Transparencia Venezuela

Rangel Ávalos & CIA

Los casos de corrupción del municipio Sucre incluyen contratistas registradas en la atelier de la primera dama. Esa empresa incluso levantó el mismo refugio que, entre sus últimos decretos, el ex alcalde entregó en comodato a la fundación de su esposa

 Joseph Poliszuk- Sin mucho ruido ni aspaviento, la justicia venezolana terminó reconociendo irregularidades en una de las empresas vinculadas a José Vicente Rangel Ávalos. Aunque el ex alcalde del municipio Sucre nunca respondió por las denuncias de corrupción que formularon en su contra, una de las contratistas consentidas por su gobierno tuvo que devolver dinero a la jurisdicción, y con multa incluida.

A los tribunales de Caracas nunca les llamó la atención que en el registro mercantil de la empresa Proyectos y Obras Maga figurara el nombre de Oswaldo Chacón, el cuñado del alcalde. Tampoco que esa y otras empresas de la misma gente se llevaran no uno ni dos, sino 360 contratos por obras y servicios que asignó el propio Rangel Ávalos a dedo. Sin licitación.

Ni la Justicia ni ningún otro poder de la República Bolivariana de Venezuela llamó a Rangel Ávalos para que rindiera cuentas sobre una serie de irregularidades que empezaron a circular en el diario El Universal el 22 de marzo de 2009, tres meses después de apartarse de la alcaldía.

La empresa del cuñado, aun así, tuvo que devolver el equivalente a poco menos de 400.000 dólares y no conforme con eso, terminó multada por disposición del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital.

La empresa acudió a los tribunales para reclamar la suspensión de uno de los tantos contratos que recibió de manos del ex alcalde, pero tras más de dos años de juicio, el 16 de julio 2012 finalmente perdió el caso. El juez Fernando Marín concluyó –en la sentencia– que tardaron más retrasando la construcción que ejecutándola: “El tiempo acordado en las actas de paralización de la obra, de 3 meses y 27 días, supera con creces el lapso de ejecución (…) y evidencia el incumplimiento de la parte recurrente”.

La contratista de la esposa

El gobierno de Rangel Ávalos había seleccionado en agosto de 2008 a la empresa de su cuñado para terminar un conjunto residencial que, ya tres años antes, otra contratista no había terminado de levantar Petare adentro, en el sector La Ciruelita del barrio San Blas.

El contrato fue otorgado tres meses antes de las elecciones municipales: Proyectos y Obras Maga se llevó uno de los últimos cheques que salieron de la administración Rangel Ávalos; sin embargo, nunca concretaron la obra.

Pasaron los comicios, la oposición celebró la conquista de Petare y tras una retahíla de denuncias publicadas en prensa, al llegar al poder la administración de Carlos Ocariz terminó reclamando los cuatro edificios que prometían hacer la diferencia en la alfombra de ranchos que tapizan el extremo este de Caracas.

Esos debieron ser días difíciles para Rangel Ávalos. Los contratos que quedaron en la alcaldía, los registros mercantiles de las contratistas e incluso los nombres de los gerentes y directivos que firmaban a nombre de ellas, dejaron bien claro que un grupo de familiares y amigos se llevó más de 60% del presupuesto municipal. No en vano, otra de las empresas del mismo clan inscribió su domicilio fiscal exactamente en el mismo local del Centro de Seguros La Paz donde despachaba la primera dama del municipio, Gabriela Chacón.

“A diferencia de las empresas del mismo pasillo, en ese lugar faltaba un letrero que dejara claro que en el despacho de la ex primera dama y diseñadora de trajes de baño, también funciona la empresa Obras y Proyectos Milenium 2000, que el 3 de octubre ganó un contrato por más de 3,9 millardos de bolívares de los de antes, para terminar tres módulos del Centro de Atención Integral para la Infancia y la Adolescencia de Mariches”. Eso fue noticia en El Universal del 29 de marzo de 2009 y a partir de allí Rangel Ávalos optó por el silencio.

14 cajas de denuncias

El ex alcalde prefirió apelar al bajo perfil. Apartado por un buen tiempo de la esfera pública, el Ministerio Público nunca se refirió a las denuncias en su contra. Tampoco la Contraloría General de la República, a donde llegó Carlos Ocariz el 29 de abril de 2009 con 14 cajas llenas de documentos con presuntas irregularidades cometidas en el período de su antecesor.

Fue en julio de ese mismo año, apenas un semestre después de que el Partido Socialista Unido de Venezuela perdiera Petare, cuando la empresa del cuñado de Rangel Ávalos devolvió casi todo el adelanto de los cuatro edificios que nunca terminó. Agazapada y lejos de la prensa, Proyectos y Obras Maga entregó a la alcaldía los cheques números 39241477 y 39241479 del extinto Central Banco Universal por un total de 846.468,41 bolívares fuertes, lo que al cambio oficial sumaba casi 394.000 dólares.

Si bien Rangel Ávalos nunca respondió a la retahíla de pruebas en su contra, tampoco lo hicieron las empresas y personas involucradas en ellas. No en vano la empresa regresó el adelanto de una de las partidas, pero algo tuvo que cambiar después de esos días. De otra forma en la Alcaldía del Municipio Sucre no se explican por qué la misma compañía que devolvió el dinero luego demandó por haber rescindido su contrato.

Ese caso, de cualquier modo, es una nota al pie en la lista de irregularidades que a partir de 2009 empezaron a salir contra Rangel Ávalos: cuando el dólar oficial estuvo en 1.920 y 2.150 bolívares de los de antes, un pool de empresas consentidas se llevó más de 87 millardos –equivalentes a más de 40 millones de dólares– destinados a levantar obras aplazadas, como el mercado de buhoneros de Petare y la segunda sede del Hospital Pérez de León.

También el Centro de Atención Integral para la Infancia y la Adolescencia de la parroquia Mariches, para el que la administración de Rangel Ávalos no escatimó recursos. En total, fueron 22 millardos de bolívares de los de antes –más de 10 millones de dólares– que la Alcaldía de Sucre destinó a esa casa de abrigo, la obra más emblemática de una gestión que, al final, terminó en manos de la esposa del alcalde.

Todo quedó en familia

Ya conocida la derrota electoral de su partido, Rangel Ávalos firmó –entre sus últimos decretos– un comodato para que el refugio de niños pasara a la Fundación Forjando El Futuro, la misma que desde 2005 expone su esposa como tarjeta de presentación en los desfiles de modas que organiza a beneficio de la infancia abandonada o con problemas de adicción a las drogas.

Esas instalaciones, destinadas a abrir una aldea infantil para niños en situación de riesgo, quedaron inauguradas el 13 de agosto de 2008. Ese día, Rangel Ávalos y su esposa, Gabriela Chacón, presentaron en sociedad unas instalaciones de más de 12.000 metros cuadrados, que prometieron llenar de niños en cuestión de dos semanas.

No fue así. Las nueve cabañas quedaron vacías. También la cancha del lugar, el infocentro y el edificio central en el que resaltaba la imagen del presidente de la República, Hugo Chávez, junto a la máxima de que “Cuando la esperanza nos da la mano Venezuela renace”.

Lejos de los desfiles de moda y de los anuncios oficiales que mostraban un refugio para niños en el sector Zumba, a mitad de camino de la carretera Petare-Santa Lucía, la casa de abrigo nunca tuvo niños, niñas y adolescentes pernoctando en el lugar.

De eso dieron constancia los vecinos cuando vieron el 19 de febrero de 2009 en Vive TV, que la merienda y las actividades que habían ofrecido a sus hijos sirvieron para mostrarlos en pantalla como beneficiarios de un programa para la infancia desprotegida. “Ellos tenían que especificar que esos no eran niños de la calle”, lamentó Rosa Castellanos en la edición de El Universal del 29 de marzo de 2009.

Cuatro años después de ese incidente, el ex alcalde del municipio Sucre llegó al alto Gobierno. El hijo de José Vicente Rangel –ex vicepresidente y referente a lo interno de la dirigencia chavista– nunca tuvo que responder ante la justicia. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, más bien lo llamó a formar parte de su Gobierno.

Apenas un mes después de haber llegado a Miraflores, Maduro designó a Rangel Ávalos –el 14 de mayo de 2013 mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial 40.165– al frente del Viceministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica, y allí se ha mantenido por dos años aun después de la salida de Miguel Rodríguez Torres y Carmen Meléndez, los ministros que han desfilado desde entonces por la cartera de Interior y Justicia.

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