El anuncio lo realizó durante una reunión celebrada con miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil en instalaciones del edificio administrativo de la Asamblea Nacional, donde se revisó la propuesta presentada por la Coalición Proacceso, movimiento nacional dedicado a promover el derecho a saber y fortalecer la capacidad de implementación en las instituciones públicas.
Durante su participación, el diputado Juan Pablo Guanipa, señaló que la aprobación de la normativa, que regula el derecho de acceso a toda información en manos del estado, es prioritaria para la nueva Asamblea Nacional, para la cual, aseguró, uno de sus objetivos es “construir ciudadanía desde la transparencia en el ejercicio del servicio público”.
La directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, estuvo a cargo de la presentación del anteproyecto adaptado a la ley modelo de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde destacó los diez principios irrenunciables que debe contener la normativa, “se trata de un derecho de todos y todas, aplicable a todas las instituciones que realicen funciones públicas, sujeto a una máxima divulgación, donde la reserva es la excepción y las negativas deben ser y estar justificadas”.
La ley que además tiene entre su ámbito la defensa de los derechos humanos, debe establecer procedimientos de petición y respuesta que garantizan la sencillez, rapidez y gratuidad, promover la transparencia activa, en forma explícita, detallada, actualizada y a través de diferentes medios. Y finalmente contar con un órgano autónomo e independiente que garantice el derecho con mecanismos e instancias de apelación y sanción.
De Freitas, hizo entrega del anteproyecto de Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública ante miembros de la comisión de finanzas, contraloría y medios. El anteproyecto será estudiado, evaluado y modificado por una comisión mixta. Una vez analizado y construido el proyecto definitivo se llevará ante la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) para ser discutido.
Ley anticorrupción
Venezuela se encuentra entre los tres únicos países de América Latina que no cuenta con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la opacidad se ha convertido en política de Estado, a través de la ratificación de negativas de información emanadas desde sus órganos, una muestra de ello fue la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar inadmisible la demanda contra el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, interpuesta por Transparencia Venezuela, por no publicar datos de importancia vital para la economía del país desde diciembre del 2014.
Una ley que proteja, ordene e instrumentalice el derecho a acceder a toda información en manos de Estado es una herramienta vital y poderosa en la lucha contra la corrupción, el ejercicio de contraloría social, además de la defensa de los derechos humanos. Y es que la implementación de medidas efectivas que permitan palear la crisis que ha puesto en peligro la seguridad alimentaria, ciudadana y el bienestar de millones venezolanos, exige contar con acceso a los datos reales de la situación económica del país como: inflación, Balance de Pago, Producto Interno Bruto (PIB) y escasez.
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