82 organizaciones de la sociedad civil exigen respeto a la privacidad de personas con Covid 19

Organizaciones defensoras de derechos humanos que suscriben esta declaración expresa su preocupación y rechazo a las prácticas de marcaje de las viviendas donde residen personas que han contraído el virus SARS-CoV-2

Caracas, 8 de abril de 2021. El conjunto de organizaciones defensoras de derechos humanos que suscriben esta declaración expresa su preocupación y rechazo a las prácticas de marcaje de las viviendas donde residen personas que han contraído el virus SARS-CoV-2 en varios municipios del estado Yaracuy. Y exigimos el respeto a la privacidad de personas con COVID-19.

Desde hace varios días autoridades de los municipios San Felipe y Sucre, en compañía de funcionarios policiales, militares y militantes del partido de gobierno, han comenzado a colocar en el frente de las residencias carteles con el símbolo de prohibición en los que se identifica “Familia en Cuarentena Preventiva”. Del mismo modo, se señala en el cartel la frase: “No se Aceptan las Visitas”.

Vale señalar que, en el año 2020 en el municipio Independencia, funcionarios municipales comenzaron a rotular viviendas de personas con COVID-19; lo cual generó una serie de críticas por las redes sociales, por lo que, el alcalde, se vio obligado a cesar tales acciones.

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En el municipio Sucre, capital Guama, es el propio alcalde Luis Adrián Duque, quien encabeza los operativos. Duque, basándose en el Decreto 03, no solo ordena colocar los señalados carteles sino también prohibe suprimirlos bajo la sanción pecuniaria de multas; la suspensión del subsidio alimentario del CLAP y del servicio de gas doméstico.

Estas prácticas constituyen una exposición al escarnio público a las personas y a las familias que hayan contraído el señalado virus; sobre todo, dada la percepción colectiva de temor que existe en la ciudadanía con respecto a esta severa patología. De este modo podemos asegurar cómo se vulnera la privacidad de personas con Covid 19.

Al respecto, las directrices sobre el COVID-19 que ha formulado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), expresan claramente:

“La pandemia del COVID-19 está generando una ola de estigmatización, discriminación, racismo y xenofobia. Es preciso que aunemos esfuerzos para hacer retroceder esta tendencia… Por tanto, los dirigentes políticos y las figuras influyentes deberían manifestarse decididamente en contra de la estigmatización y el racismo que esta crisis ha generado».

De igual modo, añade que «deberían abstenerse por todos los medios de azuzar las llamas de la discriminación. Por ejemplo, Los Estados deben actuar con celeridad a fin de contrarrestar la retórica que fomenta el miedo y velar por que sus respuestas al COVID-19 no contribuyan a aumentar la vulnerabilidad a la violencia y la discriminación de determinados grupos de población”.

Además, esta inaudita actuación de autoridades del Estado Venezolano configura una contravención de lo establecido en el art. 69 de la Ley Orgánica de Salud; en el cual expresamente se señala que los pacientes tienen el derecho al “respeto a su dignidad e intimidad, sin que puedan ser discriminados por razones de tipo geográfico, racial social, sexual, económico, político o religioso”.

Debemos denunciar la publicación por grupos de WhatsApp de una lista de personas que han contraído el virus titulada “Caracterización por comunidades de pacientes ingresado en el ambulatorio Dr. Manuel Alcalá Medina 05/04/21”, en la cual se explicitan los nombres, direcciones, cédulas de identidad y edades de varias docenas de personas.

Estos hechos representan una violación del derecho de las personas a su dignidad y privacidad, como lo señala la Ley Orgánica de la Salud; además son sometidas a evidentes riesgos de discriminación y estigmatización, dado el rechazo y el aislamiento a los que pueden ser expuestas. Sobre todo, si se considera que una de las agrupaciones que ejecuta los operativos mencionados la conforma las RASS (Redes de Acción Sociopolítica), articuladas al partido de gobierno con un fuerte acento en el seguimiento y control político de la población.

Además, queremos expresar que una autoridad municipal no se puede abrogar el derecho a imponer multas y privar a las personas de su movilidad, dado que tal actuación representa una extralimitación de sus atribuciones y una violación a la Constitución de la República.

Dadas estas consideraciones, las organizaciones de derechos humanos suscribientes de esta declaración hacemos un llamado a las autoridades a apegarse a sus competencias, actuar frente a la pandemia con criterios epidemiológicos y con base en el respeto a la dignidad humana de cada persona. Las actuaciones señaladas constituyen serias amenazas a los derechos humanos e integridad de las personas en el país; y, como tales, deben ser conocidas por los órganos nacionales de defensa de la población y por los órganos internacionales de protección de DDHH.

A los siete días del mes de abril del año dos mil veintiuno.