Santiago, 07.06.2016.- Las organizaciones Convite; Coalición de Organizaciones por el Derechos a la Salud y a la Vida (CODEVIDA); Centros Comunitarios de Aprendizaje por los Derechos de la Niñez y Adolescencia (CECODAP); Transparencia Venezuela; Laboratorio de Paz; Acción Solidaria; Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA); Observatorio Venezolano de la Salud (OVS); y Provea, participaron en una audiencia especial sobre Derecho a la salud y acceso a medicamentos en Venezuela, en el marco del 158° período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en la ciudad de Santiago, en Chile.
Los preocupantes retrocesos del derecho a la salud en Venezuela en los últimos años, cuya expresión más visible son las múltiples carencias acumuladas por el sistema sanitario, debido a la ineficiencia, la ausencia de normas dirigidas a corregir los problemas estructurales y como producto de la desinversión y de medidas erradas que han precarizado y destruido sistemáticamente las capacidades de la salud pública, persistieron y empeoraron en el año 2015 a niveles extremos y se han agudizado aún más en 2016, causando el agotamiento masivo de medicinas, insumos y materiales, y el colapso de servicios de salud públicos, que privó de tratamientos esenciales y de una mínima atención sanitaria a miles de personas, desde recién nacidos hasta personas mayores, en todo el territorio nacional.
Como expresión del grave trance por el que atraviesa la población venezolana en materia de salud, en 2015Provea registró en su base de datos un total de 3.719 denuncias sobre deficiencias en el sistema sanitario, lo cual representa un aumento de 40% en relación con las registradas en el año 2014. El 52% de estas denuncias estuvieron relacionadas con los elevados niveles de desabastecimiento de medicinas, 47% con agudas carencias de dotación y equipamiento, déficit de personal, infraestructura colapsada y cierre o paralización de servicios en hospitales y ambulatorios públicos, incluyendo centros de la Misión Barrio Adentro, y 0,7% con problemáticas similares en centros de salud privados.
Actualmente Venezuela destina el equivalente del 4,7% de su PIB para el sector salud, siendo esta una de las cifras más bajas de América Latina. Además se el porcentaje del PIB orientado a salud redujo de 5,7 a 4,7 entre los años 2000 y 2012. Para el año 2015, el gasto público del sector salud fue de 110.520 millones de bolívares, un incremento de apenas 13% respecto al año anterior y que no se corresponde con la inflación registrada durante el año, que fue de 180,9%. En realidad para el presupuesto del año 2016 hubo una disminución de 62%. Por su parte, en su Memoria y Cuenta 2015, el Ministerio de Salud reportó un gasto total de 148.664 millones de Bolívares, 74% de los cuales se obtuvieron mediante créditos adicionales. En cuanto al presupuesto de la nación para el año 2016, en el rubro destinado a productos Farmacéuticos y Medicamentos, el monto considerado representa una disminución real de 49% en comparación con el monto ejecutado el año anterior para la misma partida.
Las organizaciones de derechos humanos expresaron ante la CIDH que pese a su deber de cumplir las observaciones y recomendaciones expresadas en el mes de junio de 2015, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas para garantizar la realización del derecho a la salud, el Gobierno venezolano no adoptó las medidas necesarias para enfrentar los problemática sino que, por el contrario, evadiendo el grave estado de deterioro de la salud pública y las limitadas capacidades internas para abastecer de medicinas y servicios a la población venezolana, implementó medidas administrativas y financieras regresivas y severamente adversas, en omisión de planes o de diligencias debidas para evitar que, como resultado de las mismas, se agotaran los inventarios de medicinas esenciales y se impidiera a los centros de salud ofrecer una atención mínima adecuada, poniendo en grave riesgo vidas humanas e incurriendo en abandono de sus responsabilidades con el derecho a la salud.
La coalición de organizaciones entregó a los comisionados de la CIDH, un reporte conjunto y solicitó al Estado reabastecer y dotar medicamentos, reactivos e insumos médicos; garantizar la disponibilidad en todos los servicios de salud dependientes del Estado de todos los medicamentos requeridos para tratar todo tipo de condiciones médicas; establecer mecanismos transparentes, efectivos y eficientes conforme a los cuales se produzcan, importen, distribuyan y vendan o entreguen los medicamentos, reactivos e insumos médicos requeridos por la población en todo el territorio nacional, en la cantidad debida, de manera universal y oportuna; cumpliendo con las normas de eficacia, calidad, seguridad y rendición de cuentas, y que estén disponibles para todos las personas en Venezuela, en particular para las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad, como personas mayores, niños, niñas y adolescentes, indígenas; atender los focos de corrupción y las denuncias realizadas por la Contraloría General de la República sobre las debilidades en el control administrativo y seguimiento a contrataciones, así como el cumplimiento de procedimientos licitatorios y aplicación de sanciones; acudir ante las instancias internacionales competentes a los fines de gestionar la Cooperación Internacional en materia de salud que le permita abastecer al País con medicinas, reactivos e insumos médicos, por no contar con los suficientes recursos financieros y logísticos para garantizar por si solo los derechos a la salud y la vida.