En Venezuela no hay acceso a la información pública, y esa opacidad ha contribuido a la violación de Derechos, al abuso de lo público, a promover y esconder la corrupción, generar ineficiencia y una impunidad en aumento. El AIP permitiría que los ciudadanos tengan conocimiento de las competencias de los organismos, el presupuesto público, su distribución y ejecución, así como la debida atención de o no de las prioridades de los ciudadanos.