En los últimos años, el Estado venezolano se olvido del problema del habitad y se dedico a construir viviendas con lo cual se han agudizado las problemáticas de seguridad, salubridad, servicios, atención de salud primaria, escolaridad, transporte, aguas servidas, corrupción, etc. La construcción de viviendas por parte del Estado venezolano, a través de la denominada Gran Misión Vivienda Venezuela, se ha convertido en los últimos años en la política más emblemática del gobierno actual. Pese a ello, no ha escapado de la realidad política, social y económica del país, denuncias de corrupción e irregularidades en cuanto a eficiencia de la política, y en general cuestionamientos acerca del cumplimiento de la garantía del derecho a una vivienda adecuada según los estándares internacionales establecidos en la Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

Para julio de 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas manifestó su preocupación con respecto a la política en materia de vivienda, específicamente sobre la persistencia de asentamientos informales y el constante déficit de vivienda en el Estado parte, así como la información sobre las deficiencias de las viviendas construidas y el deterioro del medio urbano .

En cuanto al presupuesto destinado a la política pública en materia de vivienda, se destinó un monto de Bs. 13.651 millones, lo que significa una disminución real del 90% con respecto al total gastado para el año 2015 .

Sobre la política pública, Transparencia Venezuela ha advertido a través de un estudio comparativo de 8 indicadores de gestión y evaluación de políticas sociales como la Gran Misión Vivienda Venezuela , que existen irregularidades que generan focos de corrupción y que se concentran en: discreción en la determinación de los beneficiarios que crea la posibilidad de que el beneficio se asigne a personas o familias que no sean prioritarias o no sean el objeto del programa, debilidad o inexistencia de sistemas de control y rendición de cuentas,no se permite el acceso a la información pública y tampoco existen reglamentos. Con respecto al ingreso al sistema, se detectó que no existe un procedimiento formal y público del proceso de verificación de datos de los candidatos, ni de la selección y capacitación de los verificadores, mientras que en cuanto a gestión, se determinaron las siguientes irregularidades: no se dispone de comunicados oficiales sobre denuncias ciudadanas corroboradas, existencia de desalojos injustificados y sin indemnizaciones, presencia de viviendas que son construidas sin servicios básicos y Viviendas entregas sin culminar, entre otras.

Continúa el estudio, culminado en 2014, con certezas sobre riesgos de corrupción en los indicadores de adjudicación y transferencia y de salida, en los que se encontraron ausencia de reglamentos de adjudicación y utilización de la entrega de viviendas como propaganda político partidista, escaso o nulo acceso a información pública y ausencia de estándares mínimos para la rendición de cuentas, inconsistencia entre datos y declaraciones de voceros oficiales y dificultades de verificación y seguimiento de las viviendas entregadas/construidas, respectivamente. Irregularidades que se repiten en la revisión de los indicadores de rendición de cuentas, monitoreo y seguimiento y finalmente reclamos.