En la audiencia virtual concedida por la instancia internacional, una coalición de expertos expuso el impacto de la Gran Corrupción en el sistema de salud pública y en el derecho a la vida de los venezolanos que padecen los efectos de una emergencia humanitaria exacerbada por la pandemia por COVID-19
Transparencia Venezuela, 7 de octubre de 2020. La emergencia sanitaria global por la propagación del COVID-19 ha causado estragos en todos los países del mundo. La mayoría de los Estados ha adoptado medidas especiales para atender la crisis y garantizar la protección de sus ciudadanos. En el caso de Venezuela, la pandemia coincidió con uno de los momentos más complicados de su historia. Los venezolanos padecían ya una emergencia humanitaria compleja propiciada por el patrón de Gran Corrupción que se instauró en el país en las últimas dos últimas décadas. Uno de los sectores más afectados por este fenómeno fue el de la salud. Mientras el gobierno anunciaba la asignación de recursos millonarios para el sistema sanitario, se aceleraba el colapso de los centros de atención pública.
Ante esta realidad, expertos nacionales e internacionales de la Task Force contra la corrupción en Venezuela y 15 organizaciones de la sociedad civil solicitaron una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para exponer la precariedad en que se encuentra el sistema sanitario venezolano como consecuencia del desfalco a la nación y la captura del Estado por las autoridades. La sociedad civil representada en el encuentro virtual, celebrado el miércoles 7 de octubre en el marco del 177 periodo de sesiones de esa instancia internacional, solicitó a la CIDH priorizar las denuncias de violación de derechos humanos en el sector salud como consecuencia de la corrupción. De igual modo, se planteó una serie de exigencias al Estado venezolano, dirigidas a garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a proteger la salud y la vida de los ciudadanos, especialmente en el actual contexto de pandemia.
Flavia Piovesan, segunda presidenta de la CIDH, inició la audiencia a la que se conectaron los comisionados de las distintas relatorías del organismo. Por la sociedad civil el primero en intervenir fue José Ugaz, miembro del Consejo Consultivo Internacional de Transparencia Internacional y expresidente de la organización, quien destacó que el encuentro honra el compromiso de la Comisión expresado en el informe sobre “Corrupción y DDHH”, de darle visibilidad a los casos de Gran Corrupción en audiencias públicas, “para crear consciencia sobre los efectos negativos de este fenómeno en el disfrute de los derechos humanos”.
Ugaz calificó el caso venezolano como “emblemático” de Gran Corrupción en la región, que a su juicio deja un nefasto impacto en amplios sectores de la sociedad, especialmente en los más vulnerables, en el contexto de la pandemia. “Se confirma que los países con altos niveles de corrupción, son países con muy mal desempeño en materia de derechos humanos”, expresó el experto.
Señaló que el problema venezolano no es de índole político e ideológico sino criminal, debido al autoritarismo y a la captura del Estado por una red enquistada en el poder para enriquecerse. “Venezuela es un típico caso de cleptocracia, cometida por agentes con poder político o económico que causan un daño grave a la sociedad y que usualmente permanece impune. Es un crimen de poder que involucra inmensas cantidades de recursos y tiene un impacto muy negativo en los derechos fundamentales de las personas. Se estima que el monto de la corrupción en Venezuela no es menor a los 150.000 millones de dólares. La corrupción mata, enferma, impide la educación, el acceso al agua potable o a una vivienda digna”.
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Opacidad e impunidad
Mildred Rojas, en representación de Transparencia Venezuela, proporcionó información relevante y actualizada sobre los alcances de la gran corrupción –que ocurre cuando sus autores cuentan con un gran poder económico o político, movilizan altos recursos y sus acciones tiene un alto impacto de los derechos humanos en sus países e impunidad– en el sistema de salud pública de Venezuela y su impacto sobre el derecho a la salud de los habitantes.
Rojas se refirió a los principales mecanismos de presunta corrupción en el sector salud que han sido identificados en diferentes estudios adelantados por la organización y que están incluidos en el informe que consignará la sociedad civil a la CIDH. Entre los actos irregulares detectados destacan la asignación discrecional de contratos a empresas recién creadas o sin experiencia; compra de equipos que no se instalaron por incompatibilidad técnica y otros desechados por falta de mantenimiento y repuesto, así como la adquisición con sobreprecio de medicamentos, materiales y equipos. De igual modo, se menciona la compra de medicamentos con fecha de vencimiento que no cumplen los estándares permitidos y de otros no requeridos por los centros de salud o cuyas existencias no justificaban nuevos pedidos.
También se registraron casos de facturación de cantidades superiores a las recibidas, el hurto y desvío de medicinas, insumos médicos e incluso de gasoil para el funcionamiento de plantas eléctricas, además de forjamiento de documentos para adquirir medicina; venta de medicinas e insumos médicos que deberían ser suministrados de forma gratuita; contrato de obras hospitalarias que quedan inconclusas, sin acciones legales, a pesar del desembolso de recursos y abusos de autoridad contra médicos, trabajadores de la salud o ciudadanos que protestan por la vulneración de sus derechos.
La vocera precisó que la política de opacidad y la ausencia de rendición de cuentas por el gobierno dificultaron hacerle seguimiento al dinero público destinado al sector salud, así como sus resultados. Sin embargo, en los casos de corrupción registrados destaca la participación de altos funcionarios del ministerio de Salud y sus órganos adscritos, de la Fuerza Armada Nacional, de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de organismos de control cambiario. “Estos individuos, que actúan con impunidad en Venezuela pese a las denuncias públicas de organizaciones de la sociedad civil, habrían actuado en complicidad con dueños de empresas y usado cuentas bancarias en Venezuela, Cuba, El Salvador, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Islas Vírgenes, Andorra, República Dominicana y Suiza”.
“Desconocemos el estatus de dos procesos iniciados contra la exministra de Salud, Eugenia Sader, por presunta corrupción en la construcción de seis grandes hospitales que no fueron ejecutados, así como por contratos de insumos y equipos médicos que vencieron”, acotó.
Rojas agregó que para marzo de este año 35,2% de las unidades de cuidados intensivos no estaban operativas y 29,1% funcionaba de forma deficiente. También se evidenció la inoperatividad de equipos y el desabastecimiento de suministros esenciales, así como una aguda escasez de medicamentos que se estima en 80% en algunos estados; así como en fallas constantes de electricidad reflejadas en más de 11.000 cortes de servicio por mes e interrupción del suministro de agua por semanas; en la proliferación de enfermedades erradicadas como malaria, fiebre amarilla, tuberculosis o sarampión; y en la figa de talento: más de 30.000 médicos y 50% de enfermeros.
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Rostros de la crisis
La escasez de medicinas e insumos básicos, la falta de equipos imprescindibles o la inoperatividad de los existentes por falta de mantenimiento o repuestos, el deterioro de la infraestructura hospitalaria, las constantes fallas eléctricas y en el suministro de agua, entre otros males que forman parte del día a día de los venezolanos, golpean especialmente a las personas con enfermedades crónicas. Ante esta realidad, la vida de enfermos renales, pacientes oncológicos, hemofílicos y con VIH, personas con condiciones cardiovasculares o problemas respiratorios se convirtió en un calvario.
Como víctimas directas de la vulneración de sus derechos humanos, estas personas y sus familiares tuvieron voz en la audiencia. Katherine Martínez, de la organización Prepara Familia, describió la situación dramática que padecen los niños y adolescentes con diferentes patologías y las madres cuidadoras en el Hospital J.M. de los Ríos, y en las unidades pediátricas de todo el país, por el desabastecimiento de medicinas, alimentos e insumos, fallas de combustible y servicios públicos, así como las debilidades institucionales agravadas por la pandemia.
Francisco Valencia, de Codevida (Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida) relató que desde 2015 han documentado la situación de emergencia humanitaria compleja que se registra en Venezuela. Explicó que el impacto en la salud es “inaguantable” para las personas con padecimientos crónicos como hemofilia, mal de Parkinson, esclerosis múltiple, pacientes oncológicos y con insuficiencia renal, cuya situación se ha complicado porque no reciben sus tratamientos o terapias.
Por su parte, Jaime Lorenzo, de Médicos Unidos por Venezuela, calificó como un “colapso” el estado actual del sistema sanitario. Ofreció cifras estimadas por esa organización sobre la operatividad del sistema de salud. Precisó que solo están en funcionamiento 33% de los hospitales, 45% de los centros ambulatorios, 49% de los quirófanos y 45% de los laboratorios públicos.
De igual modo, el representante de la Comisión Permanente asignada por la Asamblea Nacional, Rafael Castillo, presentó a petición de la sociedad civil un video que recoge el testimonio de cuatro pacientes crónicos que expusieron cómo la crisis del sistema sanitario generada por la corrupción ha impactado en su calidad de vida y, en algunos casos, representa un riesgo para su supervivencia.
Castillo expuso que la usurpación de los poderes públicos desde enero 2019 ha exacerbado la emergencia humanitaria compleja que padece la población. El funcionario responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro de la reiterada violación de los derechos humanos de los venezolanos y ratificó el compromiso de esa comisión a impulsar la investigación, determinación de responsabilidades y la reparación a las víctimas de la corrupción en Venezuela.
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Transparencia y cuentas claras
El principal objetivo de la audiencia fue promover y alimentar el debate sobre la vinculación entre la corrupción y los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, ante la imposibilidad de esperar justicia contra la corrupción y como mecanismo para detener la impunidad, la sociedad civil reiteró su solicitud a la CIDH para que acuerde priorizar las denuncias de violación de los derechos humanos como consecuencia de la gran corrupción imperante en el país. De igual modo, instó al Estado venezolano a actuar con transparencia y a rendir cuentas sobre los recursos destinados al sector. Además, exigieron el cese inmediato de las persecuciones y amenazas contra el personal médico y demás trabajadores de la salud que denuncian irregularidades y corrupción; así como el establecimiento de sistemas anticorrupción, transparencia y acceso a la información pública en el sector salud; además de presentar la relación de medidas adoptadas para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción en el sector salud.
La comisionada de la CIDH Esmeralda Arosemena, de la Relatoría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, reaccionó muy conmovida ante los testimonios y los hechos narrados durante la audiencia. Calificó como inaceptable que en pleno siglo XXI y en medio de una pandemia esté comprometida la vida de tanta gente. Arosemena ratificó su compromiso de acompañar a los venezolanos en la “valiente lucha” en la defensa de su derecho a la vida. En iguales términos se expresó la comisionada Julissa Mantilla, Relatora por los Derechos de las Personas Migrantes y sobre los Derechos de las Personas Mayores, quien exclamó que no se trata solo de “el caso venezolano”, sino de un problema de derechos humanos de toda la región.
También hubo palabras de apoyo de la Relatora por los Derechos Económicos, Sociales y Ambientales, Soledad García Muñoz; del Relator Especial por la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y del Relator por los derechos de las Personas Privadas de Libertad y por las Personas con Discapacidad, Stuardo Ralón, quien se refirió a los riesgos que la “cleptocracia” representa para los intereses democráticos, sobre todo cuando la desviación de recursos destinados a la salud para el enriquecimiento de unos pocos se traduce en la muerte de personas. “Es indignante”, dijo.
Finalmente, la vicepresidenta Piovasan definió como endémica la situación de la corrupción en Venezuela. Recordó que recientes estudios la ubicó entre los países con la peor percepción de corrupción del mundo, e instó a las instituciones democráticas, a la academia, los medios de comunicación y la sociedad civil a seguir combatiendo la corrupción y a trabajar por el fortalecimiento de la institucionalidad.
La audiencia fue solicitada por Transparencia Venezuela, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Almudena Bernabeu, directora ejecutiva del Guernica Centre for International Justice; Jan-Michael Simon, exasesor de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA); José Ugaz, miembro del Consejo Consultivo Internacional de Transparencia Internacional y expresidente de la Junta Directiva Internacional; Acción Ciudadana contra el Sida (Accsi); Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida), integrada por Acción Solidaria, Amigos Trasplantados de Venezuela, Asociación Venezolana para la Hemofilia, Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), Prepara Familia, Convite, Médicos Unidos de Venezuela, Provea, Acceso a la Justicia, Centro de Derecho Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana.
