El vértice número cinco de uno de los principales proyectos de seguridad del Estado es letra muerta en anuncios presidenciales y decretos publicados en Gaceta Oficial. Los familiares de las personas que han sido asesinadas en el país no han recibido indemnización, ni apoyo psicológico como lo establece el plan.

La familia González cumple el 14 de mayo de este 2018 un año de luto, tras el asesinato de Katherine Andreína González León, de 24 años de edad. La mujer fue ultimada frente a su padre de varios disparos por su esposo, quien posteriormente se suicidó. Los tíos y padres de la mujer han tenido que sortear las trabas judiciales, sin ningún tipo de apoyo del Estado, para lograr la tutela compartida con los abuelos paternos de los tres hijos de dos, cuatro y siete años que quedaron huérfanos.

Sheraly González, tío de la víctima, cuenta que él y sus padres han invertido su tiempo para ir a tribunales y para lograr reunirse con los abuelos paternos de los niños. De esta manera, tratan de garantizar la custodia de los pequeños de lunes a viernes. Pero, más allá de los esfuerzos, esta familia no ha recibido ninguna indemnización del Estado, ni tampoco apoyo psicológico.

“Mi sobrina fue víctima de violencia contra la mujer durante varios años. Ya se va a cumplir un año de su asesinato y sus familiares no hemos recibido hasta los momentos ayuda psiquiátrica, psicológica, económica y jurídica por parte del Estado para solventar esta situación, aunque esta es una de las vertientes de la Misión A Toda Vida Venezuela”, expresa el tío de Katherine González.

El caso de la familia González visibiliza la realidad de los grupos familiares con víctimas de la violencia en Venezuela. Estas personas son anónimas para el Estado, pese a que desde el 20 de junio de 2012, en plena gestión del fallecido Presidente Hugo Chávez, se anunció que que con el vértice 5 de la Misión A Toda Vida Venezuela, uno de los principales proyectos de seguridad gubernamentales, se dará atención integral, oportuna y pertinente a las víctimas de la violencia.

La página de la Misión A Toda Vida Venezuela refiere que este quinto vértice también tiene el objetivo de que se reconozcan y atenúen “los efectos negativos de la violencia sobre personas y colectivos y que además se trabaje para incrementar la respuesta efectiva del Estado para lograr tanto la reducción de estos delitos como la impunidad que los acompaña”.

El vértice número cinco de la Misión A Toda Vida Venezuela es letra muerta en anuncios presidenciales y en decretos publicados en Gaceta Oficial. No existen pruebas que demuestren el funcionamiento de este punto del plan gubernamental. Ni en la página de este proyecto hay coordenadas que les permitan a las familias de las víctimas de la violencia contactar a personas o instancias que les puedan dar ayuda.

Hasta la fecha tampoco hay pistas para establecer contacto con el Instituto Nacional para Atención de Víctimas de la Violencia Criminal que el Presidente Nicolás Maduro creó el 8 de enero de 2014, como parte del quinto vértice de la Misión A Toda Vida Venezuela. Ese día el primer mandatario explicó a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión, que el organismo brindará atención integral psicológica, social, humana, de acompañamiento y seguimiento de la educación y el trabajo e implementará un sistema de becas que permita a las víctimas suplir necesidades que se crean producto de la violencia.

“Pido apoyo a todo el que conozca de este tema. Hay que ir a apoyar a las víctimas de violencia. Hay que ver lo que es el dolor ante una pérdida y por ello crearemos esta instancia para asistir a las víctimas”, dijo Maduro. Posteriormente, el anuncio fue publicado en la Gaceta Oficial 41.023. Sin embargo, tres años después, aún no hay evidencias del funcionamiento de este plan gubernamental.

Desde su creación la Misión A Toda Vida Venezuela ha recibido financiamiento exclusivo por vía del presupuesto ordinario, a través del Ministerio de Interior y Justicia.

Como parte del seguimiento que Transparencia Venezuela hace a las llamadas cinco misiones sociales, se confirmó que en apenas un año de creación A Toda Vida Venezuela recibió un presupuesto 2, 5 veces mayor a su primer año de funcionamiento, que en términos reales se traducirían en 30 % más de dinero al calcular una inflación de 100 % para el año 2015, lo que acentúa la corrupción.

Concebida como uno de los planes de seguridad bandera del gobierno de Maduro, en los últimos años el interés puesto en su ejecución se ha visto demostrado en los recursos asignados en 2014 y 2015, según se refleja en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2015 y Ley de Presupuesto 2014, este último publicado en las Gacetas Oficiales referentes al presupuesto general de la Nación.

Otro caso de feminicidio y de falta de asistencia

Marisol Mosquera también ha sufrido las consecuencias de perder a un pariente víctima de la violencia. El 4 de diciembre de 2014 su sobrina Nancy Thais Sánchez Lobo, de 33 años de edad, fue asesinada por su novio. Su familia estuvo un año y seis meses en agonía, pues no encontraban el cuerpo de la mujer, por lo que la daban como desaparecida. Sin embargo, el homicida confesó el 29 de septiembre de 2015 que la mató y enterró sus restos en un terreno en Guarenas.

“Lo difícil es que no hay justicia. Todos los meses cuando toca juicio siempre difieren la audiencia, entre otros aspectos, porque no trasladan al homicida a tribunales. Como familiares hemos sufrido mucho por el retardo procesal. Mi hermana, la madre de Nancy, fue diagnosticada de cáncer en el cuello uterino y colon (…) En todo este tiempo nunca hemos recibido apoyo de ninguna institución del Estado, ni tampoco de hemos sido beneficiados con los planes de la Misión A Toda Vida Venezuela”, expresa Mosquera.

Nancy Thais Sánchez Lobo dejó a un hijo huérfano que para la fecha de su asesinato tenía siete años. En la actualidad tiene 10 años y el homicida de su madre está privado de libertad en una cárcel de máxima seguridad por feminicidio agravado. Su familia insiste en exigir justicia y lograr que sea sentenciado.

“Mi hermana está tan mal que cada 15 días se debe hacer transfusiones de sangre porque se le baja la hemoglobina en 6 y no hay donantes, ni sangre en el Hospital Oncológico Padre Machado”, expresa la tía de la mujer asesinada.

El duelo y la desprotección en la familia Martínez

La familia Martínez cumple en mayo de 2018 tres meses de duelo tras el asesinato de Carlos Harold Martínez, de 58 años de edad. El hombre fue ultimado de múltiples disparos el 20 de febrero a las 7:00 pm al resistirse al robo cuando delincuentes penetraron su casa ubicada en Santa Teresa del Tuy para cargar con objetos de valor. Su hija, Karen Martínez, asegura que no han recibido ninguna ayuda del Estado.

“Mi familia no ha recibido ni ayuda económica, ni psicológica. Tampoco sabíamos que estamos en el derecho de pedirla. Mi padre era el cabeza de familia y nos mantenía vendiendo cocadas. Nosotros seguimos trabajando para poder comer. Pero lo que más queremos es tener tranquilidad. Esto no es fácil de superar. Él era nuestra figura masculina y el trabajo rudo lo hacía él. En lo personal uno se siente muy solo. Mi mamá está muy nerviosa y a todos nosotros nos da miedo salir o hasta seguir en la casa. Aquí mataron a mi padre y por muy fuerte que uno quiera ser, siempre queda el trauma”, cuenta Martínez.

Urge una planificación para atender a víctimas secundarias de la violencia

La psicóloga social y criminóloga, Magally Huggins, explica que en Venezuela urge una planificación que permita una coordinación entre todas las instancias del Estado para brindar ayuda, incluso de salud, a las víctimas secundarias de la violencia, que son los familiares de las personas asesinadas en el país.

“Se debe tener una política de Estado, no una misión. Hasta ahora solo la sociedad civil está trabajando en este tema, como por ejemplo la organización Psicólogos Sin Fronteras que en la actualidad atiende a víctimas secundarias de la violencia. Trabajar el duelo después de una situación de violencia es fundamental para la sociedad porque se tratan de situaciones muy traumáticas que se generan después de estas muertes súbitas. Pero hasta ahora no hay políticas de Estado. Solo grande anuncios y poca aplicación”, considera la especialista.

A juicio de Huggins, se deben establecer centros especializados en las principales medicaturas forenses y también en centros hospitalarios para brindar atención inmediata a los familiares de víctimas de la violencia: “Estos espacios deben estar identificados y es ideal que sean publicitados. Se debe instalar un programa de atención al duelo. Es muy probable que una persona en condiciones de duelo se desmaye, tenga cuadros de asfixia y subidas de tensión, por lo que se requiere también de personal médico. La demanda es muy alta y también se debe tomar en cuenta a los niños que por lo general quedan huérfanos y manifiestan cambios de conducta en los preescolares y en el ambiente donde se desenvuelven”.

La experta en temas vinculados con la violencia en Venezuela estima que más de siete millones de venezolanos han sido víctimas secundarias de un duelo desde el año 2000: “El duelo puede ser altamente traumático para la familia directa, pero también la familia directa y el vecindario se ven afectados, así como los compañeros de estudios o de trabajo de las víctimas”.

El observatorio de misiones de Transparencia Venezuela reporta que desde el inicio del gobierno de Chávez hasta 2016 se registraron 220.000 homicidios, según el Observatorio Venezolano de la Violencia. Al término de ese año sumaron 21.752 asesinatos y el 2017 cerró con 26.616 homicidios. Los familiares de las víctimas de la violencia en el país aún son invisibles para el Estado y el delito de homicidio tiene un 98 % de impunidad.