Una venezolana denunció en Dilo Aquí que, en el trayecto de Ureña (estado Táchira) a Mérida, fue testigo de cómo el taxista entregaba billetes enrollados a funcionarios de los cuerpos de seguridad destacados en 22 puestos de control
Transparencia Venezuela, 10 de julio de 2024.- El cansancio la lleva casi a rastras, pero logra embarcarse en un transporte privado para que la lleve desde Ureña, en el estado Táchira, hasta la ciudad de Mérida. Son casi 230 kilómetros, casi cuatro horas y media por la carretera Panamericana en condiciones normales, pero tener que pasar 22 alcabalas no es normal. Cada parada despabilaba a esta mujer que venía de Colombia con la misión de regresar a su ciudad de origen, pero era como la famosa tragedia de Sísifo, condenado a subir una montaña y cada vez que llegaba, se encontraba empezando de nuevo. Cada alcabala era una nueva cima, en la que este pobre Sísifo le daba a hurtadillas los billetes enrolladitos al guardia de turno.
El insomnio producido por el agotamiento e incrementado por las paradas expresas la llevó a preguntar al chofer por qué se detenía, y esto fue lo que reveló:
El pasaje cuesta 80 dólares, pero el costo incluye el pago de ‘alcabalas’ -o Puntos de Control- y cada estrechón de mano no es más que una patraña para entregar el dinero bajo cuerda. En otras palabras, una coima para dejarlo pasar sin demora. Y casi como si fuera natural, el conductor admitió que esos pagos eran ya una convención entre los funcionarios y los choferes.
¿Y qué hay de los montos?
Entre 10.000 o 20.000 pesos colombianos (equivalentes a 2,5 o 5 dólares) oscilaban los estipendios y esto dependía del cuerpo de seguridad que estuviese asignado en cada alcabala: Ejército de Venezuela (EJ), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía del estado Táchira y Policías municipales del estado Táchira.
Paso a riesgo
Esta forma de corrupción “corporativa” que la mujer denunció a través de la aplicación Dilo Aquí, de Transparencia Venezuela, no queda ahí. Incluso si el funcionario no está en el puesto de control ubicado en la carretera, voluntariamente el chofer debe estacionar, bajarse del vehículo y dirigirse a la sede para pagar la coima previamente acordada y continuar el viaje. De omitirse el pago y continuar, el conductor correría riesgo de someterse a dilatadas revisiones del vehículo, de los pasajeros o a algún otro artilugio para demorar y dificultar el itinerario.
Dilo Aquí es una plataforma que recibe denuncias a través de su aplicación y presta asesoría legal a las víctimas y testigos de la corrupción en Venezuela. Dilo Aquí es un mecanismo fácil, rápido y amigable para visibilizar sus casos y presentar las denuncias ante las instituciones y cooperar en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Según esta denuncia de la mujer en Dilo Aquí, los funcionarios se ponen de acuerdo para exigir pagos ilícitos a conductores que diariamente transitan por esas vías con fines laborales. Abusando del poder de sus funciones, los uniformados constriñen a estos trabajadores bajo amenazas a entregar pagos indebidos a cambio de garantías para continuar su recorrido sin trabas ni demoras. Esto supone un hecho punible previsto en la Ley Contra la Corrupción.
Es evidente que estas prerrogativas no forman parte de sus funciones de vigilancia y control vial.
Ante este tipo de irregularidades, que pudieran ser ejecutadas contra cualquier ciudadano venezolano o extranjero, por parte de los funcionarios policiales y militares que tienen el deber de velar por la seguridad de los ciudadanos, Dilo Aquí recomienda llevar sus documentos en regla: cédula de identidad o pasaporte, título de propiedad del vehículo y seguro de responsabilidad civil, para evitar ser presas fáciles de solicitudes de pagos indebidos.
Si se es víctima de estos hechos, se debe mantener la calma, tener una actitud de respeto hacia el funcionario, pero en ningún caso acceder a estas peticiones tipificadas como delito en la Ley Contra la Corrupción. Hay que fijarse en el nombre del funcionario que aparece escrito en su uniforme y, si no lo tiene, pedirle que se identifique sin olvidar denunciar ante la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público.
En la Resolución Conjunta de los MPP para la Defensa No. 047391 y Relaciones Interiores Justicia y Paz No. 109, del 07 de septiembre de 2022, se dictan las normas relativas a la instalación, supervisión, evaluación y seguimiento de los puntos de control de los órganos de Seguridad Ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las víctimas o testigos tienen derechos constitucionales y legales para grabar video o audio de los procedimientos a los que son sometidos y no se les puede obligar a entregar sus equipos antes, durante o después de la verificación rutinaria de las autoridades en el punto de control ni a borrar su contenido.
La retención de documentos y pertenencias, incluyendo equipos de telefonía, únicamente se justifica ante la comisión flagrante de un delito o por orden judicial.
Y no olvides denunciarlos en Dilo Aquí por el correo 📨 [email protected] o por el WhatsApp 📲 +584123122629