Transparencia Venezuela, 30 de enero de 2020.- Con motivo de las diferencias surgidas en el marco del debate parlamentario que concluyó con la aprobación del acuerdo que autoriza la ejecución de un monto máximo de 20 millones de dólares del Fondo Especial de Litigios por parte de la Asamblea Nacional, Transparencia Venezuela solicita al Poder Legislativo que informe a los venezolanos con claridad el alcance de esta iniciativa y que aplique los mecanismos necesarios para defender y administrar con transparencia y honestidad los recursos y bienes del Estado.

Si bien la mayoría de la Cámara votó favorablemente este acuerdo -solo salvaron sus votos la bancada de Primero Justicia y la fracción 16 de Julio-, es necesario que esta discusión se profundice y se expongan ante los venezolanos los argumentos que respaldan esta decisión. 

Transparencia Venezuela insta al Parlamento a aclarar las dudas sobre la aplicación del Estatuto de la Transición, exigir al Gobierno interino la presentación de un presupuesto y someterlo a discusión, así como la rendición de cuentas correspondiente al año 2019 sobre el manejo de los bienes públicos administrados en el exterior y sus resultados. En caso de limitaciones por razones de seguridad detallar los mecanismos utilizados para garantizar el correcto uso de los recursos.

Además, la organización reitera la necesidad de que la Asamblea Nacional designe a un Contralor especial. Desde mediados de 2019 Transparencia Venezuela ha hecho un llamado al Parlamento para que sea nombrado este funcionario, que se encargue de la fiscalización y la protección de los recursos que tiene el país en el exterior, vistos los enormes riesgos de corrupción tras dos décadas de secretismo en la administración del patrimonio público y los alarmantes niveles de impunidad.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el procurador especial, José Ignacio Hernández, manifestó: “Ratifico que la Asamblea Nacional debe implementar los controles adecuados antes de la ejecución del fondo, con la urgencia que requiere atender más de cincuenta litigios y proteger los activos de Venezuela”. Entonces, la Asamblea Nacional debe avanzar con rapidez y transparencia en la aprobación y aplicación de esos controles porque de ello también depende la defensa de los intereses en el exterior de la República, hoy amenazados por las malas prácticas y la opacidad, que se registran en Venezuela desde 1999.