Las Organizaciones No Gubernamentales (Ongs) cuentan con los medios de comunicación independientes, imparciales y participativos para promocionar a través de ellos su trabajo en pro de la defensa de los derechos y la lucha contra el secretismo ya que, de este, se deriva la ausencia de garantías para que se constituyan plenamente otros derechos fundamentales.
Desde hace varios años, el capítulo Carabobo de Transparencia Venezuela ha denunciado a través de este, y otros medios, la falta de acceso a la información pública en materia ambiental, específicamente en relación al tema de la contaminación del agua y la ingerencia que ha habido al respecto, causando graves daños a la salud de los habitantes de esta región.
Siendo cada vez menos los medios que mantienen una postura crítica ante las autoridades gubernamentales nacionales y regionales, señalados por estos como responsables de una “guerra mediática”, resulta sumamente preocupante que se sigan cerrando ventanas informativas a través de las cuales el ciudadano tiene acceso a los datos necesarios para ejercer la contraloría social y su derecho al libre acceso a la información pública y a la libertad de expresión.
Los riesgos de corrupción cobran fuerza en la medida en que se restringe al ciudadano la información a través de la cual pueda obtener datos de la gestión de sus gobernantes, la rendición de cuentas, y controlar desde su ámbito de acción el ejercicio de la función pública.
La directiva de El Carabobeño ha venido anunciando el agotamiento de sus reservas de papel desde hace varios meses, y el pasado martes su director, Eduardo Alemán, determinó el 7 de junio como fecha en que la imprenta deberá paralizarse. Siendo uno de los pocos medios que ha sobrevivido a la censura en su línea editorial, es delicado que se condenen sus páginas, las cuales durante 81 años han expuesto denuncia, noticia y opinión a los ciudadanos carabobeños. “Sin papel no hay periódico” se lee en una pancarta a lo alto del edificio sede del medio en Naguanagua, Valencia.
Ya es conocido por todos el gran riesgo que representa una sociedad desinformada, sometida a noticias en donde prevalece la autocensura y la falta de acceso a la información pública que excluye al ciudadano de su derecho a la participación y a la toma de decisiones. Se pone en riesgo, no solo la integridad de los ciudadanos, ya que se desconocen problemáticas graves en materia de salud, seguridad, alimentación, entre muchos otros.
Exhortamos a las autoridades venezolanas a que cumplan con su deber de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no solo al acceso a la información pública establecido en los Art. 28, 51 y 143, sino también al goce y ejercicio pleno, irrenunciable, indivisible e interdependiente de sus derechos humanos (Art.19 y 23) así como velar por los más de 300 puestos de trabajos que se están viendo amenazados.