Suprema Injusticia reseñó que la Sala Constitucional desechó una demanda que pretendía que se declarara la omisión legislativa del Parlamento porque los accionantes no solicitaron de nuevo al máximo tribunal que emitiera un veredicto sobre el recurso presentado en 2010
Transparencia Venezuela 16 de diciembre de 2023.- Las gobernaciones seguirán sin poder crear impuestos para financiarse y continuarán dependiendo económicamente del situado constitucional, del Fondo de Compensación Interterritorial y demás asignaciones que les otorgue el Gobierno Nacional. Según el portal Suprema Injusticia, la razón es que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó ordenarle a la Asamblea Nacional que se ponga al día y dicte la Ley de Hacienda Pública Estadal. Un texto que, según la Constitución de 1999, ha debido haber sido aprobado en 2001.
La decisión la adoptó la Sala Constitucional en su sentencia número 1531 del 23 de noviembre de 2023, en la cual desechó una demanda que pretendía la declaración de omisión legislativa del Parlamento, por considerar que los accionantes -los entonces diputados del Consejo Legislativo del Zulia, Eliseo Fermín Escaray y María Verónica Barboza- perdieron interés en obtener una respuesta, pues desde hace tres años no volvieron a solicitarle al máximo juzgado que emitiera su veredicto.
La instancia no reparó en el hecho de que la AN incumplió con el mandato previsto en el numeral 6 de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, el cual reza: “Dentro del primer año, contado a partir de su instalación, la Asamblea Nacional aprobará (…) Una ley que desarrolle la hacienda pública estadal, estableciendo, con apego a los principios y normas de esta Constitución, los tributos que la componen, los mecanismos de su aplicación y las disposiciones que la regulen”.
Sin embargo, no perdonó que los accionantes, quienes presentaron su acción en junio de 2010, pasaran más de un año sin acudir ante ella para pedirle que se pronunciara en su caso; y, por ello, declaró el abandono del trámite.
Engavetada desde hace 18 años
En marzo de 2004 la AN dictó la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, la cual, fue remitida al Presidente de la República para su promulgación. Sin embargo, el 20 de abril de ese mismo año el entonces presidente Hugo Chávez vetó el instrumento y le solicitó a los diputados que le hicieran una serie de modificaciones.
Desde la aprobación de la Constitución de 1999 las gobernaciones han visto como sus arcas han sido golpeadas en no pocas ocasiones desde el Poder Nacional. Reformas aprobadas por la AN y sentencias del TSJ ha permitido al Gobierno Nacional arrebatarles a los estados las potestades para administrar puertos, aeropuertos, carreteras y hospitales.
Lee más en:
