Transparencia Venezuela, 5 de marzo de 2020. El decreto N° 4.131 que declara la “emergencia energética de la industria de hidrocarburos” y crea la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque, reseñada en la Gaceta Oficial N° 41.825 de fecha 19 de febrero de 2020, debe encender las alarmas de la sociedad venezolana debido a los graves antecedentes de corrupción, opacidad e ineficiencia que han marcado a los distintos decretos de emergencia que ha publicado el gobierno central en los últimos 20 años.

Transparencia Venezuela llama la atención sobre tres puntos que deben ser tomados en cuenta por todos los venezolanos, pues lo que está en juego es la operatividad de la principal industria del país, que ya ha sido objeto de escándalos de corrupción y cuya capacidad de producción registra mínimos históricos por la incapacidad, politización y desprofesionalización.

El decreto N° 4.131 señala que la recién creada Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque tendrá como sexta atribución “implementar mecanismos para agilizar las contrataciones que tengan por objeto la procura nacional o internacional de materias primas, bienes, obras o servicio necesarios para garantizar la recuperación, reimpulso y crecimiento de las empresas del sector público vinculadas a la industria nacional del petróleo (…)”.

El propio ministro de Comunicaciones de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, admitió recientemente que la declaración de la emergencia eléctrica dio pie al saqueo del erario público a través de la asignación de contratos irregulares. Vistos los apagones y racionamientos eléctricos que sufren diariamente los venezolanos, puede afirmarse que la emergencia eléctrica no resolvió el problema y, además -según la confesión de Rodríguez- le costó miles de millones de dólares a la República por la corrupción. Transparencia Venezuela alerta que esta nueva emergencia -ahora en hidrocarburos- puede reproducir las mismas desviaciones sufridas en el pasado al eliminar los controles que deben existir para ejecutar contrataciones.

El decreto también nombra a los miembros de la citada comisión de alto nivel, entre quienes destaca el presidente de Petróleos de Venezuela y ministro de Petróleo, general Manuel Quevedo.

La designación de Quevedo arrastraba ya dos desviaciones que le han hecho mucho daño a la industria, por un lado, se trata de una persona sin experiencia en el área, quien, además, asumió los dos cargos clave de la industria sin dejar espacio para contrapesos y controles, situación que ocurrió durante años con Rafael Ramírez, ahora acusado de corrupción por sus antiguos compañeros de gobierno y de partido. Ahora, cabe preguntarse: ¿puede Quevedo formar parte de una instancia que tendría como fin reestructurar y relanzar la industria que él ha estado manejando con tan pobres resultados?

Igualmente, Maduro insiste en profundizar la militarización y la improvisación, pues la comisión también está integrada por dos altos oficiales sin historia en la industria petrolera: el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante Remigio Ceballos Ichazo. El presidente del nuevo ente, Tareck El Aissami, tampoco tiene experiencia en el área petrolera y, lo que es más grave, ha sido sancionado internacionalmente, lo que sin duda restringe su capacidad y margen de maniobra al momento de tomar decisiones y generar confianza a los mercados extranjeros.

Por último, antes de prometer “impulsar las medidas de organización, gestión y administración de las entidades del sector público de la industria del petróleo y actividades conexas (…)”, Nicolás Maduro debería rendir cuentas y explicar por qué el Estado ha sido incapaz de sostener y fortalecer dicho sector. La respuesta al fracaso no puede ser que el Estado intervenga una industria que ya es suya. Si la explotación petrolera no aporta al progreso del país, deben establecerse responsabilidades y medidas que sirvan para corregir estas desviaciones que afectan al corazón de la economía nacional.

Transparencia Venezuela vuelve a alzar su voz con el fin de evitar que nuevamente un decreto de emergencia se convierta en la coartada para que la corrupción, la ineficiencia y la improvisación profundicen la emergencia humanitaria compleja que sacude al país.