A 17 años de su creación, los objetivos del proyecto se han ido desvirtuando y su aporte luce escaso, insuficiente e ineficaz ante la magnitud de la emergencia humanitaria compleja que padece el país producto de la corrupción, agravada ahora por la crisis sanitaria de COVID-19

Transparencia Venezuela, 14 de diciembre de 2020. El programa social Misión Barrio Adentro fue creado hace 17 años, durante el gobierno de Hugo Chávez, con el propósito de brindar atención primaria y preventiva en materia de salud a los habitantes de las comunidades más desasistidas del país, a través de consultorios populares construidos en cada zona, dotados con personal médico y de enfermería provenientes, en su mayoría, del convenio Cuba-Venezuela. Sin embargo, desde sus inicios, el proyecto que debería estar enfocado en la protección y cuidado de las poblaciones más vulnerables, ha estado empañado por la estrategia política, electoral, ideológica y de control social con el cual fue concebido y manejado. En estos años, la Misión ha atravesado múltiples facetas tanto en su organización como en su línea de acción: desde diversificación de los servicios ofrecidos (Centros de Alta Tecnología y Centros de Diagnóstico Integral), hasta reimpulso (suministro de medicinas, 100% cobertura), con el objetivo de garantizar su continuidad. No obstante, el aporte de la Misión a la salud de los venezolanos se ha ido desvirtuando con el tiempo y su aporte luce escaso, insuficiente e ineficaz ante la magnitud de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país producto de la corrupción, agravada ahora por la crisis sanitaria de COVID-19. 

Datos recabados por Transparencia Venezuela, desde 2003 hasta 2016, revelan que a la Misión Barrio Adentro le han sido asignados recursos económicos que superan los 34.000 millones de dólares. Este enorme presupuesto, que pudo ser destinado al fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud, fue dilapidado en estructuras que poco a poco han ido cerrando sus puertas y en la adquisición de fármacos de origen cubano que han sido cuestionados por la comunidad científica y médica venezolana. Dicha Misión, lejos de apoyar la labor de la red de atención existente, surgió para confrontar y se convirtió en instrumento político para la ideologización de las comunidades más humildes que dependen de sus servicios. 

Por otro lado, al igual que en las otras áreas de la gestión pública en Venezuela, la opacidad ha estado presente a lo largo de los 17 años que lleva el programa. No se conocen diagnósticos sociales comunitarios, seguimiento de indicadores, impacto real en la población y reducción de indicadores de salud. Tampoco hay rendición de cuentas y se desconocen las políticas diseñadas para garantizar el derecho a la salud en los centros creados por la Misión. En todo este trayecto ha habido una visibilización cuantitativa de la Misión que no se corresponde con la calidad de la atención que reciben los pobladores.

Revisión y optimización

El enfoque de este programa de salud continúa siendo el de la medicina integral comunitaria, que si bien constituye un elemento importante en la prevención y tratamiento de enfermedades en un primer nivel, debe ir de la mano con la implementación de políticas públicas direccionadas al fortalecimiento de infraestructura pública de consultorios, ambulatorios y la red hospitalaria, de manera que los ciudadanos tengan acceso a la atención requerida para cada patología. Con la Emergencia Humanitaria Compleja y la declaración de pandemia por COVID-19, es poco o nada lo que esta Misión ha aportado al mejoramiento de la crisis sanitaria en Venezuela. La mayoría de sus consultorios se encuentran cerrados y los que están operativos no cuentan con personal médico venezolano capacitado, equipos, medicamentos e insumos. 

Ante esta realidad y dado el constante seguimiento, diagnóstico y análisis que ha realizado sobre las diferentes misiones sociales anunciadas y ejecutadas por el gobierno, Transparencia Venezuela propone que se haga una revisión a fondo y se reorganice el Sistema de Misiones, con énfasis en los vinculados a áreas sensibles como la salud y la alimentación. De igual modo, a los fines de optimizar su funcionamiento, plantea la revisión de la Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones; así como profundizar el monitoreo y evaluación del programa social e impulsar la construcción de un sistema de indicadores de gestión e impacto, registro y publicación de los centros de salud vinculados a la Misión, a objeto de tener información oportuna sobre su dirección, funcionamiento, presupuesto y organismos de dependencia. Por otra parte, se deben promover la descentralización y mayores mecanismos de contraloría social para velar por el correcto funcionamiento de este y otros programas sociales.