Cambiar para que nada cambie. Aunque la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el chavismo, “suprimió” la madrugada de este sábado partes de las dos sentencias que sustentaron el “autogolpe” ejecutado por el presidente Nicolás Maduro, el fondo del conflicto sigue siendo el mismo: Venezuela continúa sin Poder Legislativo.

La presión de la comunidad internacional, las protestas de la oposición y la sorpresiva crítica de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, identificada con el oficialismo, lograron su cometido, pero solo parcialmente. Atendiendo un exhorto del Consejo de Defensa de la Nación, encabezado por Maduro al filo de la medianoche del viernes, el TSJ volvió sobre sus pasos y borró fragmentos de los fallos mediante los cuales asumía las competencias de la Asamblea Nacional y eliminaba la inmunidad parlamentaria.

¿Puede afirmarse, entonces, que la crisis política venezolana ya quedó resuelta y que la Cámara ha recuperado todos sus poderes? La respuesta es un rotundo no. Antes de que el TSJ dictara estas últimas dos decisiones, en la práctica la Cámara ya estaba inhabilitada por los magistrados bajo el argumento de que se encuentra en “desacato”.

La cúpula del Poder Judicial ha firmado más de 50 sentencias contra el Parlamento, desde que se instaló con mayoría opositora el 5 de enero de 2016. Con cada una de ellas, los jueces han despojado a los diputados de sus atribuciones y facultades. En un fallo difundido el 19 de agosto pasado, la Sala Constitucional dio el zarpazo definitivo al declarar “manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional mientras se mantenga el desacato”. Esta determinación no ha variado.

¿Y cuál es el origen del “desacato”? En los comicios del 6 de diciembre de 2015, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) conquistó 112 escaños, exactamente los 2/3 del pleno. El chavismo reaccionó impugnando el triunfo de tres opositores ante la Sala Electoral del TSJ, que admitió la denuncia por fraude y cercenó a la fracción de la MUD. Con esta jugada política, el Gobierno buscaba fulminar la mayoría calificada obtenida por sus adversarios, que optaron por desconocer el dictamen judicial, dando pie a la sanción en su contra. La MUD ha propuesto repetir la votación cuestionada, pero el régimen chavista se niega y ante la falta de respuesta del TSJ y el Consejo Nacional Electoral (CNE), el tema del “desacato” ha quedado en el limbo.

Sin control

Con el apoyo del Poder Judicial, Maduro pasa por encima del Legislativo. En contra de la voluntad de los parlamentarios, la Sala Constitucional aprobó la Ley de Presupuesto de este año y ha permitido al Presidente gobernar durante 14 meses con un decreto de emergencia económica. En síntesis, la revolución administra las finanzas públicas burlando el control parlamentario que establece la Carta Magna.

La inmunidad parlamentaria, ahora supuestamente admitida por el TSJ, también es vulnerada. El diputado Gilber Caro permanece detenido desde el 11 de enero, acusado de poseer armamento de guerra y de conspirar contra el régimen chavista. A pesar de su investidura, Caro está encerrado en una cárcel con delincuentes comunes y su defensa advierte que pretenden someterlo a un juicio militar. El dirigente opositor fue aprehendido en una operación llevada a cabo por el “comando nacional antigolpe”, instancia que coordina el vicepresidente Tareck El Aissami, sancionado en febrero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con capos del narcotráfico.

Tratando de limitar la actuación internacional de la Cámara, el Gobierno ha anulado los pasaportes de los diputados Luis Florido y Eudoro González, presidente de la Comisión de Política Exterior y jefe de la delegación de Venezuela ante el Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), respectivamente.

En la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington el martes 28, 14 gobiernos de la región solicitaron a Maduro “que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución, y que se establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas”. En ninguno de esos puntos se avanzado.

“Estas aclaratorias del TSJ no cambian nada. No lo hacen, pues la ruptura del orden constitucional en Venezuela no fue causada por esas sentencias, sino que fue resultado de un largo proceso que arrancó en 2015. Como se diría en criollo, esas sentencias fueron las gotas que derramaron el vaso. Pero el vaso ya estaba lleno”, explicó el profesor José Ignacio Hernández en un análisis publicado en la página web Prodavinci. Partiendo de la misma premisa, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bellos de Caracas enfatizó que “el golpe de Estado no comenzó con las dos últimas sentencias del TSJ, ni termina con un documento de un órgano consultivo de seguridad”.

Entonces, puede decirse que en Venezuela la crisis política ha dado un giro, pero de 360 grados. Y todo sigue como estaba.