Emitido por el Secretariado de Transparencia Internacional

Transparencia Internacional condena en los términos más enérgicos posibles la decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el organismo patrocinado por la ONU encargado de asistir a las investigaciones nacionales de corrupción, e insta a la de Corte de Constitucionalidad de Guatemala a bloquear este intento. Trabajando con las autoridades nacionales desde 2007, la Comisión Internacional ha tenido un éxito significativo en el procesamiento de numerosos casos de corrupción de alto nivel, y ha recibido un fuerte apoyo de su trabajo por parte de los ciudadanos guatemaltecos.

 El domingo, a Yilen Osorio, una representante colombiana de la CICIG, se le negó temporalmente la entrada al país. Luego de la presión del público guatemalteco y de los medios de comunicación nacionales e internacionales, a Osorio se le permitió ingresar más tarde. El lunes, el presidente Morales denunció de manera unilateral el acuerdo con las Naciones Unidas, que fue la base para el establecimiento de la CICIG, y dio a todos los funcionarios de la CICIG veinticuatro horas para abandonar el país, medida que fue condenada por el Secretario General de la ONU, António Guterres, y juzgado inconstitucional por comentaristas.

Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional, dijo:

“Las acciones del Gobierno de Guatemala son una confrontación flagrante con la Corte de Constitucionalidad, la oficina de la Fiscal General y las Naciones Unidas. Su objetivo es garantizar la impunidad y paralizar el trabajo de la CICIG, que ha sido vital en la lucha contra la corrupción en el país. Lamentablemente, estas acciones del Gobierno guatemalteco ponen en peligro el Estado de derecho y son un claro paso atrás para Guatemala y para la región en su conjunto. Enviamos nuestro apoyo y solidaridad al pueblo guatemalteco. Estas son horas cruciales en la lucha por la justicia y la libertad. La corrupción no terminará mientras exista la impunidad». 

Acción Ciudadana, el capítulo nacional de Transparencia Internacional en Guatemala, presentó ayer por la noche dos acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad. El primero identifica los crímenes cometidos por el presidente Morales, de violar la Constitución y desobedecer los fallos de la Corte. El segundo exige la renuncia de la ministra de Asuntos Exteriores, Sandra Jovel, y otros funcionarios públicos que han desobedecido y se han opuesto a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, para que se puedan iniciar investigaciones legales contra ellos. Además, Acción Ciudadana también ha pedido la participación activa de ciudadanos y grupos de la sociedad civil de Guatemala para garantizar que la CICIG pueda continuar cumpliendo con su importante mandato para terminar con la impunidad.

La decisión de Morales es la continuación de una serie de intentos por parte del presidente y sus aliados para detener la lucha contra la corrupción, reducir la libertad de expresión y restringir las organizaciones de la sociedad civil en Guatemala. Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, fue víctima de hostigamiento político por parte del Congreso de la República en abril de 2018. En agosto de 2018, el presidente Morales finalizó el mandato de la CICIG, lo que significa que expiraría en septiembre de 2019.

La comunidad internacional, incluyendo a los Estados Unidos como donante clave para la CICIG, debe apoyar a la comisión en su lucha contra la impunidad por la corrupción en Guatemala y trabajar para promover la rendición de cuentas y el Estado de derecho que son vitales para la estabilidad en Guatemala y su región.

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