En Venezuela, aún no se promulga una Ley que garantice el derecho de los ciudadanos a acceder oportunamente a la información pública, tampoco se ha conformado una instancia que se encargue de velar exclusivamente por este derecho humano.

Así lo detalle el informe Saber Más, en su capítulo VII, el cual señala además que pese a ser la Defensoría del Pueblo, el despacho encargado de velar por el respeto de los Derecho Humanos, esta instancia no cumple a cabalidad su función por lo menos en lo que respecta al acceso a la información pública.

Pese a no existir un instrumento jurídico que aborde exclusivamente el derecho al acceso a la información pública, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla el tema en su artículo 143, además otros marcos legales hacen referencia a este derecho, entre ellos está la Ley Orgánica de Administración Pública y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

El artículo 51 de la Carta Magna, establece el derecho de los ciudadanos, a hacer peticiones ante los funcionarios públicos sobre las materias de competencia, con el fin de obtener información veraz y oportuna. La legislación venezolana indica que quienes violen este derecho serán sometidos a severas sanciones, entre ellas la destitución del cargo en el que se desempeñan.

De acuerdo a la Constitución venezolana los ciudadanos tienen el derecho a acceder a los archivos y registros administrativos; sólo se contemplan limitaciones en caso de que la información corresponda a una investigación de carácter penal, a seguridad interior o exterior o viole los principios de intimidad de un funcionario.

Sin embargo, más allá de estos parámetros legales, en Venezuela no existe una instancia especial que se encargue de garantizar el derecho a la información. Tampoco existe una acción administrativa o judicial para ejercer este derecho, los reclamos se canalizan a través de procedimientos comunes del derecho administrativo.

Sólo la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece sanciones a los funcionarios que omitan su deber de informar a la ciudadanía sobre sus acciones al frente de la administración pública; es así como el artículo 100 fija multas que van desde un cinco hasta un 50 por ciento del salario mensual del funcionario que incurrió en la falta, además existen sanciones de tipo civil, penal y administrativas, sin embargo se desconoce la aplicación, en la práctica, de alguna de estas sanciones.