Transparencia, 10 de mayo de 2022.– 12 de mayo, 11 de la mañana. Esas son la fecha y hora en las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) celebrará la audiencia del juicio relacionado con la decisión del Gobierno venezolano de cancelar el contrato a la constructora brasileña Odebrecht (ahora C.N.O) para construir el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo.

La información sobre la demanda iniciada por Odebrecht contra el Estado venezolano figura en la agenda de actos orales y públicos que la Sala Político Administrativa del TSJ tiene previsto celebrar esta semana.

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En Venezuela Odebrecht es la que demanda

La disputa entre Odebrecht y el estado venezolano estalló el 11 noviembre de 2019, cuando el Ministerio del Transporte venezolano emitió su resolución número 41, en la cual ordenaba la “rescisión unilateral del contrato S/N del 2 de octubre de 2008, para la Construcción del Segundo Cruce sobre el lago de Maracaibo”, también conocido como Puente Nigale, en virtud de los incumplimientos de la empresa. La constructora Odebrecht, por su parte, solicitó al organismo que reconsiderara la medida, petición que no fue atendida y, por ello, acudió al TSJ en noviembre de 2020 para demandar.

En la demanda de Odebrecht contra el Estado venezolano la empresa admite que no culminó la obra, pero responsabiliza de ello al Gobierno nacional.

“Para la construcción de dicho proyecto se requirió una inversión de tres billones ciento ochenta y siete millones de dólares (US$ 3.187.000.000,00), quedando supeditada su ejecución al pago total del anticipo, estimado en la cantidad de seiscientos treinta y siete millones cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 637.400.000,00), según lo pactado en el “Documento Complementario N° 2”; suma que destaca, no ha sido cancelada por el Ministerio en los términos convenidos”, denunció la empresa Odebrecht, cita el TSJ en su fallo número 59 del 15 de abril de 2021, en el cual admitió a trámite la demanda.

Asimismo, la constructora Odebrecht aseveró al TSJ que a partir del año 2015 comenzó una “progresiva disminución” de la asignación de los recursos financieros para la ejecución de los diversos contratos de obras suscritos con el Estado venezolano, a través tanto de la Ley Especial de Endeudamiento como de la Ley de Presupuesto de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.