» aseveró el diputado Carlos Valero.
Acciones que se llevarán a cabo
Se solicitará a la Fiscalía General que realice una investigación acerca de la distribución de las bolsas de alimentos por parte de los CLAP. Además se denunciará ante la Defensoría del Pueblo y la Comisión Permanente de Política Interior para que se investigue la violación de Derecho Humanos a través de dichos comités de abastecimiento y finalmente el informe se remitirá a la Comisión Permanente de Contraloría para que se investiguen los posibles hechos de corrupción.
Lea aquí el informe acerca de los CLAP