Ante la detención en las últimas semanas, de siete funcionarios del Seniat, Indepabis, Ferrominera y Ministerio de Salud, Transparencia Venezuela ve como un hecho positivo que se estén dando los primeros pasos en la investigación de presuntos casos de corrupción en el país, la organización exhorta al gobierno y al resto de los poderes públicos a traducir el empuje mostrado, en políticas públicas sostenidas con recursos, tecnología, conocimiento y apoyo político.
Los casos por presuntos hechos de corrupción que se han conocido, hasta el momento son:
1. La Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dcim) del Ministerio de la Defensa, detuvo a dos funcionarios del Seniat adscritos al sector Guarenas Guatire pertenecientes a la Gerencia de Tributos Internos de Región Capital, por los presuntos delitos de extorsión y asociación para delinquir. (13.06.2013, EL Mundo).
2. La siguiente semana el Ministerio Público logró la privativa de libertad para el gerente general del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria –SENIAT- en el estado Vargas, Carlos Ricardo Sánchez Atencio, y de tres de sus escoltas, por estar vinculados presuntamente con legitimación de capitales y asociación para delinquir (El Mundo 21.06.2013).
3. La detención del ex Presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, a quien el sindicato denunciaba por estar inmerso en irregularidades relacionadas con el despacho del hierro en horas nocturnas sin cumplir con los protocolos, así como por la presunta participación de gerentes en el tráfico del metal ( El Nacional 13.06.2013).
4. También la captura del Director Nacional de Inspección y Fiscalización del Indepabis, Trino Martínez, por integrar una banda que extorsionaba a comerciantes de Caracas. Su caso originó la destitución de la superintendente Consuelo Cerrada, quien fue sustituida por Eduardo Samán (Tal Cual 12.06.2013).
5. De la misma forma la detención del coordinador del Instituto para Defensa y Protección de Bienes y Servicios (Indepabis) del estado Sucre, Luis García, por presuntamente revender con sobreprecio mercancías decomisadas por el ente, al día siguiente fue liberado, hecho que repudió el presidente Nicolás Maduro (Diario Vea 15.06.2013).
6. Finalmente, la inspectora del Ministerio para la Salud, Elba Martínez, fue privada de libertad luego de que presuntamente le solicitara dinero a un comerciante para aprobarle la inspección sanitaria, en el municipio Libertador de Caracas. La funcionaria es imputada por la comisión de delitos de corrupción propia agravada y uso de certificaciones falsas (Diario Vea 21.06.2013)
Ver ficha técnica de los casos aquí: http://goo.gl/1EGvW
La detención de estas siete personas puede ser el inicio de una acción sostenida contra la impunidad en temas de corrupción si se aplican los procedimientos de manera correcta y no resulta solo una demostración efectista de buenas intenciones. Es por eso que invitamos al presidente Nicolás Maduro a considerar los siguientes criterios, basados en la legislación venezolana, las Convenciones contra la corrupción y las buenas prácticas conocidas y documentadas:
1. Devolver y mantener las investigaciones a manos de la justicia civil venezolana, la corrupción es un enemigo de la ciudadanía pero no es un evento militar, las investigaciones no deben estar a cargo de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar, sino en manos de los organismos competentes del Poder Judicial y Poder Ciudadano.
2. Garantizar recursos y seguridad para los equipos de fiscales, policía de investigación y jueces que se ocupen de las investigaciones de casos de corrupción ya que se enfrentarán a redes poderosas y peligrosas. Hoy día la Fiscalía General de la República cuenta con Fiscalías Anticorrupción (19 de competencia nacional y 21 regionales, según la pagina web del Ministerio Público http://goo.gl/2tQPW, y 49 según el informe de gestión 2012, de un total de 776 Fiscalías), pero carecen de tecnología, equipos especializados y soporte policial suficiente para atender las denuncias ordinarias. El informe 2012 de la FGR dice que de 627.833 casos recibidos en 2012, 8.283 fueron de corrupción. El Ejecutivo debe aumentar significativamente el presupuesto de la Contraloría y la Fiscalía. Y estas instituciones lo deben manejar con absoluta transparencia y probidad.
3. Promover las investigaciones profundas de las redes de corrupción y complicidad alrededor de los siete individuos detenidos, dentro de las instituciones en las cuales operaban. Esto debe llevar a la asignación de responsabilidades por acción u omisión de los superiores directos de cada funcionario involucrado, y la inmediata toma de decisiones sobre procedimientos incompletos, débiles, permisivos o que podrían ser acicates de ilícitos.
4. El Estado debe garantizar el principio de máxima transparencia y acceso a la información. No corresponde al Ejecutivo las tareas de investigación, sino al Poder Judicial, que debe tener la independencia y autonomía constitucional que garantice que no se produzcan conflictos de interés o desviaciones político – electorales. Para Transparencia Venezuela resulta un contrasentido que el Ejecutivo atienda la lucha contra la corrupción a través de la creación de un organismo secreto de investigaciones anticorrupción dirigido por la Presidencia.
5. Solicitamos la aplicación del debido proceso para los detenidos e involucrados y solicitamos al Ejecutivo no interferir en las investigaciones e insistimos en que es necesario investigar todo el aparato del Estado, especialmente donde existan grandes riesgos de corrupción por su poder de actuación sobre derechos ciudadanos con la aprobación o no de permisos, autorizaciones, supervisiones, licencias, etc., y/o instancias de reiteradas denuncias públicas, como por ejemplo: las cárceles, el sistema de administración de divisas (Cadivi), las aduanas, la Gran Misión Vivienda Venezuela, entre otros. La justicia venezolana debe garantizar que las detenciones registradas en días pasados no se tratan de una cacería de brujas contra enemigos políticos, sino respuestas serias a denuncias consistentes que con responsabilidad y transparencia buscan acabar con la impunidad.
6. La Contraloría General de la República debe publicar las declaraciones juradas de patrimonio y de intereses, tal como lo ha recomendado reiteradamente (2004, 2007, 2010) el informe de evaluación de Venezuela de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Con esa información los ciudadanos pueden convertirse en pieza fundamental de prevención e inhibición, pero también de denuncia de irregularidades entre lo que informó que tenía, con lo que “luce” que tiene cada funcionario.
Prevención
La lucha contra la corrupción requiere acciones directas y ejemplarizantes de sanción legal, social y política contra la impunidad, pero también requiere un programa completo de prevención. Transparencia Venezuela pone a consideración del Estado venezolano la propuesta de Programa Anticorrupción para Venezuela, que presentamos al país en septiembre del 2012 (link: http://ow.ly/m6OJi), pero queremos destacar los pasos urgentes:
1. Que el ingreso de todos los funcionarios a instituciones públicas se realice por concurso como ordena la Constitución Nacional en su art. 146. Nos preocupa que se esté nuevamente refundando el Indepabis, sin procesos de contratación por concurso, meritos, y políticas de fiscalización anticorrupción, porque se repetirá la misma historia.
2. La Contraloría, debe garantizar que los altos responsables de todo órgano público (Ministros, Directores y Presidentes de organismos públicos) conozcan y entiendan las políticas anticorrupción y los procesos de prevención, control, reducción de incentivos. Vemos con gravedad las declaraciones de la ex presidenta del Indepabis, Consuelo Cerrada el jueves 20 de junio: “en el Indepabis no tienen un termómetro para meterlo en la boca de los funcionarios aspirantes y preguntarles si es corrupto o no. Son cargos de confianza y no tenemos un arco para detectar la corrupción”. La Sra. Cerrada no puede evadir su responsabilidad con una frase tan poco feliz y el responsable de su nombramiento tampoco.
3. El Presidente de la República como jefe del poder ejecutivo debe diseñar e implementar un conjunto de políticas públicas anticorrupción en cada ministerio, instituto autónomo, empresa pública, demás organismos de adscripción. Hay que recordar que los actos de extorsión se producen porque existe la oportunidad de hacerlo, con bajo riesgo de ser descubierto. Hay que eliminar esas oportunidades negativas y aumentar los costos de la actuación ilegal.
4. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional debe abocarse a apoyar las investigaciones de corrupción. Para ello, y aunque suene ingenuo, debe estar presidida por representantes de la oposición a partidos de gobierno, para reducir los conflictos de interés.
En resumen
El país está viendo como delante de sus narices se producen actos de corrupción, nos alegra que el Presidente se haya dado cuenta pero la lucha contra este flagelo es mucho más compleja, no puede hacerse con las investigaciones en manos de militares, ni con organismos secretos de la Presidencia. El organismo que se encargue de esto debe hacerlo bajo los principios de transparencia, autonomía, y seguridad que la lucha contra enemigos poderosos y peligrosos requiere.
El papel de todos los poderes públicos es importante, así como de los distintos factores que hacen vida en la sociedad.
Los ciudadanos y las organizaciones de sociedad civil, comunitarias, vecinales, y demás deben exigir información completa, oportuna y de calidad. Pero también debe procurar conocer la estructura del Estado y defender sus derechos, no pagar soborno ni extorsionar, denunciar actos de corrupción de los cuales hayan sido víctima o testigo, tener sus documentos al día y cumplir con sus obligaciones legales, cuidar lo público y votar.
Felicitamos a los comerciantes y ciudadanos que se atrevieron a denunciar, para que se llevaran a cabo las detenciones de los funcionarios, anteriormente reseñados.
Exhortamos a la Contraloría a pronunciarse e informar al país de las debilidades institucionales existentes que permitieron las extorsiones mencionadas; y señalar con urgencia y firmeza los incentivos negativos que están fomentando las prácticas corruptas en funcionarios de alto nivel.
Desde la sociedad civil, Transparencia Venezuela pone a disposición del Ejecutivo, el Plan Anticorrupción para Venezuela (link: http://ow.ly/m6OJi), que contiene 99 propuestas de políticas públicas para siete sectores estratégicos en el país, cuyo fin es impedir que la corrupción siga afectando la calidad de vida de los venezolanos.
Transparencia Venezuela junio 2013
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