Los venezolanos desconocen cuánto se ha invertido en la adquisición de equipos de bioseguridad para los trabajadores de la salud, medicamentos, respiradores y otros insumos. Tampoco se ha rendido cuentas sobre el destino y uso de materiales donados por organismos internacionales.
El fenómeno ha tenido un repunte en años recientes, pero alcanzó niveles desproporcionados en tiempos de pandemia; cuando las sociedades dependen, en gran medida, del acceso a la tecnología y las telecomunicaciones para funcionar en medio de la “nueva realidad” que ha dejado la cuarentena.
Un informe de la organización revela que, durante la emergencia sanitaria, hubo un repunte de casos que vulneran los derechos de los venezolanos; producto de decisiones oficiales frente a la COVID-19, surgiendo así nuevas prácticas ilegales e incrementando las existentes, aumentando así los riesgos de corrupción.
