Capítulo 2
#Quedateencasa, ¡es una orden!
La emergencia nacional por el COVID-19 anunciada por Nicolás Maduro cambió la dinámica social ya convulsa que atraviesa el país, por un escenario de mayor incertidumbre en diversos ámbitos. Se decretó un estado de alarma nacional para combatir la pandemia, cuya modalidad entra en el marco de estado de excepción que contempla el artículo 388 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza:
“Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta días más”
Maduro señaló ese día: “Quiero decir que vamos a dar el primer paso en las zonas donde se ha detectado la incidencia mayor de este virusimportado, y en la zona donde precisamente están distribuidos los casos de cuarentena de todos estos vuelos que llegaron de Europa, quiere decir la zona número 1, la región número 1 entra en cuarentena a partir de las 5:00 de la mañana: Caracas, La Guaira y Miranda, y a la vez vamos a sumar en esta cuarentena a los estados Zulia, Táchira y Apure, que forman parte de la región occidental y de la región andina.
Quiero decir, repito, Caracas, La Guaira, Miranda, Zulia, Táchira, Apure y de la región los llanos el estado Cojedes que tiene un caso ya comprobado y certificado. Estamos hablando de 7 estados de la República, de 7 zonas de Defensa Integral. Quienes a partir de las 5:00 de la mañana en unión cívico- militar policial, con el apoyo de la conciencia mayoritaria entra en fase número 2 de cuarentena colectiva, de cuarentena social” (Transmisión oficial, domingo 15 de marzo de 2020).
En un país como Venezuela, que vive una emergencia humanitaria, con un sistema de asistencia de salud en ruinas, sería lógico pensar en la necesidad de ser contundentes en la prevención. Y Maduro optó por acciones fuertes, que en muchos países se tomaron en etapas avanzadas de contagio.
Suspendió las actividades escolares y espectáculos públicos, al tiempo que acordó el cierre temporal de restaurantes, cines y movilizaciones, entre otras medidas. Hasta decretó la suspensión de los pocos vuelos internacionales que aún llegaban a Venezuela desde y hacia Colombia, Panamá y República Dominicana, medida que luego abarcó vuelos procedentes de Europa, en un país prácticamente aislado del mundo, porque de 22 aerolíneas que llegaban al aeropuerto Internacional Simón Bolívar en 2014 solo quedaban 8 a principios de 201924.
Delcy Rodríguez, vicepresidente ejecutiva, informó que estaban exceptuados de la suspensión laboral los trabajadores públicos y privados, que atienden sectores esenciales, tales como: servicios de salud, alimentación, electricidad, gas, combustible, desechos sólidos, seguridad, telecomunicaciones y transporte.
Este estado de alarma implicó el inicio de la Fase III del Ejercicio Militar Escudo Bolivariano 2020 “para garantizar la seguridad de la salud del pueblo”25, señaló Maduro.
Esta medida fue encomendada al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, a través de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) y sus respectivas Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI).
Entre 14 y 15 de marzo, funcionarios de REDI y ZODI, junto a personal médico, revisaron los centros de salud, concretamente los 46 hospitales seleccionados como centinelas para atender casos por COVID-19; al tiempo que realizaron ejercicios de aplicación de protocolos para la detección de la enfermedad, que incluyó presencia en accesos a ciudades, comunidades, fronteras, aeropuertos y patrullaje naval para terminales marítimos.
En cuanto al sistema de transporte subterráneo Metro de Caracas y ferrocarril, desde el 17 de marzo se suspendió el servicio regular. Solo se permitió el ingreso de trabajadores de los sectores exceptuados de la cuarentena y se impidió el acceso de pasajeros sin el uso de mascarilla o tapaboca.
No hubo tiempo para que la gente se adecuara a las nuevas restricciones, siendo afectados en especial el sector comercial y empresarial.
Varias medidas, poca protección
Como paliativo Tareck El Aissami, vicepresidente sectorial para el Área Económica, anunció una serie de medidas “para proteger en primer lugar a la familia venezolana, a la clase trabajadora venezolana”27, entre las que se encuentran:
- Inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de este año. Dicha medida no significa un cambio. En Venezuela existe inamovilidad laboral desde hace 10 años, por lo que es un mandato que nada tiene que ver con la pandemia. Este anuncio pudiera ser un intento de la gestión de Maduro de mejorar su imagen internacionalmente.
- Plan Especial de Pago de Nómina a las pequeñas y medianas empresas y comercios a través del sistema Patria. Se trata de la misma acción tomada cuando se realizó la reconversión monetaria el 20 de agosto de 2018.
- Sistema de Bonos al Pueblo.
- Suspensión de pago de arrendamientos por 6 meses, sin apoyo a los dueños de las viviendas que en muchos casos viven de esos alquileres.
- Inversión priorizada en alimentos a través del Plan de Compras Públicas Centralizado. La centralización de los CLAP y masificación de la compra-venta de alimentos es una disposición que lleva más de 4 años y ha resultado una actividad corrupta, violatoria de derechos humanos y que coacciona a la población.
- Suspensión por un lapso hasta de 6 meses, de los pagos de capital e intereses de los créditos. Se trata de una medida que podría considerarse una manipulación. Desde hace 5 años ninguna entidad bancaria o financiera, ni pública ni privada, otorga créditos, ya que están suspendidos en la práctica porque la inflación se los consume. Las tarjetas de crédito perdieron valor ya que su límite de crédito más amplio no alcanza para comprar una barra de pan. Se trata de una acción que es una burla a los venezolanos. Las deudas por créditos hipotecarios que se otorgaron antes de 2015, desaparecieron con la inflación que al día de hoy serían menos de un centavo de dólar. Adicionalmente, el aumento del encaje legal, hace más de un año, ha ocasionado que los bancos tampoco puedan otorgar préstamos comerciales ni de ningún otro tipo.
- Suspensión de la reclasificación de riesgo crediticio. Lo que supone proteger el historial crediticio de los clientes. Sin embargo, en la práctica, viene condicionado por la medida anterior y su escenario en el contexto actual.
- Cartera Única Productiva e inversión financiera para los sectores estratégicos (alimentario, agroindustrial y sus cadenas, industrias farmacéuticas y droguerías, industrias que producen artículos del hogar, empresas, higiene del hogar, aseo personal, desinfectante, cloro, alcohol, etc.). Se trata de un comité que agrupará a todas las carteras bancarias del país, no obstante, la inversión de recursos presupuestarios en muchos sectores estratégicos está suspendida como, por ejemplo, en el sector agroalimentario.
- Exoneración de impuestos, tasas y pago de cualquier arancel a la importación de materia prima, bienes de capital e insumos.
27 Transmisión oficial, miércoles 25 de marzo de 2020.
La única medida fiscal tomada por el Estado ha sido en cuanto a las personas naturales, y solo referida a la exoneración del Impuesto Sobre La Renta (ISLR) y del pago del IVA a las personas que ganen menos de 3 salarios mínimos, es decir, solo incluye a personas que ganan US$ 3 mensuales, quienes realmente no pagan Impuesto Sobre La Renta (ISLR), según las tablas de pago.
Además, esta medida se publicó en Gaceta Oficial los primeros días de abril y el plazo para declarar el impuesto es el 31 de marzo, y este año -a pesar de la cuarentena y el estado de alarma- la gestión de Maduro no dio prórroga.
Como respuesta a estos anuncios, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) propuso una serie de medidas transversales para que sean aplicadas por el Estado, sector privado, trabajadores, actores sociales, políticos y económicos. Entre las propuestas están:
- Garantizar el abastecimiento alimentario, medicinas e insumos médicos.
- Garantizar el empleo y la seguridad sanitaria de los trabajadores.
- Prestación de servicios públicos y suministro de combustible.
- Establecimiento de condiciones financieras de emergencia.
- Flexibilización tributaria.
- Plan comunicacional para la prevención y control de la enfermedad.
- Aplazamiento de nuevas regulaciones legislativas o administrativas.
Además, los empresarios agregan propuestas con planteamientos puntuales para los sectores de transformación de alimentos, agrícola, industrial, comercio, telecomunicaciones, turismo, inmobiliario, construcción, asegurador y bancario.
Maduro no ha atendido las propuestas del sector privado, por lo que el futuro económico puede ser de colapso, lo que incidirá irremediablemente en el aspecto social y político. Es importante la implementación de medidas oportunas a favor de las empresas existentes en el país, independientemente del rubro, pues son actores determinantes en el desarrollo macroeconómico.
A punta de bonos devaluados
Otra de las medidas es la asignación de Bonosdela Patria a las poblaciones más vulnerables. Este es un repaso a los bonos adjudicados durante la pandemia:
No existe información clara que permita verificar cuántas personas reciben este tipo de ayuda, mucho menos cómo son seleccionados los beneficiados, pues no hay reportes, ni evaluación. Esto permite afirmar que se trataría de distribución de dinero a discreción.
Además, estas asignaciones económicas, que promedian US$ 3, no protegen a las familias más vulnerables en medio de la pandemia, por el contrario, los bonos no se traducen en una compensación real y efectiva en un escenario de incertidumbre, hiperinflación, escasez de gasolina, aumento de los precios de alimentos, pues no permiten a los ciudadanos más vulnerables cubrir los productos de la canasta básica, ni la compra de medicamentos.
Cuando se hace un repaso sobre el apoyo económico otorgado en otros países a los ciudadanos para enfrentar la cuarentena, la comparación deja muy mal parados a los Bonos de la Patria. Estados Unidos implementó unos cheques de estímulo por un pago único de
US$ 3.000, a las familias que hayan declarado sus ingresos menores a US$ 75.000. Además, un subsidio de entre US$ 600 y US$ 1.200 a una gran parte de los ciudadanos de los diferentes estados de ese país, incluyendo a Puerto Rico.
En El Salvador, “el gobierno entregó una ayuda económica a 200.000 familias que, por diferentes circunstancias, han sido afectadas por la pandemia del COVID-19”28. En Panamá, se acordó entregar bonos entre US$ 75 y US$ 100, para las personas afectadas en sus empleos. En Colombia, los adultos mayores y beneficiarios del programa Familias en Acción obtendrían un giro adicional29. Perú acordó otorgar un bono único de US$ 108 para hogares pobres y pobres extremos. Bolivia contempló un Bono Familia a quienes tengan niños en escuela primaria, por US$ 72. Argentina anunció bonos de US$ 46 para jubilados que cobran el salario mínimo y beneficiarios de planes sociales y de US$ 47 por hijo para quienes cobran Asignación Universal por Hijo (AUH)30. Puerto Rico acordó incentivos de US$ 500 a trabajadores independientes.
Estas transferencias de dinero forman parte de una política de protección social aplicadas por los gobiernos ante emergencias de diversa índole, para proteger a las poblaciones más vulnerables. Es deber de las autoridades poner a disposición pública la información sobre los usuarios de determinadas ayudas económicas y facilitar las labores de monitoreo, que los datos sean visibles y compartidos por diversos actores (beneficiarios, gobiernos, sociedad civil, etc.). Esta información permite identificar posibles errores de inclusión o exclusión en la focalización, así como de duplicación de los beneficios entregados a través de uno o más programas sociales o ayudas económicas. La transparencia de la información es importante para controlar posibles escenarios de clientelismo político y la captura de los beneficios por parte de determinados grupos de interés al eliminar o, por lo menos, corregir la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos.
Cuarentena-en-Venezuela-medidas-y-restricciones-capítulo-2
