Transparencia Venezuela, 10 de junio de 2019. Bajo el mandato de Hugo Chávez, 37 programas sociales o misiones fueron creados con el fin de cubrir las diversas necesidades de la población más vulnerable del país y que deberían garantizar derechos humanos básicos: educación, alimentación, salud, vivienda y entre otros.

Hugo Chávez justificaba las misiones de la siguiente forma: “Si ustedes se ponen a evaluar la historia de este continente, las misiones sociales venezolanas impulsadas por el Gobierno revolucionario, por el pueblo, no tienen precedente. Por su magnitud, su extensión, su permanencia aquí en Venezuela se han convertido en política de Estado, como parte del proceso de transformación integral del Estado, de la sociedad, de la economía, de la nación. Las misiones se han venido convirtiendo en el centro, núcleo central de las políticas del Gobierno revolucionario”.

Bajo este argumento, las misiones han tenido recursos económicos que superan los US$ 131.164.670.890 para convertirse en una política de Estado. Contrario a ello, han sido promotoras de la actual emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela al no incidir en la reducción de los índices de pobreza, desnutrición y seguridad ciudadana, entre otros.

Los programas sociales o misiones deben formar parte de un piso de protección que se entiende como el conjunto de medidas que derivan de una política social y que tiene como objetivo la garantía a toda persona, especialmente las más vulnerables, de la seguridad de los ingresos y el acceso a los servicios sociales básicos.  Pero, las últimas acciones implementadas por Nicolás Maduro para proteger a la población imponen el Carnet de la Patria como requisito.

Este programa que según el gobierno constituye “la base de la igualdad social, de la solidaridad, del socialismo, de la felicidad social bolivariana, de la paz”, no es más que un perturbador factor de exclusión, de opacidad y violador de derechos humanos.

A 16 años de la primera misión Barrio Adentro, y a 2 años del Carnet de la Patria, el aumento de la pobreza ha originado inconvenientes de sostenibilidad para la seguridad social. El crecimiento de la burocracia del Estado y la cultura clientelar han contribuido a la dispersión de recursos y solapamiento de funciones, generando la segmentación del sistema, con beneficios para algunos grupos y restricción para otros.

De manera que, las misiones o programas sociales y el conjunto de medidas que acompañan a las políticas asistencialistas tales como: dotación de morrales, bonos económicos, plan Chamba Juvenil y otros, no han coadyuvado a la reducción de los indicadores sociales que comprueban la existencia de la pobreza. Este conjunto de medidas ha promovido la opacidad, corrupción, vulneración de derechos y la coacción social a una población urgida de satisfacer sus necesidades más elementales.