El acceso a los beneficios sociales de los cuales el Gobierno Nacional hace gala quedó subordinado a la tenencia del denominado Carnet de la Patria, que con cierta rapidez se ha convertido en un instrumento de coacción social.

La distribución de comida a través de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), la adquisición de medicamentos del servicio 0800 SaludYa, el acceso a una solución habitacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela, o cualquier otro programa gubernamental, no son proyectos implementados en términos de igualdad. Están, ahora más que nunca, enmarcados en una lógica de discrecionalidad y discriminación de parte de los funcionarios encargados de llevarlos  a la población.

Las llamadas “misiones” forman parte, además, de una estructura que se fundamenta en la dispersión presupuestaria y descontrol del gasto, que impide que los recursos lleguen a quienes realmente necesitan asistencia por parte del Estado.