el Estado ha sido negligente en la toma de decisiones con respecto a la vacunación anti COVID-19, lo que constituye una amenaza para la salud y la vida de los venezolanos.

De acuerdo con el decreto n° 4.160, publicado en la Gaceta Extraordinaria n° 6.519, de fecha 13 de marzo de 2020, esta comisión tiene seis propósitos, entre los cuales se encuentran coordinar la dotación de los centros de salud para el control de la pandemia, asesorar a Nicolás Maduro en la toma de decisiones y supervisar que la data sobre los casos diagnosticados esté actualizada.

Estas prácticas constituyen una exposición al escarnio público a las personas y a las familias que hayan contraído el señalado virus; sobre todo, dada la percepción colectiva de temor que existe en la ciudadanía con respecto a esta severa patología. De este modo podemos asegurar cómo se vulnera la privacidad de personas con Covid 19.

Los venezolanos desconocen cuánto se ha invertido en la adquisición de equipos de bioseguridad para los trabajadores de la salud, medicamentos, respiradores y otros insumos. Tampoco se ha rendido cuentas sobre el destino y uso de materiales donados por organismos internacionales.

El fenómeno ha tenido un repunte en años recientes, pero alcanzó niveles desproporcionados en tiempos de pandemia; cuando las sociedades dependen, en gran medida, del acceso a la tecnología y las telecomunicaciones para funcionar en medio de la “nueva realidad” que ha dejado la cuarentena.

Un informe de la organización revela que, durante la emergencia sanitaria, hubo un repunte de casos que vulneran los derechos de los venezolanos; producto de decisiones oficiales frente a la COVID-19, surgiendo así nuevas prácticas ilegales e incrementando las existentes, aumentando así los riesgos de corrupción.