Transparencia Venezuela, 25 de abril de 2025. Zulia es un estado que limita nada menos que con la región colombiana del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, donde “hay 55.000 hectáreas sembradas de hoja de coca”, según lo confirmó en marzo de este año el presidente de Colombia, Gustavo Petro. La purga de alcaldes impulsada desde el gobierno venezolano, la mayoría acusados de tráfico de drogas, pone el acento en lo que ha sido una denuncia reiterada: Zulia es una ruta clave de ingreso de la droga y un eje para el crimen organizado. Esto, justo en momentos en que Venezuela se prepara para unas elecciones regionales.

Por lo menos desde hace dos décadas la autodenominada Revolución Bolivariana ha ejercido un fuerte control sobre los municipios Almirante Padilla y Miranda, cabeceras del tránsito marítimo del narcotráfico y una de sus vías expeditas hacia el Caribe. Es una suerte de válvula geográfica para los cargamentos de droga que circulan desde la Bahía El Tablazo, en la salida del Lago de Maracaibo, hacia el golfo de Venezuela y el mar Caribe.

Cargamentos de drogas que vienen de la zona fronteriza con Colombia al suroeste del estado, así como una parte de los envíos desde la Guajira colombiana, pasan a través de los caños de manglares del territorio insular que comparten los municipios Almirante Padilla y Miranda.

Otras vías se despliegan desde el sur del lago en una combinación de trayectos terrestres y lacustres hasta la costa oriental en Sabaneta de Palma, en el municipio Miranda, desde donde los cargamentos pueden ser preparados para su tránsito por rutas como la del Paso La Cañonera, una trocha de agua en el manglar al oeste de la isla Barbosa, donde en la época colonial los españoles situaron una batería de cañones para la defensa de la barra del lago. No es casual que el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello haya señalado específicamente ese paso al anunciar la doble incautación de cargamentos de cocaína que suman más de 7 toneladas, en operaciones ejecutadas el 14 y el 21 de marzo de este año.

La ventaja para los criminales de transportar las cargas de drogas por esas rutas es la escasa vigilancia en las costas del golfo entre Zulia y Falcón. Evitan, además, el tránsito por mar abierto desde la Guajira venezolana, que está más expuesto a interceptaciones de las fuerzas navales y guardias costera de Colombia y Venezuela; y también se acorta la distancia hasta los puertos de transbordo en el occidente falconiano.

Los carteles internacionales utilizan embarcaciones pesqueras que salen de la Bahía El Tablazo. Para ello las bandas criminales locales aliadas se encargan de la vigilancia y la extorsión a los pescadores artesanales de la zona.

Transparencia Venezuela en el exilio, 23 de abril de 2025. Hace poco fue aprobado, con 9 años de retraso, el Reglamento de Brigadas Mineras que solo viene a ratificar las políticas de explotación irracional del oro en Venezuela y a profundizar el secretismo en torno a esta actividad de la que solo se benefician unos cuantos cleptócratas, justo cuando los precios por onza de ese mineral han subido más del 25 % en lo que va de 2025 a nivel mundial, una tendencia que se espera que se mantenga en los próximos años.

Ese reglamento establece supuestos cambios para que todo quede igual. Es barniz de legalidad que, además de tardío, pretende establecer un registro de las brigadas mineras existentes y las que estén por crearse, pero no establece la obligación de publicar la lista de identificación o las áreas de trabajo de cada brigada ni de los reportes de su producción, de sus licencias ambientales y sociales. Tampoco se ordena la articulación del trabajo de estas brigadas con los órganos de la Fuerza Armada Nacional que tienen competencia en esta materia (Anexo Análisis sobre el Reglamento de las Brigadas Mineras).

Los ¿errores? del Estado, que es un mal administrador de nuestras riquezas minerales, hacen que el escenario de posibles ganancias para el país frente al alza de los precios del oro represente solo pérdidas para los venezolanos, a quienes no llegarán esos recursos adicionales para mejorar, por ejemplo, los servicios públicos, la infraestructura o los paupérrimos salarios.

El 16 de abril de 2025 el oro alcanzó los 3333,29 dólares por onza, marcando un hito sin precedentes en los mercados financieros, con un alza de más del 25 % en los primeros meses de 2025, situándolo como el activo refugio por excelencia ante un entorno global de alta volatilidad. Las acciones de las mineras de oro han superado incluso al propio metal, con Agnico Eagle Mines subiendo un 35%, Newmont un 29% y Barrick Gold un 21% en lo que va de este año.

Esta escalada es resultado de varios factores que confluyen en un escenario de incertidumbre y reconfiguración económica, entre ellos- y uno de los principales- está el regreso de Estados Unidos a políticas comerciales proteccionistas. “Con Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca, se han reintroducido aranceles del 10 % que afectan a múltiples sectores. Estas medidas no solo distorsionan el comercio global, sino que generan desconfianza entre los inversores, quienes vuelven la mirada hacia activos tradicionales como el oro”, señalan algunos analistas.

Se predice que seguirá el aumento en el valor del oro en 2025 a 3.357 dólares por onza troy y los pronósticos más positivos sugieren un crecimiento hasta 3.720,38 dólares. Según estimaciones más conservadoras, el precio del activo puede llegar a 3.077,76 dólares para fin de año. El pronóstico general de las agencias de análisis para 2027-2030 es positivo. Los expertos esperan que el precio del metal aumente entre 4.988,99 y 5.194 dólares para 2030.

A continuación, presentamos algunas de las razones por las que los venezolanos deberíamos estar preocupados frente a la explotación irracional de este mineral y al incremento del valor del oro en los próximos años:

1. El precio del oro. Justo cuando los precios del oro han subido más del 25 % en 2025, con tendencia a mantenerse altos varios años, el gobierno continúa afianzando el secretismo y sus políticas de explotación irracional del oro con un nuevo reglamento, de la que solo se benefician unos cuantos cleptócratas.
2. Las pérdidas de oportunidad.  Un Reglamento de Brigadas Mineras con nueve años de retraso, que pretende establecer un registro de estas brigadas, pero no obliga a publicar la lista de identificación o las áreas de trabajo de cada una, ni sus reportes de su producción.

Tampoco aumenta el valor de nuestras exportaciones ni se acumulan reservas, debilitando la economía y, además, perdemos mercados que serían favorables para Venezuela.

3. Los pronósticos sobre el precio para 2025 y 2026. El 16 de abril de 2025 el oro alcanzó los 3.333,29 dólares por onza, un hito en los mercados financieros, debido entre otros, a las políticas arancelarias de EEUU que generando desconfianza en los inversores vuelven la mirada hacia activos como el oro, según analistas.
4. El impacto en los ciudadanos. Cada hectárea mal aprovechada representa menos oportunidades para mejorar la educación, la salud, los servicios públicos, inversión en infraestructuras porque la renta minera, es decir, el ingreso en el tesoro nacional, no es proporcional al oro realmente extraído.

Estas acciones del Estado hacen que las posibles ganancias frente al alza de los precios del oro representen pérdidas para los venezolanos, a quienes no llegarán esos recursos para mejorar los servicios públicos, la infraestructura o los paupérrimos salarios

5. Incremento de los valores de las acciones de las empresas mineras. Los grupos que participan en la extracción ilegal del oro resultan beneficiados de la evasión de permisos, controles, vigilancia y supervisión de la extracción, sin pago de regalías e impuestos.
6. El pasivo ambiental Es un costo muy alto para la actual y próxima generación de venezolanos, que tendrán menos oro y un desastre ambiental creciente por la contaminación del agua y la desertificación a causa de la explotación minera con enfoque irracional.

Transparencia Venezuela en el exilio, abril 2025. La decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender las licencias a la actividad petrolera de la estadounidense Chevron y de las empresas europeas aliadas con Pdvsa, así como la imposición de un régimen arancelario a todo el que negocie con petróleo venezolano, plantea nuevas interrogantes sobre las relaciones comerciales entre China y Venezuela.

El contexto geopolítico actual es diferente al de 2019, cuando entraron en vigor las sanciones estadounidenses a Pdvsa. La deuda de Venezuela con China y Rusia era mayor que ahora; Rusia no estaba en guerra ni sus empresas petroleras y de transporte estaban sujetas a sanciones; la ofensiva comercial de Estados Unidos estaba focalizada, era de menor intensidad y no se había instrumentalizado para sancionar.

Además, las relaciones económicas entre Venezuela, Rusia y China, recién iniciaban el periodo de enfriamiento que aún persiste; el régimen de Venezuela no tenía experiencia en evasión de sanciones petroleras; la red cleptócrata interna no había enfrentado reacomodos como el ocurrido luego de la colosal trama de corrupción Pdvsa-cripto, donde se perdieron $16.690 millones y la coalición del gobierno perdió, con la ¿prisión? de Tarek El Aissami, uno de sus ejes. A esto se agrega que la crisis política que existía no era tan grande como la generada luego del fraude electoral del 28 de julio de 2024 y el recrudecimiento de la represión; tampoco los niveles de rechazo al régimen eran de la dimensión que ahora tiene. 

Algunos de estos elementos implican obstáculos a la evasión de las sanciones, pero es preciso considerar que en la actualidad China es el comprador de más de 50% del petróleo exportado por Venezuela, liderazgo que ostenta desde 2019, aunque los reportes estadísticos de la aduana de China no reflejaron importaciones de crudo venezolano durante los años 2020 y 2021 y a partir de 2022 aparecen compras de sustancias bituminosas o asfalto y no de petróleo.

Por otro lado, la guerra de aranceles abierta de la administración Trump contra China y en menor medida contra históricos aliados comerciales, tendrá respuestas desde Asia que podrían desenmascarar sus actividades de compra y refinación de crudo sancionado.

Investigaciones de medios han documentado cómo las empresas China Concord Petroleum Co., Hangzhou Energy y China Aerospace Science and Industry Corp (Casic), brazo comercial de una empresa de defensa, han prestado servicios logísticos de transporte de petróleo sancionado de Venezuela, haciendo transbordos en altamar, renombrando el crudo Merey a Singma, Mal, Miri o Kimanis y con ello cambiando el origen a Malasia.

Cabe acotar que Casic recibió supertanqueros que PetroChina embargó a Pdvsa luego de la quiebra de la empresa conjunta CV Shipping y una disputa legal, de tal manera que Casic comercializa el petróleo venezolano con buques que antes pertenecieron a Pdvsa.

Pequeñas refinerías chinas conocidas como “Teteras”, ubicadas estratégicamente en la provincia de Shandong y la costa oriental de China, son las compradoras de petróleo sancionado de Irán, Rusia y Venezuela; transacciones que se realizan en moneda de China (renminbi) o criptomoneda y que permiten el aprovechamiento de grandes descuentos respecto al mercado de petróleo no sancionado, sin comprometer a las grandes refinerías estatales de alcance multinacional, como China National Petroleum Corporation (CNPC),  China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) o PetroChina Co Ltd.

El uso de renminbi en las transacciones permite amortizar la deuda de Venezuela, mientras que las criptomonedas han servido de refugio para comercializadores que buscan escapar de instancias de control de cualquier tipo.  

Este contexto permite pronosticar que China seguirá siendo un actor importante en la comercialización y refinación del crudo venezolano, con un elevado poder para imponer condiciones sobre los precios, las cantidades a comprar y las formas de pago, en un mercado en el que Rusia e Irán también necesitan colocar sus productos y en el que difícilmente Pdvsa pueda mantener niveles de producción sin la participación de empresas occidentales.

Transparencia Venezuela, 15 de abril de 2025. La extorsión en Venezuela no es un hecho criminal aislado, sino una economía ilícita que se ha normalizado desde el mismo Estado, porque en muchos casos son los propios funcionarios los perpetradores y los cómplices, por acción u omisión, en medio de un contexto de gran corrupción y de captura de los organismos de control y de justicia.

En el informe Las caras de la extorsión en Venezuela 2024, Transparencia Venezuela en el exilio, se aborda la indefensión en la que viven los venezolanos cercados por la práctica extorsiva de dos tipos de actores bien diferenciados: los grupos criminales y los funcionarios corruptos del Poder Público nacional, regional y local. Se destaca que la situación es particularmente grave cuando están involucrados funcionarios del sistema de justicia, así como de los organismos de seguridad y defensa porque se corren riesgos de libertad y de vida.

“Para los venezolanos se ha vuelto común convivir con distintas formas de extorsión. Desde la que cometen las organizaciones criminales que hacen vida en el país, hasta la que se ejecuta desde los mismos entes del Estado, por algunos funcionarios corruptos que permiten la actuación de los criminales favoreciendo la impunidad y por otros que se han convertido en perpetradores directos del crimen o facilitadores”, acota el estudio.

Aunque el texto presenta algunas cifras sobre la extorsión, también advierte sobre lo difícil que resulta estimar el peso económico de esta actividad ilícita en Venezuela, dadas las limitaciones de acceso a la información pública. Sin embargo, los datos preliminares indican un aumento y diversificación de los tipos y actores de la extorsión en Venezuela. Pese a que los efectos están a la vista, desde el Estado no hay ningun reporte de estos hechos, ni acciones de prevención o investigación.

En este nuevo reporte sobre economías ilícitas se muestran las diferentes formas en las que se produce la práctica extorsiva en Venezuela, se identifican los actores involucrados y se analiza el impacto de esta situación en el ejercicio de los derechos fundamentales de los venezolanos, así como la actuación de los organismos que deberían prevenir la extorsión. Finalmente se ofrecen recomendaciones para tratar de disminuir este delito.

“Hay que dejar claro que sin una reforma estructural que rompa las sinergias entre la economía criminal e institucionalidad estatal, cualquier intento de control será absorbido por el propio sistema de extorsión institucionalizada. Documentar, visibilizar y comprender esta dinámica es clave para entender cómo la corrupción es el centro funcional del poder estatal criminalizado en Venezuela”, se advierte en el informe.

De la Operación Tun Tun a la matraca en las aduanas, trámites y en justicia

La investigación identificó y analizó cuatro tipos de extorsión que involucran a funcionarios corruptos: la extorsión postelectoral de 2024; la perpetrada por funcionarios de seguridad y defensa y del sistema de justicia; la de los efectivos que trabajan en las aduanas marítimas y terrestres, así como la que se registra en trámites, documentos y otros servicios públicos.

En cuanto a la extorsión postelectoral, se destaca cómo esta práctica “pasó a ser una táctica abierta gubernamental para incrementar el control político y social, en principio a través de la llamada Operación Tun Tun, sin lloradera aupada por las autoridades”.

Se analiza la situación electoral desde enero de 2024, en la precampaña y durante la campaña, y se señala que la práctica extorsiva se intensificó después de la elección presidencial del 28 de julio, cuando “organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación registraron denuncias sobre policías, militares, fiscales y jueces que solicitaron entre 300 dólares y 15.000 dólares para dejar en libertad a personas que habían sido detenidas en el contexto de las protestas y a quienes estaban amenazando con involucrarlos en delitos graves como traición a la patria”.

Esto se dió en un escenario de represión con al menos 1.673 detenidos (entre el 29 de julio y el 9 de septiembre), según la organización Foro Penal, mientras las autoridades hablaban de 2.000 arrestos, superando cifras de años anteriores, incluso de las protestas de 2014 y 2017, hechos por los que hay una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI).

Sobre la extorsión en aduanas, el análisis plantea que en 2024 las “ganancias” irregulares por la actividad extorsiva en los puertos, en la modalidad puerta a puerta, alcanzaron los 504 millones de dólares producto de la tarifa irregular que cobran los funcionarios corruptos por cada cargamento, de acuerdo con un estudio realizado para este informe.

Una cifra más alta en esta modalidad se registró en 2022 cuando se estimó que los funcionarios corruptos obtuvieron al menos 1.394 millones de dólares exigiendo, en ese entonces, una tarifa ilegal de 16 dólares por pie cúbico de cada container. En 2023 el monto descendió a 900 millones en “especial por la caída de las importaciones y el aumento de regulaciones en el sector”.

También se evalúa la extorsión en alcabalas, o puntos de control, especialmente en zonas fronterizas donde están presentes militares, policías, funcionarios de migración, del servicio aduanero, entre otros. El informe señala cómo la extorsión ha impactado en años recientes a miles de ciudadanos, desde migrantes pendulares, empresas de distribución, conductores de vehículos de carga pesada, vehículos particulares y motos.

En 2022 Transparencia Venezuela, con los datos de compañías de transporte y distribución, estimó que la probabilidad de extorsión se ubicaba en 25%, pues “de cada cuatro alcabalas que una persona encuentra en la vía, al menos en una hacen cobros ilegales”. Una de las novedades para 2024 es el prepago de la extorsión en el punto de salida de los cambiones de carga, que los libra de paradas y pagos a lo largo de su recorrido.

Sobre la extorsión de los cuerpos de seguridad y defensa y del sistema de justicia se hizo un registro de los casos, especialmente en 2024, que involucran en este delito a funcionarios judiciales, policiales y militares en diferentes ámbitos y circunstancias, lejos del escenario político.  

Destacan varios casos a principios de 2024. En enero, un fiscal y dos representantes de la Defensa Pública que fueron detenidos por recibir 360.000 dólares de un integrante del Tren de Aragua; en marzo fue aprehendida la jefa de la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público de Caracas por cobrar a una persona a cambio de cerrarle varias averiguaciones; y en abril fueron señalados un fiscal auxiliar y un abogado por exigir 300.000 dólares a un ciudadano a cambio de su libertad.

También a finales de 2024 se anunció la detención de nueve funcionarios judiciales en Zulia, en un operativo de contrainteligencia, que involucró al presidente del Circuito Penal de ese estado, tres jueces, dos fiscales, y dos funcionarios más, por intentar cobrar 100.000 dólares a una mujer para agilizar un proceso judicial.

En esta entrega se hace referencia a funcionarios policiales que extorsionan en barriadas de Caracas o en alcabalas en calles y avenidas en muchos estados del país, especialmente en la capital. También se mencionan denuncias sobre efectivos de seguridad que extorsionan a productores agropecuarios con acusaciones falsas, exigiendo cuotas que oscilan entre 3.000 dólares y 5.000 dólares; y custodios que en las cárceles cobran por permitir el acceso de alimentos o medicinas y otros beneficios, de acuerdo con organizaciones como el Observatorio Venezolano de la Violencia y Fundaredes.

Sobre la extorsión en trámites, documentos y otros servicios, en el texto se señala cómo esta práctica es parte de la cultura de gestión pública y cómo muchos funcionarios de distintas instituciones “condicionan con pagos, en especies o dinero, desde la atención para recibir denuncias o documentos y brindar asesorías u orientaciones, hasta los resultados que se puedan obtener de un trámite”.  Se hace referencia a casos de extorsión en entes como registros y notarías, organismos de administración tributaria municipal y nacional y entes encargados de los servicios públicos, donde se exigen desde pagos en divisas, hasta paquetes de harina, arroz o una merienda.

Transparencia Venezuela, 08 de abril de 2025.  Al menos 2.177 millones de dólares es la cantidad que la élite política y sus aliados obtuvieron por la producción de oro en Venezuela durante 2023, una de las estrategias de la cúpula del poder para captar rentas ilícitas ante el desplome de la industria petrolera, reportando solo una mínima parte de los ingresos al Tesoro Nacional, mientras se siguen destruyendo suelos fértiles y bosques y violando los derechos fundamentales de miles de venezolanos en las zonas mineras.

En el informe Explotación de oro en Venezuela 2024: devastación, caos y corrupción Transparencia Venezuela en el exilio presenta una actualización de cómo en esta actividad económica se profundizan y perfeccionan los mecanismos corruptos, dejando casi de lado el contrabando con pistas clandestinas y otras estrategias, para utilizar desde 2020 las llamadas “alianzas estratégicas”, que son acuerdos discrecionales entre un ente del Estado venezolano y personas naturales o jurídicas, para desviar los ingresos de todos los venezolanos a manos de actores que aparentan estar ajustados a la legalidad.

Transparencia Venezuela identificó en el negocio del oro, hasta el cierre de 2024, al menos 72 empresas que forman parte de esas “alianzas estratégicas”, cuyos dueños son militares y personas cercanas a las élites del poder, algunas de ellas investigadas por corrupción en otros países. Además, se advierte que no tienen experiencia en la explotación, producción y comercialización de oro.

La estimación de los ingresos en 2023 por la explotación del mineral presentada en este análisis, para tratar de arrojar luz ante la ausencia de cifras oficiales, consideró la producción de oro que se estimó entre 45 y 54 toneladas ese año. De acuerdo a los cálculos las ganancias rondarían entre los 2.750 y 3.300 millones de dólares.

Para poner en perspectiva esas cifras se estimó que solo 14% de las ganancias entraron al patrimonio público como ingresos fiscales y pagos al Banco Central de Venezuela (BCV), mientras que 66% se queda en manos de las alianzas estratégica ligadas a la élite política y 20% sería la renta de grupos criminales, que siguen a sus anchas en las zonas mineras pese al despliegue sin precedentes de organismos de seguridad del Estado al sur del país.

Estas cifras planteadas son muy conservadoras. En un ejercicio de cálculo, el monto se eleva a 5.667 millones de dólares para 2024, si se toma como referencia cierta las 67,3 toneladas de producción de oro que el gobierno estimaba que se alcanzarían entre 2023 y 2024, según el Plan Sectorial Minero, y el precio promedio del kilo del mineral (84.208,20 dólares). Pero no hay datos oficiales y ahí está el centro de la irregularidad. Solo se cuenta con una declaración del presidente Nicolás Maduro en enero de 2025 en la que aseguró que en 2024 el sector minería “creció 21%”.

Las alianzas estratégicas ¿para el bien de Venezuela?

El análisis aborda las alianzas estratégicas que existen en Venezuela desde 2015, a partir del Decreto Ley que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos. Su auge se ha profundizado desde 2020 por encima de las empresas mixtas (que tenían al menos 55% de participación del Estado) y cuentan con el aval del BCV, con una diferencia significativa: las alianzas estratégicas pueden tener una participación de hasta 80% sobre lo que producen, mientras el Estado apenas el 20% restante.

Se señala en el informe que este aspecto sobre la ganancia es significativo porque sumado el secretismo que rodea a las empresas con las que se establecen estas “alianzas estratégicas”, se crea un escenario propicio para las corruptelas.

“No se conocen los criterios ni los procedimientos de los entes públicos para seleccionar a los socios en las alianzas estratégicas, el alcance de sus obligaciones, la duración de los acuerdos, el nivel de producción, la cantidad de contratos que se han suscrito hasta la fecha, así como las cifras de mineral exportado o entregado a la República por medio del BCV. Tampoco hay información sobre los beneficiarios finales de estos acuerdos”, señala el reporte.

En esta entrega Transparencia Venezuela presenta hasta el cierre del 2024 los nombres de 72 empresas que se han aliado con el Estado venezolano “para la explotación de oro, la instalación de plantas de cianuración para su procesamiento y la venta de insumos”. Se advierte que no fue posible precisar si todas estas compañías estaban operativas a finales del año pasado.

“Uno de los casos es el de la empresa Corporación Petroglobal, que estableció una alianza con la Corporación Venezolana de Minería (CVM) para el desarrollo de actividades de beneficio y transformación de arenas auríferas con el uso de cianuro. De acuerdo con las investigaciones realizadas, esta empresa es propiedad de Mario Bonilla Vallera identificado por la justicia de Estados Unidos, como el testaferro de los hijos de Cilia Flores, Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores”, señala el informe.

En la actualización de la información se determinó que en la Empresa Minera Ecosocialista JC, CA o JC Eminca figura como presidente, con 50% de las acciones, el militar Jesús Rafael Velásquez Acosta, que en 2022 se le identificó como personal en reserva activa de la 33 Brigada Caribe “G/B Valentín García” y también es de la misma promoción del coronel Antonio José Pérez Suárez, detenido en marzo de 2023 por el caso Pdvsa Cripto.

En la Zurisadai NM.1:6, C.A, uno de los accionistas es el general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) José Gregorio Almao Barroeta, quien ha ocupado varios cargos entre ellos presidente ejecutivo de la Fundación Misión Negra Hipólita (2015).

“Aunque hay alianzas estratégicas que se encargan de llevar a cabo todas las fases de la producción de oro, desde la exploración y explotación del material hasta su comercialización, otras se dedican solo de acopiar el material que sigue siendo extraído por pequeños mineros a quienes en muchas ocasiones se les señala como legales o ilegales, según convenga”, agrega el informe.

Refiere la investigación que los mineros en El Callao y otros municipios del sur del estado Bolívar que están en esas empresas “no cuentan con equipos de seguridad suficientes, trabajan durante largas jornadas sin descanso, habitan en viviendas que no tienen cubiertas las necesidades más básicas y continúan empleando mercurio para amalgamar las partículas de oro pese a que se trata de un material prohibido”. Además, “les decomisan los insumos que transportan pese a contar con las facturas o guías de movilización emitidas por la misma CVM o sus empresas autorizadas”.

El informe presenta un registro de 27 personas muertas (entre ellas 2 indígenas) y 41 heridos en ocho hechos acaecidos en las minas durante 2024, uno ocurrido en Amazonas y siete en el estado Bolívar.

Transparencia Venezuela, 01 de abril de 2025. El Tren de Aragua se ha filtrado en más de 10 países de América, y puso en alerta a España tras la detención en Barcelona del hermano del “Niño Guerrero”, lucrándose con el éxodo de venezolanos, que son sus principales víctimas; funcionando como una red de nodos, con “franquicias”; y estableciendo un sofisticado sistema de blanqueo, entre otras estrategias para lograr su avance criminal.

En su informe Tren de Aragua: la red criminal que desafía fronteras, Transparencia Venezuela en el exilio presenta una actualización de la acción de policías, fiscalías, sistemas de justicia y unidades de inteligencia financiera de países de la región, cuyos gobiernos, dependiendo de la gravedad del caso, han destinado recursos, esfuerzos, experticia y han recurrido a la cooperación internacional para neutralizar a esta banda delictiva que fue designada a principios de 2025 como una Organización Terrorista Extranjera por las autoridades de Estados Unidos, lo que fue replicado  casi de inmediato por países como Canadá, Argentina y Ecuador.

El Tren de Aragua opera en los países donde han llegado más migrantes venezolanos como Colombia, Perú, Chile, Panamá, Ecuador, Bolivia, Brasil y Trinidad y Tobago, además de Estados Unidos y México, encendiendo las alarmas en países como Canadá y hasta en España, donde desde 2022 había indicios de posible lavado de dinero de esta organización delictiva en su territorio, según pesquisas de Chile. Existe un grupo de investigación especial de la policía española que busca rastros del Tren de Aragua.

El análisis destaca cómo desde 2018, cinco años antes de la intervención policial y militar la cárcel de Torocón, ya había reportes del accionar del Tren de Aragua en la frontera de Venezuela con Colombia y Brasil, Aruba, Curazao, Bonaire, Trinidad y Tobago, Perú, Chile cometiendo delitos de extorsión, tráfico de migrantes, minería ilegal y contrabando, especialmente de gasolina.

Se advierte que la expansión del Tren de Aragua ha planteado retos de seguridad a la región, no solo porque evidencia la debilidad institucional de los diferentes gobiernos en sus fronteras, sino porque la prisión ha sido una escuela de especialización criminal para sus integrantes.

También se presenta en este análisis una actualización hasta principios de 2025 de las acciones policiales y judiciales contra los integrantes de esta banda criminal en los 10 países de América donde se ha detectado su presencia, así como en España que ha tomado medidas a raíz de la captura del hermano del “Niño Guerrero”.