El informe de Transparencia Venezuela revela que durante la emergencia sanitaria hubo un repunte de casos que vulneran los derechos de los venezolanos, producto de decisiones oficiales para hacer frente a la COVID-19 que dieron margen al surgimiento de nuevas prácticas ilegales y al incremento de las existentes
Transparencia Venezuela, 22 de abril de 2021. Antes de la llegada de la COVID-19, en marzo de 2020, Venezuela padecía ya los estragos Emergencia Humanitaria Compleja causada por el patrón de gran corrupción que se instauró en el país durante las dos últimas décadas. En ese contexto, era difícil pensar que podían aumentar los riesgos de corrupción, el abuso y los casos de saqueo del patrimonio público nacional. No obstante, el análisis realizado por expertos a los decretos de emergencia aprobados antes y durante la pandemia; el seguimiento y clasificación de las declaraciones oficiales; el rastreo de las contrataciones públicas; la recopilación de reportes e investigaciones de organizaciones y medios confiables; la sistematización de las denuncias de corrupción presentadas por el Ministerio Público y las recibidas por abogados de Transparencia Venezuela, reveló que en este lapso se incrementaron los ya alarmantes riesgos de corrupción y que hubo un repunte de casos de pequeña y gran corrupción que vulneran aún más los maltrechos derechos de los venezolanos. A esta realidad se suman los enormes vacíos de información oficial en torno a las contrataciones públicas realizadas para atender la pandemia, lo que ha brindado oportunidades para la discrecionalidad y los abusos. La opacidad está presente también en el proceso de adquisición de vacunas y en el plan de inmunización para proteger a la población contra la enfermedad.
Todos estos hallazgos están contenidos en el informe titulado Corrupción en pandemia. La tragedia de Venezuela más allá de la COVID-19. La investigación publicada por la organización revela que desde marzo del año 2020 hasta marzo de 2021 llegaron a Venezuela 21 aviones con personal, materiales e insumos para atender la emergencia, provenientes de países aliados de la administración de Nicolás Maduro como China, Rusia, Turquía, Cuba e Irán. Sin embargo, se desconocen las condiciones que rodean a estas entregas, el monto total de los recursos asignados, los términos de ejecución de los contratos, así como a cantidad y calidad de los equipos y servicios negociados. El gobierno no dejó claro si los productos recibidos son donaciones, compras honradas o si se trata de una nueva deuda que está adquiriendo el país.
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En el estudio también se detalla cómo durante el primer año de pandemia llegaron al país cuatro aviones con vacunas provenientes de Rusia y China, pero no se dispone de información continua y detallada sobre los contratos o acuerdos firmados para obtener los fármacos. Tampoco se ha hecho público un plan oficial de vacunación y el criterio de prioridades establecido por las autoridades sanitarias. Además, no hay certezas sobre cuándo llegarán las próximas dosis, cómo serán distribuidas y quienes serán atendidos.
Nueva realidad, viejos hábitos
El informe Corrupción en pandemia. La tragedia de Venezuela más allá de la COVID-19 enfatiza en que las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo para hacer frente a la COVID-19, así como las débiles y caóticas reacciones institucionales, dieron margen al surgimiento de nuevas prácticas ilegales y al incremento de las existentes. De acuerdo con el documento, hay registros que evidencian el aumento de los cobros ilegales, conocidos como “matraqueo”, en los puntos de control policial y militar instalados para restringir la circulación durante la cuarentena.
De los testimonios y denuncias recabadas se desprende que el esquema gubernamental conocido como 7+7 (una semana de flexibilización laboral por una semana de paralización de las actividades económicas), genera una mayor incidencia de hechos irregulares. Transparencia Venezuela registró denuncias sobre militares y policías que solicitan dinero o bienes a comerciantes para permitir que abran sus negocios o continúen sus labores, durante las semanas de cuarentena radical.
También refiere el informe reportes de cobro en divisas para emitir salvoconductos que permiten la libre movilización, así como de exigencias de pagos de determinadas sumas para corregir averías en los servicios públicos más demandados durante la pandemia. Igualmente, se recopilaron denuncias sobre funcionarios que exigen dinero para tramitar citas en oficinas del sector público que se mantienen cerradas como medida de contención del virus, entre otros hechos ilícitos.
El informe muestra, además, cómo las decisiones oficiales tomadas durante la emergencia sanitaria, aunadas a la opacidad y el debilitamiento institucional, también contribuyeron a profundizar aún más la vulneración de otros derechos humanos de los venezolanos como la libertad de expresión y de movilización. El decreto de estado de alarma se convirtió en otra herramienta utilizada para neutralizar a adversarios políticos y frenar o acallar las protestas de la ciudadanía por fallas en servicios públicos esenciales en tiempos de pandemia como, por ejemplo, el suministro de combustible, cuyo déficit se ha hecho más notorio durante el confinamiento.
Sospechosos habituales
La investigación también puso la mirada sobre las autoridades designadas para atender la pandemia en Venezuela. De los funcionarios al frente de la crisis al menos cinco integrantes de la Comisión Presidencial para el Control y Prevención de la COVID-19 han sido sancionados por varias naciones por presuntamente o contribuir con el socavamiento de la democracia en el país, la violación de derechos humanos, la corrupción y el tráfico de narcóticos.
De igual modo, un recuento de los cargos activos en el sector salud muestra la ausencia de orden, control y transparencia en torno a los entes, órganos y autoridades del área, lo que facilita que se registren irregularidades en la gestión pública de un área tan sensible en medio de la crisis generada por la COVID-19.
Finalmente, la investigación pone en relieve los informes de organismos internacionales como Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o las Naciones Unidas, entre otros, donde se expone la realidad venezolana y su agravamiento durante la cuarentena. Dichos entes han alertado sobre la reiterada vulneración de los derechos de los venezolanos a través de políticas de Estado que han propiciado la criminalización de la protesta, limitaciones a la libertad de expresión que incluyen la desinformación y la difusión de información potencialmente falsa, cierres de medios y bloqueos digitales; así como detenciones arbitrarias y amenazas a periodistas, ciudadanos y trabajadores de la salud que han denunciado o alertado sobre los riesgos de corrupción y el colapso del sistema sanitario venezolano.
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