En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la organización presenta un estudio que revela cómo la debilidad jurídica e institucional que existen en el país ha dejado a la población femenina en situación de mayor vulnerabilidad ante esta y otras expresiones de violencia por razones de género, que se han visto exacerbadas por la pandemia

Transparencia Venezuela, 25 de noviembre de 2021. La sextorsión o corrupción sexual es una forma silenciosa de corrupción que afecta por igual a niños y adultos, con mayor frecuencia a individuos en situación de vulnerabilidad, como mujeres y migrantes indocumentados en las fronteras. Este fenómeno, que hasta hace poco no había sido discutido o reconocido dentro del marco de la corrupción o de la violencia de género, ocurre cuando una persona investida con poder lo usa para obtener un beneficio sexual de aquellos que están sometidos a ese poder. En Venezuela, la debilidad jurídica e institucional ha dejado a la población femenina más expuesta a esta y otras expresiones de violencia que se han visto exacerbadas por la pandemia de COVID-19. 

En este contexto, Transparencia Venezuela presenta Sextorsión y la necesidad de su tipificación en Venezuela, estudio que revela cómo la corrupción profundiza las desigualdades de género e impide a las mujeres el acceso y disfrute de sus derechos civiles, sociales y económicos. El informe plantea la urgencia de adoptar en el país un marco penal que la tipifique a la corrupción sexual, en lugar de intentar encuadrarla en los tipos delictuales ya existentes, que pueden dejar conductas por fuera de la norma y a la víctima sin obtener justicia. 

Del análisis del marco legislativo existente en Venezuela se desprende que, para tipificar la sextorsión, debe considerarse la desigualdad estructural de poder en la que se ha encontrado la mujer históricamente, sin excluir a otros géneros. Esta realidad hace más difícil reportar la sextorsión que otros hechos de corrupción, porque en estos casos la víctima, además de tener que denunciar a un funcionario público con alguna cuota de poder, se enfrenta a estigmas sociales y puede resultar difícil probar que un acto sexual fue realizado bajo coerción. 

A esto se suma que, en muchos casos, el sistema de justicia venezolano o los mecanismos de recepción de denuncia no disponen del procedimiento, la capacidad y la sensibilidad para proporcionar a la denunciante la ayuda que necesita, pues la sextorsión puede dejar secuelas que cambian su vida para siempre como embarazos no deseados o el impacto de abusos físicos y psicológicos.  Para ello no es suficiente esta reforma legal. La investigación propone que, a la vez, se proporcione a los funcionarios formación jurídica para garantizar que cuerpos policiales, fiscales y jueces conozcan el delito; además de diseñar, aprobar y suministrar procedimientos, herramientas y metodología para atender estos casos.

Problema creciente 

Pese a que el fenómeno de la sextorsión comenzó a ser identificado en 2008 por la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ), que lo distinguió de otros tipos de conductas sexuales abusivas por tener dos componentes, uno sexual y otro de corrupción; en países como Estados Unidos el término refiere a un delito grave que incluye prácticas sexuales abusivas a través de internet, tales como la solicitud de fotos íntimas, mostrar las partes íntimas sin el consentimiento, sexting y otros. 

En Venezuela, organizaciones como Redes Ayuda han dado importancia a la seguridad al momento del sexting (envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos, por medios digitales), en virtud del aumento de esta práctica en adolescentes, en particular en el contexto de la pandemia por COVID-19, que han provocado que emerjan nuevas normas descriptivas de esas conductas nombradas de forma general como “delitos tecnológicos”. Esta definición aborda los delitos informáticos con la violencia basada en género.

Por otra parte, han surgido algunas prácticas definidas en medios de comunicación y en algunas organizaciones como “sexo por supervivencia” o “sexo transaccional”, en el cual una persona ofrece realizar una actividad sexual a cambio de obtener bienes o servicios básicos, tales como alimentos, acceso al agua o a la salud. En esta definición no se encuentra presente la corrupción, pues no está involucrado un funcionario público o un bien público. 

Las venezolanas se encuentran ante altos riesgos de sextorsión y también de sexo por supervivencia o sexo transaccional, porque a la debilidad institucional se ha sumado desde hace ocho años la Emergencia Humanitaria Compleja que enfrenta el país. Esta calificación la asigna Naciones Unidas a una situación crítica en varias áreas que impactan a la población y la pone en riesgos fatales. La crisis preexistente, exacerbada por la pandemia, ha profundizado la desigualdad y la condición de vulnerabilidad por el hecho de ser mujer frente a este tipo de ofensas.

Una de las mayores enseñanzas que ha dejado la cuarentena es que el hogar no es un lugar seguro para muchas mujeres y niñas que son víctimas de violencia por razones de género. Antes de la emergencia sanitaria global, las cifras eran ya alarmantes: una de cada tres mujeres ha sido víctima de abuso en su vida. No obstante, un reciente informe de ONU Mujeres, basado en datos procedentes de 13 países desde que empezó la pandemia, indicó que dos de cada tres mujeres denunciaron que ellas o una conocida fueron víctimas de alguna forma de violencia y tienden a enfrentar problemas de inseguridad alimentaria. 

Ante la agudización del fenómeno y la gravedad de los casos de corrupción sexual y la posibilidad de impunidad de estos actos por la debilidad jurídica de la interpretación extensiva de otras normas, el informe Sextorsión y la necesidad de su tipificación en Venezuela propone de forma concreta una reforma del Código Penal Venezolano y de la Ley Contra la Corrupción, que incluya la tipificación del delito de sextorsión, con sanciones equiparables a las existentes en la legislación relativa a delitos de violencia contra la mujer. 

La publicación del estudio coincide con la celebración de este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha instaurada para visibilizar y denunciar las agresiones que padecen las mujeres en todo el mundo, así como para exigir a los Estados la implementación de políticas que conlleven a la erradicación de las mismas. En tal sentido, Transparencia Venezuela ha hecho una contribución importante con este informe, y pone a disposición de los venezolanos la plataforma Dilo Aquí como herramienta para la denuncia, con un canal específico para los hechos de corrupción vinculados con la violencia contra la mujer por razones de género, entre ellos la sextorsión.

Para leer el informe completo te invitamos a que visites nuestra página https://transparenciave.org/ y a que nos sigas en nuestras redes sociales para que compartas este y otros contenidos. No te quedes callado, descarga la aplicación Dilo Aquí y denuncia la sextorsión.