Una banda delictiva que operaba en el estado Lara vendía supuestas vacunas y entregaba comprobantes falsos. Las autoridades decomisaron dinero en efectivo y más de 100 jeringas
Transparencia Venezuela, 26 de junio de 2021.- Una banda delictiva que se dedicaba a comercializar supuestas vacunas contra el coronavirus fue desmantelada el 23 de junio por la Policía del estado Lara. De acuerdo con una publicación de El Pitazo, casi 2.000 personas pagaron entre USD 100 y USD 400 por dosis que contenían agua hervida, antibióticos y analgésicos.
«Las víctimas recibían un comprobante que no está avalado por el Ministerio de Salud ni se asemeja al entregado en la jornada de vacunación masiva vigente. Una fuente policial declaró, en condición de anonimato, que los implicados en la estafa aplicaban las vacunas a domicilio y ofrecían el servicio a empresas y negocios», reseña el medio de comunicación digital.
Según el director de Salud de la entidad, Javier Cabrera, la banda delictiva convocaba a grupos de personas para aplicarles las supuestas dosis, pero en realidad recibían ampicilina.
Los miembros de esta red fueron identificados como Yoandri José García, de 35 años; Jesús Antonio Cabrales Meléndez, de 21 años; María Estrella Pérez de Troconis, de 52 años, y Andreína José Meléndez, de 34 años.
Durante la detención, las autoridades decomisaron comprobantes de vacunación falsos, USD 1.400 en efectivo, seis teléfonos, 125 jeringas que contenían la sustancia, 43 jeringas vacías, una cava y dos carros.
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Cabrera exhortó a las personas que fueron estafadas a dirigirse hasta la Policía del estado Lara para colaborar con las investigaciones.
Hace semanas, Transparencia Venezuela inició una campaña de concientización para alertar sobre los riesgos de corrupción del mercado negro. No solo hay consecuencias legales cuando se compra una vacuna, sino que está en juego la vida de quienes deciden involucrarse en el mercado negro, porque no hay garantías de que la dosis que reciban se corresponda con la vacuna, o de que haya sido almacenada de manera adecuada.
También está en riesgo la vida de los grupos prioritarios, como trabajadores sanitarios y adultos mayores, que aún no han sido inmunizados, al perder la oportunidad de recibir la dosis que les corresponde. Las vacunas contra la COVID-19 son un bien del Estado, y su resguardo es responsabilidad del gobierno.
