«Exhortamos a todos los ministerios, institutos autónomos, empresas del Estado, gobernaciones y alcaldías a prepararse para retomar la normalidad», dijo la semana pasada el vicepresidente Elías Jaua, al anunciar el levantamiento de la medida de emergencia.
Esa disposición se había extendido a buena parte de los más de 2.500.000 empleados que se estima laboran en la administración pública y que representan poco más de la quinta parte de todas las personas que cuentan con un trabajo en el país, bien sea en el sector formal o informal de la economía.
«Ya era hora», le dijo una señora a BBC Mundo frente a una notaría u oficina de registro de documentos, carpeta en mano. Otros manifestaron haber escuchado la noticia, algunos sin darle importancia particular.
El hecho de que la administración pública funcionara a media máquina durante medio año sin mayores aspavientos ha resultado en al menos dos lecturas en este país: o «sobran» empleados públicos, o estos se adaptaron en forma «solidaria».
Sin quejas
Dijimos en su momento que poner a los empleados públicos a trabajar medio tiempo era una aberración, por ejemplo en los tribunales, con el número de personas que esperan por sentencia hace tanto tiempo
Mercedes de Freitas, ONG Tranparencia Venezuela «Dijimos en su momento que poner a los empleados públicos a trabajar medio tiempo era una aberración, por ejemplo en los tribunales, con el número de personas que esperan por sentencia hace tanto tiempo. Nos parece que por fin volvemos a horario completo», le dijo a BBC Mundo la portavoz de la ONG Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas.
Para de Freitas, cada instancia pública debería presentar un informe del estado en que se encuentra su gestión, especificando si hay atraso y qué medidas va a tomar para superar ese atraso. «Si no se atrasaron, quiere decir que no hacía falta tanto funcionario público», señaló.
En efecto, hasta la fecha no se ha hecho público un «sistema de indicadores de eficiencia y eficacia», como propone la representante de Transparencia, ni hay estadísticas oficiales acerca del efecto del ahorro energético en el manejo de los asuntos públicos.
«La verdad es que la gente ni se quejaba (…). La sensación es que sigue siendo tan deficiente como antes», añadió.
En cuanto al tamaño del Estado venezolano, indicó que ha crecido, pero no en el «sector medular» de educación o salud, sino a través de la nacionalización de empresas, creación de «fábricas de bicicletas y otras tantas».
Solidaridad
Hubo un compromiso, solidaridad y responsabilidad compartida de todos en general. Ése fue el gran éxito, y si alguna lectura habría que hacer es la capacidad que tuvieron los servidores públicos en ser solidarios y entender el conflicto que se estaba presentado Franklin Rondón, Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público «Hubo un compromiso, solidaridad y responsabilidad compartida de todos en general. Ése fue el gran éxito, y si alguna lectura habría que hacer es la capacidad que tuvieron los servidores públicos en ser solidarios y entender el conflicto que se estaba presentando», afirmó a BBC Mundo el portavoz de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), Franklin Rondón, de tendencia oficialista.
Según explicó Rondón, la incorporación al tiempo completo se había estado produciendo paulatinamente, y en todo caso la restricción de horario no afectó en absoluto la productividad de empresas clave como la petrolera o la funcionalidad de la recaudación de fondos públicos y servicios básicos, como hospitales.
En otras áreas, aseguró, hubo una reprogramación de actividades que permitió, por ejemplo, redoblar la atención al público en el horario reducido. Ahora, «la continuidad del horario completo va a redundar en una mayor eficiencia y eficacia», señaló.
En cuanto al argumento de si los seis meses de ahorro energético habrían demostrado que no hacen falta tantos empleados públicos, Rondón opinó que, más bien, los trabajadores del sector evidenciaron que están «en capacidad de prestar servicio eficiente con seis horas de cumplimiento», tal como está planteado en una propuesta de reforma legal, que reduciría así la jornada laboral.
«Las dos horas de diferencia serían usadas para la recreación, la formación, la educación y el esparcimiento. No todo es el trabajo. Con la coyuntura se demostró que podemos mantener la eficiencia de prestación del servicio a la comunidad. Estamos acertados cuando decimos que podemos trabajar unas seis horas», señaló.
Yolanda Valery
Fuente:BBCMundo