El informe aborda las obligaciones del Estado venezolano con el derecho de Acceso a la Información Pública, haciendo énfasis en el marco legal y cumplimiento de recomendaciones del primer ciclo del EPU y de órganos convencionales de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas. La información presentada tiene origen en investigaciones realizadas por la organización durante el período 2012-2016.