La extorsión en Venezuela es un ilícito normalizado desde el Estado
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En su más reciente informe, Transparencia Venezuela sostiene que, aunque no es un fenómeno nuevo, la extorsión se ha ampliado en los últimos años, al punto que en 2024 se registraron denuncias e indicios en gran cantidad de sectores, incluso se reportaron denuncias de familiares que pagaron para liberar a personas detenidas en protestas luego de elección presidencial del 28 de julio
Transparencia Venezuela, 15 de abril de 2025. La extorsión en Venezuela no es un hecho criminal aislado, sino una economía ilícita que se ha normalizado desde el mismo Estado, porque en muchos casos son los propios funcionarios los perpetradores y los cómplices, por acción u omisión, en medio de un contexto de gran corrupción y de captura de los organismos de control y de justicia.
En el informe Las caras de la extorsión en Venezuela 2024, Transparencia Venezuela en el exilio, se aborda la indefensión en la que viven los venezolanos cercados por la práctica extorsiva de dos tipos de actores bien diferenciados: los grupos criminales y los funcionarios corruptos del Poder Público nacional, regional y local. Se destaca que la situación es particularmente grave cuando están involucrados funcionarios del sistema de justicia, así como de los organismos de seguridad y defensa porque se corren riesgos de libertad y de vida.
“Para los venezolanos se ha vuelto común convivir con distintas formas de extorsión. Desde la que cometen las organizaciones criminales que hacen vida en el país, hasta la que se ejecuta desde los mismos entes del Estado, por algunos funcionarios corruptos que permiten la actuación de los criminales favoreciendo la impunidad y por otros que se han convertido en perpetradores directos del crimen o facilitadores”, acota el estudio.
Aunque el texto presenta algunas cifras sobre la extorsión, también advierte sobre lo difícil que resulta estimar el peso económico de esta actividad ilícita en Venezuela, dadas las limitaciones de acceso a la información pública. Sin embargo, los datos preliminares indican un aumento y diversificación de los tipos y actores de la extorsión en Venezuela. Pese a que los efectos están a la vista, desde el Estado no hay ningun reporte de estos hechos, ni acciones de prevención o investigación.
En este nuevo reporte sobre economías ilícitas se muestran las diferentes formas en las que se produce la práctica extorsiva en Venezuela, se identifican los actores involucrados y se analiza el impacto de esta situación en el ejercicio de los derechos fundamentales de los venezolanos, así como la actuación de los organismos que deberían prevenir la extorsión. Finalmente se ofrecen recomendaciones para tratar de disminuir este delito.
“Hay que dejar claro que sin una reforma estructural que rompa las sinergias entre la economía criminal e institucionalidad estatal, cualquier intento de control será absorbido por el propio sistema de extorsión institucionalizada. Documentar, visibilizar y comprender esta dinámica es clave para entender cómo la corrupción es el centro funcional del poder estatal criminalizado en Venezuela”, se advierte en el informe.
De la Operación Tun Tun a la matraca en las aduanas, trámites y en justicia
La investigación identificó y analizó cuatro tipos de extorsión que involucran a funcionarios corruptos: la extorsión postelectoral de 2024; la perpetrada por funcionarios de seguridad y defensa y del sistema de justicia; la de los efectivos que trabajan en las aduanas marítimas y terrestres, así como la que se registra en trámites, documentos y otros servicios públicos.
En cuanto a la extorsión postelectoral, se destaca cómo esta práctica “pasó a ser una táctica abierta gubernamental para incrementar el control político y social, en principio a través de la llamada Operación Tun Tun, sin lloradera aupada por las autoridades”.
Se analiza la situación electoral desde enero de 2024, en la precampaña y durante la campaña, y se señala que la práctica extorsiva se intensificó después de la elección presidencial del 28 de julio, cuando “organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación registraron denuncias sobre policías, militares, fiscales y jueces que solicitaron entre 300 dólares y 15.000 dólares para dejar en libertad a personas que habían sido detenidas en el contexto de las protestas y a quienes estaban amenazando con involucrarlos en delitos graves como traición a la patria”.
Esto se dió en un escenario de represión con al menos 1.673 detenidos (entre el 29 de julio y el 9 de septiembre), según la organización Foro Penal, mientras las autoridades hablaban de 2.000 arrestos, superando cifras de años anteriores, incluso de las protestas de 2014 y 2017, hechos por los que hay una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI).
Sobre la extorsión en aduanas, el análisis plantea que en 2024 las “ganancias” irregulares por la actividad extorsiva en los puertos, en la modalidad puerta a puerta, alcanzaron los 504 millones de dólares producto de la tarifa irregular que cobran los funcionarios corruptos por cada cargamento, de acuerdo con un estudio realizado para este informe.
Una cifra más alta en esta modalidad se registró en 2022 cuando se estimó que los funcionarios corruptos obtuvieron al menos 1.394 millones de dólares exigiendo, en ese entonces, una tarifa ilegal de 16 dólares por pie cúbico de cada container. En 2023 el monto descendió a 900 millones en “especial por la caída de las importaciones y el aumento de regulaciones en el sector”.
También se evalúa la extorsión en alcabalas, o puntos de control, especialmente en zonas fronterizas donde están presentes militares, policías, funcionarios de migración, del servicio aduanero, entre otros. El informe señala cómo la extorsión ha impactado en años recientes a miles de ciudadanos, desde migrantes pendulares, empresas de distribución, conductores de vehículos de carga pesada, vehículos particulares y motos.
En 2022 Transparencia Venezuela, con los datos de compañías de transporte y distribución, estimó que la probabilidad de extorsión se ubicaba en 25%, pues “de cada cuatro alcabalas que una persona encuentra en la vía, al menos en una hacen cobros ilegales”. Una de las novedades para 2024 es el prepago de la extorsión en el punto de salida de los cambiones de carga, que los libra de paradas y pagos a lo largo de su recorrido.
Sobre la extorsión de los cuerpos de seguridad y defensa y del sistema de justicia se hizo un registro de los casos, especialmente en 2024, que involucran en este delito a funcionarios judiciales, policiales y militares en diferentes ámbitos y circunstancias, lejos del escenario político.
Destacan varios casos a principios de 2024. En enero, un fiscal y dos representantes de la Defensa Pública que fueron detenidos por recibir 360.000 dólares de un integrante del Tren de Aragua; en marzo fue aprehendida la jefa de la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público de Caracas por cobrar a una persona a cambio de cerrarle varias averiguaciones; y en abril fueron señalados un fiscal auxiliar y un abogado por exigir 300.000 dólares a un ciudadano a cambio de su libertad.
También a finales de 2024 se anunció la detención de nueve funcionarios judiciales en Zulia, en un operativo de contrainteligencia, que involucró al presidente del Circuito Penal de ese estado, tres jueces, dos fiscales, y dos funcionarios más, por intentar cobrar 100.000 dólares a una mujer para agilizar un proceso judicial.
En esta entrega se hace referencia a funcionarios policiales que extorsionan en barriadas de Caracas o en alcabalas en calles y avenidas en muchos estados del país, especialmente en la capital. También se mencionan denuncias sobre efectivos de seguridad que extorsionan a productores agropecuarios con acusaciones falsas, exigiendo cuotas que oscilan entre 3.000 dólares y 5.000 dólares; y custodios que en las cárceles cobran por permitir el acceso de alimentos o medicinas y otros beneficios, de acuerdo con organizaciones como el Observatorio Venezolano de la Violencia y Fundaredes.
Sobre la extorsión en trámites, documentos y otros servicios, en el texto se señala cómo esta práctica es parte de la cultura de gestión pública y cómo muchos funcionarios de distintas instituciones “condicionan con pagos, en especies o dinero, desde la atención para recibir denuncias o documentos y brindar asesorías u orientaciones, hasta los resultados que se puedan obtener de un trámite”. Se hace referencia a casos de extorsión en entes como registros y notarías, organismos de administración tributaria municipal y nacional y entes encargados de los servicios públicos, donde se exigen desde pagos en divisas, hasta paquetes de harina, arroz o una merienda.
¿Es el Estado venezolano enemigo de sus ciudadanos?
El reporte analiza el impacto de la extorsión perpetrada por funcionarios en las garantías elementales de los venezolanos. “Se está ante la presencia de un Estado enemigo de los ciudadanos, que incumple de manera flagrante cualquier vestigio de garantía y disfrute de sus derechos”, se lee en el reporte, en el que se destaca que no se conoce ningún caso de indemnización y reparación integral a las víctimas, incluido el pago por los daños y perjuicios; ni mucho menos se sabe de iniciativas legislativas que apunten hacia ese objetivo.
Además, el texto presenta un acercamiento detallado del impacto negativo en los derechos humanos, tomando en consideración el organismo que incurre en la extorsión y la modalidad aplicada.
Diez tipos de víctimas de extorsión de grupos criminales
En el informe se destaca que la extorsión por parte de grupos criminales no distingue estrato social, ocupación ni espacio geográfico donde se habite, pues todos los venezolanos están expuestos, aunque estas organizaciones actúan a sus anchas en zonas fronterizas.
Entre los actores de la extorsión netamente criminal se mencionan la guerrilla colombiana (disidencias de las FARC y el ELN), las bandas extorsivas regionales y las megabandas criminales, que se dedican a la extorsión, aunque no en forma exclusiva como el Tren del Llano, el Tren de Guayana y el temido Tren de Aragua.
Para aproximarse a la extorsión criminal se presentan al menos 10 tipos de víctimas de estos grupos, aunque pueden existir otras, entre las que se cuentan familias vulnerables, transportistas, pescadores, productores agropecuarios, comerciantes y empresarios, escuelas privadas; mineros, indígenas y comunidades del sur de Venezuela; privados de libertad, migrantes y deportistas.
Se presenta, además, un análisis de cómo la práctica extorsiva de las bandas criminales afecta la vida y el ejercicio de los derechos de los venezolanos, pues, aunque su accionar no constituye una violación de derechos humanos en su exacta definición, si es una muestra de la negligencia y, muchas veces, la complicidad de algunas autoridades a la hora de frenar su avance.
Además, la investigación identifica ocho tipos de facilitadores de diferente naturaleza, perfil y envergadura, que contribuyen con estos grupos criminales, desde lavadores de dinero, funcionarios que reciben sobornos, hasta asesores en tecnología, proveedores de armas o personas de zonas humildes que actúan como “dateadores”.
El informe incluye una evalución también de la normativa venezolana en materia de extorsión y enumera las debilidades de los organismos responsables de combatir este delito, cuyas competencias son similares, sin una clara delimitación; que ofrecen información incompleta y datos dispersos; que no dan estadísticas ni análisis de las amenazas y desafíos con respecto a este delito, entre otras deficiencias. Además, parte de las autoridades responsables de prevenir o atacar la extorsión, han sido sancionadas por otras naciones e investigadas por narcotráfico o corrupción en jurisdicciones extranjeras.
Lee el reporte completo aquí.
Más de $2.170 millones habrían quedado en manos de la élite política y sus aliados por explotación de oro en 2023
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El nuevo informe de Transparencia Venezuela en el exilio presenta una actualización de la explotación y el comercio de oro en el que destaca el incremento de las alianzas estratégicas con socios que tiene presuntos vínculos con personas del gobierno y con casos de corrupción
Transparencia Venezuela, 08 de abril de 2025. Al menos 2.177 millones de dólares es la cantidad que la élite política y sus aliados obtuvieron por la producción de oro en Venezuela durante 2023, una de las estrategias de la cúpula del poder para captar rentas ilícitas ante el desplome de la industria petrolera, reportando solo una mínima parte de los ingresos al Tesoro Nacional, mientras se siguen destruyendo suelos fértiles y bosques y violando los derechos fundamentales de miles de venezolanos en las zonas mineras.
En el informe Explotación de oro en Venezuela 2024: devastación, caos y corrupción Transparencia Venezuela en el exilio presenta una actualización de cómo en esta actividad económica se profundizan y perfeccionan los mecanismos corruptos, dejando casi de lado el contrabando con pistas clandestinas y otras estrategias, para utilizar desde 2020 las llamadas “alianzas estratégicas”, que son acuerdos discrecionales entre un ente del Estado venezolano y personas naturales o jurídicas, para desviar los ingresos de todos los venezolanos a manos de actores que aparentan estar ajustados a la legalidad.
Transparencia Venezuela identificó en el negocio del oro, hasta el cierre de 2024, al menos 72 empresas que forman parte de esas “alianzas estratégicas”, cuyos dueños son militares y personas cercanas a las élites del poder, algunas de ellas investigadas por corrupción en otros países. Además, se advierte que no tienen experiencia en la explotación, producción y comercialización de oro.
La estimación de los ingresos en 2023 por la explotación del mineral presentada en este análisis, para tratar de arrojar luz ante la ausencia de cifras oficiales, consideró la producción de oro que se estimó entre 45 y 54 toneladas ese año. De acuerdo a los cálculos las ganancias rondarían entre los 2.750 y 3.300 millones de dólares.
Para poner en perspectiva esas cifras se estimó que solo 14% de las ganancias entraron al patrimonio público como ingresos fiscales y pagos al Banco Central de Venezuela (BCV), mientras que 66% se queda en manos de las alianzas estratégica ligadas a la élite política y 20% sería la renta de grupos criminales, que siguen a sus anchas en las zonas mineras pese al despliegue sin precedentes de organismos de seguridad del Estado al sur del país.
Estas cifras planteadas son muy conservadoras. En un ejercicio de cálculo, el monto se eleva a 5.667 millones de dólares para 2024, si se toma como referencia cierta las 67,3 toneladas de producción de oro que el gobierno estimaba que se alcanzarían entre 2023 y 2024, según el Plan Sectorial Minero, y el precio promedio del kilo del mineral (84.208,20 dólares). Pero no hay datos oficiales y ahí está el centro de la irregularidad. Solo se cuenta con una declaración del presidente Nicolás Maduro en enero de 2025 en la que aseguró que en 2024 el sector minería “creció 21%”.
Las alianzas estratégicas ¿para el bien de Venezuela?
El análisis aborda las alianzas estratégicas que existen en Venezuela desde 2015, a partir del Decreto Ley que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos. Su auge se ha profundizado desde 2020 por encima de las empresas mixtas (que tenían al menos 55% de participación del Estado) y cuentan con el aval del BCV, con una diferencia significativa: las alianzas estratégicas pueden tener una participación de hasta 80% sobre lo que producen, mientras el Estado apenas el 20% restante.
Se señala en el informe que este aspecto sobre la ganancia es significativo porque sumado el secretismo que rodea a las empresas con las que se establecen estas “alianzas estratégicas”, se crea un escenario propicio para las corruptelas.
“No se conocen los criterios ni los procedimientos de los entes públicos para seleccionar a los socios en las alianzas estratégicas, el alcance de sus obligaciones, la duración de los acuerdos, el nivel de producción, la cantidad de contratos que se han suscrito hasta la fecha, así como las cifras de mineral exportado o entregado a la República por medio del BCV. Tampoco hay información sobre los beneficiarios finales de estos acuerdos”, señala el reporte.
En esta entrega Transparencia Venezuela presenta hasta el cierre del 2024 los nombres de 72 empresas que se han aliado con el Estado venezolano “para la explotación de oro, la instalación de plantas de cianuración para su procesamiento y la venta de insumos”. Se advierte que no fue posible precisar si todas estas compañías estaban operativas a finales del año pasado.
“Uno de los casos es el de la empresa Corporación Petroglobal, que estableció una alianza con la Corporación Venezolana de Minería (CVM) para el desarrollo de actividades de beneficio y transformación de arenas auríferas con el uso de cianuro. De acuerdo con las investigaciones realizadas, esta empresa es propiedad de Mario Bonilla Vallera identificado por la justicia de Estados Unidos, como el testaferro de los hijos de Cilia Flores, Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores”, señala el informe.
En la actualización de la información se determinó que en la Empresa Minera Ecosocialista JC, CA o JC Eminca figura como presidente, con 50% de las acciones, el militar Jesús Rafael Velásquez Acosta, que en 2022 se le identificó como personal en reserva activa de la 33 Brigada Caribe “G/B Valentín García” y también es de la misma promoción del coronel Antonio José Pérez Suárez, detenido en marzo de 2023 por el caso Pdvsa Cripto.
En la Zurisadai NM.1:6, C.A, uno de los accionistas es el general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) José Gregorio Almao Barroeta, quien ha ocupado varios cargos entre ellos presidente ejecutivo de la Fundación Misión Negra Hipólita (2015).
“Aunque hay alianzas estratégicas que se encargan de llevar a cabo todas las fases de la producción de oro, desde la exploración y explotación del material hasta su comercialización, otras se dedican solo de acopiar el material que sigue siendo extraído por pequeños mineros a quienes en muchas ocasiones se les señala como legales o ilegales, según convenga”, agrega el informe.
Refiere la investigación que los mineros en El Callao y otros municipios del sur del estado Bolívar que están en esas empresas “no cuentan con equipos de seguridad suficientes, trabajan durante largas jornadas sin descanso, habitan en viviendas que no tienen cubiertas las necesidades más básicas y continúan empleando mercurio para amalgamar las partículas de oro pese a que se trata de un material prohibido”. Además, “les decomisan los insumos que transportan pese a contar con las facturas o guías de movilización emitidas por la misma CVM o sus empresas autorizadas”.
El informe presenta un registro de 27 personas muertas (entre ellas 2 indígenas) y 41 heridos en ocho hechos acaecidos en las minas durante 2024, uno ocurrido en Amazonas y siete en el estado Bolívar.
¿En defensa de nuestra riqueza mineral?
El reporte analiza las funciones y las autoridades de cada uno de los nueve los entes con competencias para dictar políticas, investigar y sancionar ilícitos relacionados con el tráfico ilícito de oro, así como de los cuerpos de seguridad y defensa presentes en el Arco Minero del Orinoco (FANB, Sebin, Dgcim).
Los entes del Estado son la Vicepresidencia Sectorial de Economía; el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (al que están adscritos la Compañía General de Minería de Venezuela C.A., el Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección de Minería, la Corporación Venezolana de Minería, el Instituto Nacional de Geología y Minería y la Fundación Misión Piar); el BCV y la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas
Se hace énfasis en la presencia militar en algunos de estos organismos. Por ejemplo, la Corporación Venezolana de Minería (CVM), que es la representante del Estado venezolano en la mayoría de las alianzas estratégicas y que desde 2020 ha aumentado su poder, tuvo tres presidentes en 2024 todos ellos militares: el mayor general Carlos Alberto Osorio Zambrano (2019-2024); el mayor general del Ejército, José Santiago Moreno Martínez, que solo estuvo un par de meses, y en noviembre fue designado general de división del Ejército, retirado, Rodolfo Marco Torres, uno de los funcionarios con acusaciones internacionales por corrupción y sancionado por Canadá. Estados Unidos y Panamá.
También el general de división del Ejército, Richard Alexis Sánchez Arias, está al frente del Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera, mientras que el vicealmirante Ovelio Barrera Corrales, dirige la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg).
Además, se destaca que ninguno de estos organismos publica el presupuesto del que disponen ni su ejecución, tampoco los proyectos, contratos o alianzas que realizan. Al menos dos de esos entes han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por usar el oro para sostener el gobierno de Nicolás Maduro: la Compañía General de Minería Venezolana (Minerven) y el BCV.
En cuanto a los organismos de seguridad y defensa se destaca que la mayoría de sus autoridades tienen abiertas causas penales por presuntos hechos de corrupción, narcotráfico y violación de derechos humanos, o están sancionados a nivel internacional.
Entre tanto, los grupos delictivos siguen actuando a sus anchas, pese a la gran seguridad que se despliega en el llamado Arco Minero del Orinoco. En octubre de 2024 se contabilizaron 23 alcabalas en el recorrido de 535 kilómetros, que va desde la ciudad de Upata hasta Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar, en frontera con Brasil. También hay un incremento de funcionarios en las alcabalas, de variados rangos “desde funcionarios rasos hasta comandantes”.
La criminalidad bañada en oro
En el informe se señala que detrás de la explotación y el comercio ilícito del oro hay personas y empresas que facilitan las operaciones, en muchas ocasiones, con completo conocimiento de funcionarios públicos.
Se analizan los grupos netamente criminales que “extorsionan a mineros, dueños de molinos y propietarios de comercios, dan permisos para trabajar en las minas y exigen un pago de entre 25 y 30% de todo lo que se extrae”. Y también a los facilitadores, “esos actores que con un rol más formal proveen servicios, falsifican documentos, cuidan los cargamentos que salen por contrabando, entre otros”.
Entre las bandas criminales, ya consolidadas, presentes en las minas se encuentran el Tren de Guayana (Vista el Sol, Guasipati y El Callao), la Organización R (Tumeremo), El “Negro Fabio” (El Dorado), El sistema de “Juancho” y compañía (Las Claritas y el Km 88) y el UMB30 o sistema de El ciego (La Paragua y El Manteco). Se destaca que se mantienen los mismos cabecillas y que desde 2019 no se conocen enfrentamientos entre ellos ni con las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.
El reporte actualiza la información sobre la devastación de la tierra fértil, la contaminación de las aguas y la desaparición de bosques; también la afectación en los derechos más fundamentales de la población en esas zonas, en especial de las comunidades indígenas; así como los desplazamientos forzados, la violencia y los conflictos. Al final del análisis se presentan, además, algunas propuestas que buscan que se impongan “la soberanía, las buenas prácticas y el respeto por la sociedad y el ambiente”.
Lee el reporte completo aquí.
Tren de Aragua: 11 características de la organización criminal que se filtró en más de una decena de países explotando migrantes
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El más reciente informe de Transparencia Venezuela en el exilio presenta una actualización de las acciones de policías, fiscalías, sistemas de justicia y unidades de inteligencia financiera de América y España para neutralizar a esta banda delictiva
Transparencia Venezuela, 01 de abril de 2025. El Tren de Aragua se ha filtrado en más de 10 países de América, y puso en alerta a España tras la detención en Barcelona del hermano del “Niño Guerrero”, lucrándose con el éxodo de venezolanos, que son sus principales víctimas; funcionando como una red de nodos, con “franquicias”; y estableciendo un sofisticado sistema de blanqueo, entre otras estrategias para lograr su avance criminal.
En su informe Tren de Aragua: la red criminal que desafía fronteras, Transparencia Venezuela en el exilio presenta una actualización de la acción de policías, fiscalías, sistemas de justicia y unidades de inteligencia financiera de países de la región, cuyos gobiernos, dependiendo de la gravedad del caso, han destinado recursos, esfuerzos, experticia y han recurrido a la cooperación internacional para neutralizar a esta banda delictiva que fue designada a principios de 2025 como una Organización Terrorista Extranjera por las autoridades de Estados Unidos, lo que fue replicado casi de inmediato por países como Canadá, Argentina y Ecuador.
El Tren de Aragua opera en los países donde han llegado más migrantes venezolanos como Colombia, Perú, Chile, Panamá, Ecuador, Bolivia, Brasil y Trinidad y Tobago, además de Estados Unidos y México, encendiendo las alarmas en países como Canadá y hasta en España, donde desde 2022 había indicios de posible lavado de dinero de esta organización delictiva en su territorio, según pesquisas de Chile. Existe un grupo de investigación especial de la policía española que busca rastros del Tren de Aragua.
El análisis destaca cómo desde 2018, cinco años antes de la intervención policial y militar la cárcel de Torocón, ya había reportes del accionar del Tren de Aragua en la frontera de Venezuela con Colombia y Brasil, Aruba, Curazao, Bonaire, Trinidad y Tobago, Perú, Chile cometiendo delitos de extorsión, tráfico de migrantes, minería ilegal y contrabando, especialmente de gasolina.
Se advierte que la expansión del Tren de Aragua ha planteado retos de seguridad a la región, no solo porque evidencia la debilidad institucional de los diferentes gobiernos en sus fronteras, sino porque la prisión ha sido una escuela de especialización criminal para sus integrantes.
También se presenta en este análisis una actualización hasta principios de 2025 de las acciones policiales y judiciales contra los integrantes de esta banda criminal en los 10 países de América donde se ha detectado su presencia, así como en España que ha tomado medidas a raíz de la captura del hermano del “Niño Guerrero”.
¿Cuáles son las particularidades del Tren de Aragua?
- Estructura jerárquica: red de nodos autónomos para la gestión
Se hace referencia a la estructura jerárquica del Tren de Aragua a lo interno de la cárcel de Tocorón (pran o jefe, lugartenientes o pranes, luceros, escuderos y gariteros), que replicó en otros espacios en territorio venezolano. Pero se destaca que en otros países desarrolló “estructuras de redes criminales modernas, ágiles y versátiles”. Cada célula “mantiene líneas separadas de negocio, existiendo vínculos de coordinación y colaboración entre ellas, para evitar problemas y aumentar las utilidades”.
También se destaca el rol de las mujeres en puestos de liderazgo como el caso de Wanda del Valle Bermúdez, alias la “Bebecita del crimen” o “La Bebecita del TikTok” detenida en Colombia y extraditada a Perú a finales de 2024; así como la “elevada capacidad de reemplazar a sus integrantes, que también pueden asumir roles intercambiables”.
- Centro de mando en Venezuela
Se señalan los vínculos que mantienen las diferentes unidades, células o nodos de la red, con los jefes jerárquicos en Venezuela, según lo revelan las investigaciones en países de Sudamérica sobre la trazabilidad del dinero y los mensajes de algunos de los capturados en plataformas digitales como WhatsApp.
“Desde Venezuela se coordinan los términos de las alianzas con bandas locales y se provee de recursos y capacidades: armas, migrantes, contactos y dinero”, señala el reporte.
- Estructura sofisticada de lavado de dinero
La banda delictiva ha logrado infiltrar las economías de los países donde opera, con negocios de apariencia legítima que facilitan el blanqueo de capitales. En Chile, por ejemplo, el Tren de Aragua utiliza a migrantes con documentación legal para adquirir bienes como locales de comida rápida, servicios de alimentación para empresas, autobuses para transporte público; casas entre otras propiedades.
En Perú, se detectó que el Tren de Aragua hace envíos recurrentes de dinero a Venezuela por diversos sistemas de transferencia con montos bajos que pasaban desapercibidos, mientas que Interpol ha registrado que también usa “Bitcoin”. Otras de sus formas de lavar de dinero son los préstamos de dinero “gota a gota” y hasta en “transacciones vinculadas con el deporte, como el béisbol”.
- Alianzas y franquicias
Se explica que el Tren de Aragua negocia con las bandas locales estableciendo límites a su actividad, “en principio en los barrios donde se asienta la población venezolana migrante y, en una segunda fase, extendiendo su influencia a otras zonas y a otros negocios ilícitos”.
Autoridades de Chile detectaron que esta banda criminal usa un sistema de “franquicias”, para permitir el uso de “su marca” a otras organizaciones de menor poderío, a cambio de un pago. En ese país fueron identificadas varias células como: “Los Hijos de Dios”, “Puros Hermanos Sicarios”, “Los Gallegos del Tren de Aragua”, “Los Injertos del Tren de Aragua” y “Dinastía Alayón”.
- Gran capacidad de adaptación a la situación delictiva en cada país
Se destaca justamente cómo este grupo delictivo tiene la capacidad de negociar con organizaciones criminales en los espacios que ocupa, como ocurrió en Brasil con la temida “empresa criminal” Primeiro Comando da Capital (PCC). “Policías de Brasil entrevistados confirman que el Tren de Aragua se pliega y subordina a los negocios de la poderosa banda, ofreciendo sus capacidades y recursos, esperando una parte de los beneficios ilícitos”, se apunta en el reporte.
En México se identificó una alianza entre el Tren de Aragua y el llamado Cartel de la Empresa, una rama del Cartel de Juárez, según información de una dependencia fiscal del estado de Chihuahua. Analistas de este país consideran que la banda criminal encuentra espacios porque tiene capacidad económica para poder operar.
Pero también se destaca que el Tren de Aragua ha encontrado resistencia en el ELN en la frontera con Colombia; que se ha enfrentado a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Clan del Golfo, en Bogotá y a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la frontera entre el departamento colombiano de Arauca y Apure. Tampoco pudo avanzar en Ecuador, donde operan organizaciones criminales como Los Lobos, Los Choneros y los Lagartos.
- Actos atroces
“Los crímenes del Tren de Aragua son especialmente crueles porque descuartizan a sus víctimas, les infringen decenas de disparos, las torturan y publican los videos de estos actos en las redes sociales”, se lee en el análisis, en que se citan ejemplos como restos esparcidos en bolsas negras en Bogotá; además del caso de dos hombres sepultados vivos en Perú y una trabajadora sexual trans acribillada de 30 disparos, también en ese país, entre otras atrocidades.
- Uso de los migrantes
El Tren de Aragua adoptó el tráfico de migrantes como actividad central a partir del éxodo de venezolanos, especialmente desde 2017, estableciendo un sistema de “coyotes” con “agencias de turismo” para sacar provecho económico de la tragedia de decenas de miles de personas que salieron de Venezuela huyendo de la emergencia humanitaria compleja. Esa oportunidad de negocio los llevó a seguir a los migrantes y apoderarse del mercado en las poblaciones donde se asentaban especialmente los venezolanos.
El Tren de Aragua se aprovecha de la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos que, por su situación irregular, tienen miedo de seguir un proceso legal, por la sensación de falta de protección o por la desconfianza en el sistema judicial del país que los acoge. “Los venezolanos no tienen cultura de denuncia, o no denuncian porque hay prácticas que se encuentran naturalizadas como medio de supervivencia. Además, desconocen el sistema jurídico del fenómeno delictivo y se convierten en víctimas del delito invisible que genera impunidad”, se lee en el reporte.
- Diversificación de delitos
El Tren de Aragua comenzó su accionar trasnacional en el mercado de la trata y tráfico de personas usando a los migrantes, pero no es una organización que se dedica solo a un tipo de actividad delictiva. Sus delitos abarcan también extorsión, robo con violencia, secuestro, homicidios, minería ilegal, contrabando, cobro de vacuna, tráfico de drogas a nivel local, lavado de dinero y sicariato.
- Control territorial
El análisis considera opiniones de expertos que señalan que el Tren de Aragua ejerce dominio en los espacios territoriales en los que actúa, definido como “gobernanza criminal” ejercida a través de la cooptación y de la coerción estableciendo “un orden social”.
Se señala que esta organización criminal “es un actor que desafía la autoridad del Estado o la ´complementa´, en búsqueda del control económico y social de los espacios que ocupa”.
- Prestación de servicios
El Tren de Aragua es un prestador de servicios a otras organizaciones criminales, a través del crimen por encargo o sicariato, según reportes de las fiscalías y policías de Perú y de Chile.
En enero de 2025 las autoridades de chilenas señalaron al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz venezolano, Diosdado Cabello Rondón, de presuntamente contratar al Tren de Aragua para asesinar a Ronald Ojeda, militar venezolano que estaba en calidad de refugiado político en ese país.
- Similitudes con carteles mexicanos
Se destaca el análisis del exdirector del Departamento de Homicidio y Protección de Pessoa (DHPP) de Roraima, en Brasil, Marcos Lázaro, que “observa similitudes del Tren de Aragua con carteles mexicanos, que cometen crímenes como robo, narcotráfico, explotación sexual, explotación de inmigrantes y asesinatos brutales”.
Esto, aunque el Tren de Aragua se presenta como la única organización criminal de las más temidas en la región, que no centra su actividad en el tráfico de drogas, según se señala en el reporte.
Lee el reporte completo aquí.
Los negocios entre China y Venezuela: mucha geopolítica cero inversión
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El más reciente informe de Transparencia Venezuela analiza qué tan sólida es la alianza económica entre los regímenes de Pekín y Caracas, que desde inicios de la autodenominada Revolución Bolivariana y hasta 2018 representó para Venezuela cerca de 69.000 millones de dólares, pero que en los últimos siete años no se ha traducido más préstamos o grandes inversiones
Transparencia Venezuela, 25 de marzo de 2025. A Venezuela no le ingresó ni un centavo de los más de 48.000 millones de dólares que China invirtió en América Latina entre 2020 y 2023, y aunque el aparato comunicacional del gobierno de Nicolás Maduro exalta el interés del gigante asiático en el país, lo cierto es que el avance en materia económica con China es modesto, con una deuda que se ubica en al menos 15.000 millones de dólares en 2024 y un intercambio comercial que se redujo a 6.400 millones ese mismo año, lejos de los 12.000 millones de 2015.
El informe China y Venezuela: Manejo financiero, económico y productivo, presentado por Transparencia Venezuela en el exilio, analiza qué tan sólida es la alianza económica entre los dos países, que desde inicios de la autodenominada Revolución Bolivariana y hasta 2018 representó para Venezuela más de 62.631 millones de dólares en préstamos y más de 6.045 millones en inversión.
Esos casi 69.000 millones de dólares debían ser pagados con petróleo y en inversiones, y representaban el 46% de todo el dinero que los chinos enviaron a Latinoamérica en esos años. Pero, Venezuela incumplió con los envíos de petróleo, los recursos fueron mal administrados y la mayoría de las obras no se concluyeron, manteniendo una deuda con China de cerca de 15.000 millones de dólares al cierre de 2024.
Se destaca que, tras cinco años de pausa, en septiembre de 2023 se realizó en Pekín la XVII reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel (CMAN, creada en 2001) “en la que se firmaron 31 nuevos acuerdos y el nivel de relaciones diplomáticas se elevó de Asociación Estratégica Integral a Asociación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo; este nivel representa el mayor grado de relaciones diplomáticas que ofrece China, pero no ha tenido impactos en cooperación económica”.
El estudio enfatiza que en la actualidad no hay fechas ni cifras de asignación de recursos, “salvo la supuesta instalación en enero 2025 de una empresa de tecnología en La Guaira”. Solo hay anuncios del gobierno de posibles inversiones chinas en minería de hierro, manufactura de productos para el sector petrolero e instalación de paneles para energía fotovoltaica en el estado Mérida, a lo que se suman la participación en la explotación aurífera y nuevas inversiones en hidrocarburos, según versiones de prensa.
Números en rojo en 2024
Desde 2018 cesaron los préstamos, se acabaron los megaproyectos y se redujo el comercio binacional con China y, como se ha explicado en reportes anteriores de la organización, la promesa de desarrollo socioeconómico para Venezuela no se cumplió y, por el contrario, hubo efectos corrosivos en la economía.
“Tampoco se lograron los intereses económicos y geoestratégicos esperados por China, que debió flexibilizar las condiciones de pago, dar períodos de gracia, enfrentar pérdidas en inversiones conjuntas, entre otros problemas que afectaron la imagen en América Latina del gigante asiático y su proyecto de expansión La Franja y la Ruta”, señala el reporte.
De acuerdo al análisis, 2024 dejó una balanza comercial negativa para Venezuela de menos 3.203 millones de dólares, un monto ínfimo si se compara con la balanza comercial positiva de países como Brasil (44.000 millones), Chile (20.000 millones) y Perú (15.000 millones).
“En 2024 las compras que se hicieron desde Venezuela a China superaron los 4.800 millones de dólares y el intercambio comercial conjunto fue de 6.400 millones de dólares. En contraste, los intercambios comerciales de 2024 entre China y Brasil superaron 188.000 millones de dólares; entre China y México, 109.000 millones de dólares; entre China y Chile, 62.000 millones de dólares; y entre China y Panamá, 13.000 millones de dólares”, se apunta en el análisis.
Pese a ello “desde 2019 China sustituyó a Estados Unidos como primer socio comercial de Venezuela”.
También en 2024 el monto de las exportaciones totales de Venezuela a China fue de 1.599 millones de dólares, según datos de la aduana de China. Se detalla que “aumentó cerca de tres veces la exportación de derivados de hidrocarburos respecto a 2023, alcanzando un valor de 1.050 millones de dólares (66% del total); la exportación de minerales escorias y cenizas fue de 287 millones de dólares (18%); químicos orgánicos (7%) y cobre y derivados (5%)”.
Los objetivos no han sido alcanzados en hidrocarburos
El análisis refiere cómo hasta 2018 el financiamiento en hidrocarburos alcanzó 25.000 millones de dólares: en inversiones (3.707 millones), en préstamos del Fondo Conjunto Chino Venezolano y Fondo Gran Volumen Largo Plazo (12.000 millones) y otros recursos aportados (9.315 millones). Pero la mayoría de los proyectos no se concretaron y las negociaciones se orientaron a redefinir las condiciones de pago de la deuda.
La situación en 2024 no fue alentadora. De las ocho empresas mixtas con capital chino que se crearon en Venezuela, solo dos (Sinovensa y Petrozumano) están produciendo, pero muy por debajo de sus objetivos. “La producción promedio de ambas empresas en el último trimestre de 2024 fue de 100.000 b/d, lo que significó un crecimiento del 20% respecto al año 2023 y representó el 17% del total de la producción de las empresas mixtas al cierre del año; Sinovensa, produjo en promedio 99.000 b/d, mientras que Petrozumano produjo 1.000 b/d”, afirma en el informe.
También en 2024 las empresas de China, Anhui Erhuan Petroleum Group y Kerui Petroleum, recibieron dos contratos de explotación petrolera en Venezuela. La primera en la empresa mixta Petrokariña que se estima produce 200 b/d, mientras que la segunda participará en el campo Ayacucho 2 de la Faja Petrolífera del Orinoco, que no había sido explotado.
Se destaca también que en la reunión la XVII reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel (CMAN) en 2023 no se mencionaron formalmente acuerdos en hidrocarburos, mientras que a finales de 2024 la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez (nombrada tras el encarcelamiento de Pedro Tellechea), anunció la firma de un acta sobre “un nuevo camino energético y financiero” entre Venezuela y China, pero no hay información adicional sobre las implicaciones de este documento.
Menos que dinero, más ideología
El reporte advierte que los chinos tienen interés en promover “su poder agudo y sutil a través de la colaboración diplomática, la cooperación mediática y el apoyo frente a crisis políticas que tienen impacto internacional”. De allí su rápido reconocimiento a Maduro tras la elección del 28 de julio de 2024.
A cambio, Venezuela sirve de campo de prueba para las tecnologías de control y vigilancia ciudadana de China, contribuyendo a expandir en medios oficiales su perspectiva geopolítica lo que se traduce en una relación de poder desbalanceada y perjudicial para los venezolanos.
En el sector tecnológico, la empresa Corporación China de Importaciones y Exportaciones Electrónicas (CEIEC por sus siglas en inglés) es el proveedor de software y hardware para el bloqueo de páginas web, censurando contenidos y filtrando información que no favorezcan al régimen. Se señala que es una versión similar al Gran Muro digital que mantiene Beijing para el control en su país. También se refiere que la empresa china ZTE, multada en EE UU, construyó la base de datos del Sistema Patria, considerado un instrumento de vigilancia y coacción social en Venezuela, tarea por la que cobró unos 70 millones de dólares.
El apoyo chino también se concreta en seguridad y defensa. Aunque se advierte que las cifras en 2024 no están disponibles, se señala que China fue el proveedor más importante para Venezuela en el área de defensa entre 2014 y 2023, pero justamente ese último año el país hizo más compras en equipamiento bélico a Irán (51, 25 millones de dólares) superiores a las realizadas a China (USD 30 millones de dólares).
“Entre los principales suministros de China se encuentran aviones de entrenamiento K-8, tanques ligeros VN-16, misiles antitanque y antibuque C-802A, morteros autopropulsados, camiones tácticos Beiben 2629, VN- 4 de transporte blindado de personal, fusil de precisión NSG-1, dron portátil DJI Mavic Air y el radar electrónico 3D JY-11B en manos del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai) que China prueba en Venezuela desde 2019 para identificar vehículos, interceptar comunicaciones privadas y de vehículos militares”, se lee en la publicación.
Se agrega que, en marzo de 2024 el Codai divulgó que recibió nuevos sistemas de interferencia de frecuencia contra vehículos no tripulados (drones) de la firma china Skyfend, del modelo Hunter SHH10031.
En las reuniones de 2023 se habló sin detalles de cooperación en materia de salud y el desarrollo minero, fortalecer el Plan Nacional de Geología y apoyar la cuantificación y certificación de reservas minerales. También se firmaron acuerdo entre 2022 y 2024 en el área de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como en el sector de las comunicaciones.
Lea el informe completo aquí
Venezuela es un eje clave del narcotráfico global: Más de USD 8.200 millones fue el ingreso bruto por drogas en 2024
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Transparencia Venezuela en el exilio, 19 de marzo de 2025. Solo en 2024 el narcotráfico en Venezuela generó ingresos brutos por 8.236 millones de dólares, una cifra que pone en relieve el aumento de esta economía ilícita en el territorio nacional y que refleja el rol cada vez más activo que tiene el país en el mercado mundial de las drogas, según el más reciente informe publicado por Transparencia Venezuela en el exilio.
El reporte “Narcotráfico en Venezuela 2024: Un negocio que lucra al poder y se expande”, sostiene que, aunque estimar cuánta droga circula por Venezuela es una tarea compleja, así como establecer la cantidad de dinero que este negocio ilegal genera a las organizaciones criminales, un grupo de economistas realizó un ejercicio para este análisis tomando en consideración variables disponibles de fuentes abiertas, ante la ausencia de cifras oficiales en el país.
Para obtener una aproximación de las rentas generadas por el narcotráfico en territorio venezolano, primero se calculó el precio mayorista promedio del “clorhidrato de cocaína” en las regiones en las que Venezuela sirve como proveedor (Centroamérica y el Caribe), para esto se tomó como fuente principal la base de datos publicada por la United Nations Office on Drugs and Crime (Unodc).
Asimismo, para estimar el volumen de la droga que circuló por Venezuela, se usó como referencia el cálculo de la DEA (Drug Enforcement Administration), que estima que al menos 24% de la producción mundial de cocaína transita por Venezuela y las cifras de producción de cocaína de Colombia en 2023, que alcanzaron las 2.664 toneladas.
“Tomando en cuenta que Colombia produjo en 2023 al menos 2.664 toneladas de cocaína, se estima que pudieron circularon por Venezuela aproximadamente 639 toneladas de esta droga. A propósito del aumento en la producción colombiana y la expansión de los cultivos de coca en 2024, es probable que esta cifra haya aumentado aún más (…) Al multiplicar ese monto por el precio promedio al que se le vende la droga a los mayoristas en los principales mercados a donde llega la mercancía desde Venezuela, se puede asumir que por narcotráfico hubo un ingreso bruto en Venezuela de USD 8.236 millones durante 2024”, se lee en el reporte.
En esta actualización del negocio del narcotráfico en Venezuela también se analiza el papel de los actores criminales involucrados en el tráfico de drogas, uno de los ilícitos trasnacionales de mayor peso en el país, y su conexión con instituciones del Estado venezolano.
Además, se profundiza en las nuevas designaciones de autoridades en los organismos que tienen competencia para combatir el tráfico de drogas en Venezuela, así como sus debilidades; se evalúa el impacto que este mercado ilícito tiene en el ejercicio de los derechos humanos de los venezolanos y se presentan algunas estrategias para atenuar este delito y fortalecer los medios para combatirlo.
¿Combate o complicidad?
“Narcotráfico en Venezuela 2024: Un negocio que lucra al poder y se expande” actualiza la información sobre los actores en este negocio ilícito, entre los que se cuentan los carteles criminales, como el Cartel de Los Soles, Cartel de Sinaloa (México), Cartel del Golfo (Colombia); también los grupos guerrilleros (disidencias de las FARC y el ELN) y las megabandas criminales, como el Tren de Aragua.
Son grupos que debido a los altos niveles de corrupción han sabido burlar muchos de los controles oficiales durante años y “han ganado aliados dentro de instituciones formales para mantener el negocio en pie y repartir las ganancias”, señala el informe.
Se destaca que uno de los principales cambios relacionados con el narcotráfico en Venezuela es la designación de nuevas autoridades encargadas de combatir este negocio ilícito, especialmente el nombramiento, en agosto de 2024, de Diosdado cabello Rondón como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, además de vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz. Bajo su mando queda la seguridad ciudadana, la coordinación y supervisión de la actuación de los cuerpos policiales, así como las políticas públicas sobre el tráfico, consumo ilícito de drogas y legitimación de capitales. También desde la vicepresidencia regula cualquier actividad coordinada entre ministerios para de garantizar el control del narcotráfico.
Cabello Rondón es señalado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, de ser presuntamente miembro del Cartel de Los Soles, “integrado por militares de alto rango en Venezuela que pasaron de ser actores pasivos que permitían la movilización de mercancía, hasta convertirse en operadores activos del narcotráfico encargados de crear las rutas, gestionar los envíos y cobrar las ganancias”, se lee en el reporte. Se trata del mismo expediente judicial en el que fue condenado, en abril de 2024, el general Clíver Alcalá Cordones a 22 años de prisión y por el cual aún espera juicio el también general Hugo Carvajal Barrios, exjefe de inteligencia de Hugo Chávez.
En el texto se señala que son diez organismos los encargados de la lucha antinarcóticos en Venezuela. Además del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, están otros órganos que dependen de las instrucciones de Cabello Rondón: la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad), la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft); el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Se destaca también que, en noviembre de 2024, Cabello Rondón designó como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad) al mayor general Danny Ramón Ferrer Sandrea, quien en febrero de 2025 aseguró que se decomisaron 40 toneladas de drogas en todo 2024, “una cifra 23% más baja que la reportada el año previo cuando se decomisaron más de 52 toneladas de drogas, en su mayoría cocaína y marihuana”.
La disminución de las incautaciones en Venezuela se da en momentos en que los reportes de organismos internacionales advierten sobre el incremento “pronunciado y prolongado tanto de la oferta como de la demanda de cocaína” desde el año 2022. A esto se agrega que, en 2024 las autoridades colombianas incautaron más de 848 toneladas de cocaína (14% más que en 2023), y 452 toneladas de marihuana, (8% más que el año anterior).
Otros organismos con competencia en drogas en Venezuela son el Ministerio Público y los tribunales; el Ministerio de Defensa, que incluye a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el Comité Antidrogas. En este punto el informe señala que “las máximas autoridades de los entes encargados de luchar contra el narcotráfico en Venezuela han sido además sancionadas por varios países de América y Europa, por socavamiento de la democracia y el Estado de derecho, corrupción y violación a los derechos humanos”.
¿Quiénes facilitan el negocio de la droga en Venezuela?
Transparencia Venezuela en el exilio revela una lista de actores que participan en la cadena del tráfico ilícito de drogas, desde la producción hasta el lavado de las ganancias, muchas de las cuales actúan desde dentro de instituciones formales, que mantienen el negocio de las drogas en pie. Van desde organizaciones de variada procedencia y tamaño, algunas no interesadas en la violencia, hasta quienes están en los sembradíos.
Entre los facilitadores de las drogas en Venezuela identificados están los proveedores de insumos químicos para procesar y filtrar la droga; de armas de fuego; de transporte marítimo y personas a cargo de embarcaciones; de transporte aéreo y pilotos; y de transporte terrestre y conductores.
También empresarios que usan compañías para exportar e importar la droga, así como para lavar dinero; negociadores y encargados de la logística para la exportación; asesores en tecnología; agentes financieros que admiten el ingreso del dinero ilícito en el sistema bancario y bursátil y agentes no financieros para lavar dinero.
En el ámbito institucional hay registro de casos de funcionarios que facilitan el negocio de las drogas, como militares y policías encargados de los controles en territorios y puntos de control, que protegen los cargamentos; jueces, fiscales, funcionarios de aduanas, de registros públicos, instituciones de la banca pública; y de órganos de control del sistema financiero.
“Esta identificación se logró luego de la revisión de instrumentos jurídicos como la Ley Orgánica de Drogas y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, sentencias publicadas por el Tribunal Supremo de Justicia, notas de prensa de entes públicos con competencia en seguridad y justicia y trabajos de investigación publicados por medios de comunicación independientes”, señala el reporte, con ejemplos específicos en cada caso.
¿Qué hay que saber sobre las rutas de las drogas en territorio venezolano?
De acuerdo con el informe, las rutas de ingreso de la droga en Venezuela se mantienen y están principalmente en los estados Zulia, Táchira y Apure que limitan con la región del Catatumbo en Colombia, considerada el principal enclave de cultivos de coca de ese país. Desde estos estados salen los narcóticos rumbo a las islas del Caribe, Centroamérica y Europa.
Zulia sigue destacando como el principal puente de la droga, con rutas plenamente identificadas. “Usualmente emplean los ríos Catatumbo y Tarra para transportar los envíos, así como pistas clandestinas en ambos lados de la frontera”, se lee en el informe. En este estado hay reportes sobre las actividades con drogas de la banda criminal Tren de Aragua, designado en 2025 como grupo terrorista internacional por el gobierno de Estados Unidos, y la presencia de ELN, que también extiende sus actividades a otras zonas del país, especialmente Táchira y Apure.
En el occidente juega un papel importante en el tránsito de la droga por el estado Falcón, cuya cercanía con otros países del Caribe es aprovechada por las organizaciones criminales para sacar su mercancía hacia Aruba y Curazao. En el centro del país transita la droga por los estados La Guaira (anteriormente Vargas) y Carabobo, donde están los principales puertos y aeropuertos venezolanos. Al oeste hay rutas del narcotráfico en Nueva Esparta, Sucre, Monagas y Delta Amacuro, a pocos kilómetros de Trinidad y Tobago.
Puedes leer el informe completo aquí
Transparencia Internacional: Nuestro capítulo en Venezuela fue obligado al exilio ante la creciente represión contra la sociedad civil
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La organización recordó que el exilio de Transparencia Venezuela ocurre en un momento en que el país está experimentando algunos de los peores niveles de corrupción pública del mundo, ocupando el puesto 178 de 180 países en el último Índice de Percepción de la Corrupción
Transparencia Venezuela en el exilio, 14 de marzo 2025. Transparencia Internacional emitió un comunicado en el que informa los motivos que obligaron a Transparencia Venezuela, capítulo con más de 20 años de trabajo en el país, a cerrar sus puertas en el territorio nacional y operar desde el exilio.
La directora ejecutiva de la organización, Maira Martini, aseguró que Transparencia Internacional seguirá apoyando a su capítulo venezolano en la lucha contra la corrupción y las redes criminales que se han enquistado en el país.
Lea el texto completo aquí:
Transparencia Internacional ha anunciado que desde hoy su capítulo en Venezuela operará desde el exilio. La creciente amenaza a los miembros de Transparencia Venezuela, nuestro capítulo en el país, ha creado una situación demasiado peligrosa para permanecer allí. Esta difícil decisión se ha tomado a raíz del creciente patrón de violencia e intimidación.
Durante las elecciones de 2024, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil informaron sobre la violencia generalizada, las amenazas, los abusos en el uso de los recursos del Estado y las campañas de desinformación durante el periodo de precampaña y campaña en Venezuela, lo que socavó gravemente el derecho de voto. En agosto de 2024, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un proyecto de ley para aumentar el control del gobierno sobre las ONG, en medio de crecientes preocupaciones por la represión a los grupos opositores y la sociedad civil.
Desde las elecciones, Venezuela ha estado experimentando una represión continua y desapariciones arbitrarias y forzadas de activistas, periodistas y defensores de las libertades fundamentales. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró que el clima de miedo y tensión social estaba impidiendo el trabajo vital de la sociedad civil en el país.
La salida de Transparencia Internacional de Venezuela ocurre en un momento en que el país está experimentando algunos de los peores niveles de corrupción pública del mundo, ocupando el puesto 178 de 180 países en el último Índice de Percepción de la Corrupción, publicado el mes pasado. Es por esto que Transparencia Venezuela continuará su trabajo en el exilio, exigiéndole al gobierno la rendición de cuentas y continuando la lucha contra la corrupción, la represión y los ataques a las libertades fundamentales en Venezuela.
Mercedes de Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, dijo:
“Los valores y proyectos de Transparencia Venezuela, dedicados a la buena gobernanza, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción, son incompatibles con las nuevas leyes venezolanas que criminalizan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil independientes. Continuaremos operando en el exilio para defender nuestros recursos. Y seguiremos siendo la voz de los venezolanos contra la gran corrupción y denunciando las redes criminales que mantienen a Venezuela como uno de los países más corruptos del mundo”.
