El Carnet de la Patria  es un instrumento político ha traído consigo reiteradas violaciones a los derechos fundamentales, dejando de lado su objetivo inicial que, según los voceros del Gobierno Nacional, era establecer un diagnóstico de las necesidades de la población más vulnerable.

Esta tarjeta electrónica es utilizada por la estructura gubernamental para condicionar el acceso a beneficios sociales, tal como lo registró Transparencia Venezuela, a través su la coordinación del estado Zulia, al occidente del país.  En esa entidad se exige a las estudiantes universitarias embarazadas presentar el Carnet de la Patria para obtener un kit quirúrgico, incluido en los beneficios de apoyo a la maternidad del Plan Parto Humanizado.

El gobierno de Nicolás Maduro insiste en ampliar el uso de ese carnet en distintos ámbitos, incluyendo al sector salud, por lo que poco a poco se está exigiendo con más frecuencia como requisito obligatorio para acceder a beneficios que constitucionalmente deben llegar a todos los venezolanos, sin distinción política.

Mientras avanza el control,  la crisis estructural del sector salud en Venezuela se profundiza, dejando a los ciudadanos en un estado de indefensión evidente.