La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), junto al Comité de Derechos Humanos de la Guajira y con la colaboración de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ y del capítulo Zulia de Transparencia Venezuela, evaluó las situaciones violatorias de derechos humanos en la Guajira en el contexto del estado de excepción establecido con el decreto Nº 1.989, del pasado 7 de septiembre de 2015.

Al cumplirse los 60 días de vigencia de la medida ordenada por el presidente Nicolás Maduro. La comisión cuestiona la efectividad del estado de excepción, cuyo propósito era “el restablecimiento de la paz social que garantice el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos de primera necesidad.” Codhez hizo un balance de los controles ejercidos por las autoridades civiles y militares, así como una encuesta para medir la opinión de los pobladores del municipio sobre esos controles y sus consecuencias.

Daniela Guerra, directora general de la comisión, revela que el informe da cuenta de los obstáculos que han surgido, a raíz de la medida gubernamental, para adquirir bienes de primera necesidad debido al incremento de controles para trasladar alimentos desde Maracaibo y el resto del país hacia la Guajira. “Ha disminuido la oferta de productos en los mercados populares, por lo que se ha incrementado su precio, causando así que 87 de 100 habitantes de la Guajira que fueron encuestados consideren que el estado de excepción ha afectado sus ingresos y su bienestar. Los controles no solo retienen los productos que serán posteriormente revendidos, sino que también se están confiscando los víveres y bienes que particulares compran para consumo personal. 80 de los 100 encuestados opinaron que no les permiten mover productos básicos desde el resto del país hacia sus hogares”.

Según el informe de Codhez, 72 % asegura que el decreto de estado de excepción no ha sido efectivo para el control del contrabando de gasolina. “Lo más preocupante es que 38 % de los entrevistados han sido amenazados y/o agredidos por oficiales encargados de la seguridad durante la vigencia del estado de excepción”, revela Guerra.

Durante el estado de excepción, 2 indígenas wayúu, Eberth Ramírez y Enrique Ipuana, murieron presuntamente a manos del Ejército venezolano y aun no se ha imputado a los culpables del hecho. “No sería la primera vez que miembros del pueblo wayúu se hayan visto atacado por fuerzas del Estado”, dice la directora de Codhez. Hasta la entrada en vigencia del estado de excepción en los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla, 16 habitantes de la zona murieron en diferentes acciones emprendidas por miembros de las fuerzas armadas nacionales.

“En la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia estamos atentos a la situación de la Guajira, sobre todo ante la posibilidad de que se extienda por 60 días más la vigencia del decreto de estado de excepción en la zona, tal como ya ocurrió en la caso de los municipios de Táchira que se encuentran afectados por la medida gubernamental”, asegura Daniela Guerra.

El informe “Zulia bajo excepción”, realizado por Codhez, será presentado públicamente al término de la vigencia inicial del decreto 1.989, publicado en Gaceta Oficial Nº 40.740 del 7 de septiembre de 2015.