Como es costumbre, desde 2017, es insuficiente la información sobre el destino de los recursos para el ejercicio fiscal 2022, establecidos en 62.379.454.806 bolívares digitales, equivalentes a 13.437 millones de dólares según el tipo de cambio oficial a la fecha de su anuncio 

Transparencia Venezuela, 17 de diciembre de 2021. El pasado 10 de diciembre de 2021, la actual Ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, Delcy Rodríguez, presentó ante la Asamblea Nacional electa en 2020, la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, en conjunto con la Ley de Endeudamiento y el Plan Operativo Anual. Sin embargo, una vez más, como ya es costumbre desde 2017, es insuficiente la información, sin olvidar que la Ley no se publica desde ese mismo año. 

En palabras de la vocera, el presupuesto 2022, se ubica en 62.379.454.806 bolívares digitales (cantidad aprobada en un primer debate), equivalentes a 13.437 millones de dólares, según el tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV), a la fecha de su anuncio. Este monto representa un incremento nominal de USD 5.320 millones (una variación de 65%) en comparación con los recursos aprobados para el año 2021. Cabe destacar que, a la fecha, del presupuesto 2021 solo se conoce un crédito adicional aprobado por la Asamblea Nacional electa en 2020, por el monto de 524.731 bolívares digitales (171.730,77 dólares, al cambio oficial del día 25 de mayo de 2021), lo que implica que el presupuesto de ese año, se ubica en 8.137.210.418,1 dólares. Sin embargo, se tiene conocimiento de que varias gacetas oficiales no han sido publicadas y éstas pudieran contener créditos adicionales. 

Según declaraciones oficiales, para este nuevo ejercicio económico 76,8% del presupuesto estaría dirigido a la inversión social, porcentaje similar “al declarado” durante 2021 (76,4%). De esta proporción (76,8%), se dijo que 80% estaría destinado al sector educación, y el restante 20% distribuido para el fortalecimiento del sistema de salud y de la gran misión vivienda. 

Considerando otro criterio de clasificación del gasto, se anunció que 7.777 millones de bolívares digitales (1.667,7 millones de dólares) estarían destinados a sueldos y salarios del sector público. Para bienes y servicios de la administración pública se destinarían 4.410 millones de bolívares digitales (951 millones de dólares), para protección social (asignación de bonos), a través del sistema patria, irán 5.450,8 millones de bolívares digitales (1.175 millones de dólares). Es importante recordar que gran cantidad de personas reciben el pago de su pensión a través de este mecanismo. En abril de 2019, según portales oficiales, la cifra de pensionados alcanzó los 4.545.447, los cuales en este momento reciben un aporte mensual de 7 bolívares digitales, unos 1,5 dólares según tipo de cambio oficial. 

Respecto a las premisas presupuestarias no se ofrecieron detalles, solo se indicó que las políticas que sustentan el presupuesto 2022 se enmarcan en la defensa de la moneda y suprimir la inflación. La economía venezolana registra una inflación acumulada hasta noviembre de 2021, según datos del BCV, de 631,08%. 

Otra información que quedo en blanco, durante la presentación de la Ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, son las fuentes de financiamiento que sustentarán los gastos durante 2022. Pero se precisó que la recaudación tributaria a través del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria -SENIAT-pasó de representar 23% de los ingresos fiscales en 2018 a representar 75% durante el 2021. 

A través de periodistas que cubren el parlamento se tuvo acceso al documento remitido por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, respecto a la aprobación de la Ley Especial de Endeudamiento para el ejercicio económico financiero 2022, en el que se propone la aprobación de la respectiva ley a cargo de la sala plenaria de la Asamblea Nacional. 

El documento detalla como monto máximo aplicable para la contratación de proyectos, 18.146.281.389,00 bolívares digitales (USD 3.919,28 millones al cambio oficial del 15 de diciembre de 2021), distribuidos de la siguiente manera: 

Ministerio de Energía Eléctrica 32,96%, 

Ministerio de economía y finanzas 16,52%, 

Ministerio de Transporte Terrestre 14,13%, 

Ministerio de Industrias 12,19%, 

Ministerio de Obras Publicas 5,47%, 

Ministerio de Planificación 5,05%, 

Ministerio de la Defensa 1,76%, 

Ministerio de Atención a las Aguas 1,53%, 

Presidencia y Gestión del Gobierno 1,30%, 

Ministerio de Agricultura Urbana 0,68% y 

Ministerio de Relaciones Interiores 0,05%.

No se indicó el destino de 8,36% restante del monto total aprobado para la contratación de proyectos (USD 327,65 millones). 

Así mismo, se establece como monto máximo para desembolsos de proyectos 5.662.491.222,00 bolívares digitales (USD 1.223,00 millones). 

Para servicios de la deuda pública se asigna un monto máximo de 3.960.605.169,00 bolívares digitales (USD 855,42 millones). Para reestructuración y refinanciamiento de la deuda 3.536.062.049,00 bolívares digitales (USD 763,72 millones) y para necesidades transitorias de la Tesorería Nacional (emisión de letras del tesoro) 90.000,00 bolívares digitales (equivalentes a USD 19.438,45). 

Así mismo, se declaró que se destinarán 5.662 millones de bolívares digitales (USD 1.221,4 millones) para honrar compromisos de deuda en el exterior. Esta “distribución” representa un total de 23.301,3 millones de bolívares digitales (5.026,92 millones de dólares), es decir, 37,35% del total presupuestado. Del restante, 62,65% no hubo detalles. 

El proyecto de Ley Especial de Endeudamiento para el ejercicio fiscal 2022 no detalla las condiciones de pago del servicio de la deuda, ni del plan de reestructuración o refinanciamiento; tampoco incluye la estimación del saldo de la deuda y su servicio al final del ejercicio. No hay datos sobre la distribución de recursos para desembolsos de proyectos iniciados, se desconoce el porcentaje de ejecución física, financiera y el estatus de las contrataciones vigentes de estos proyectos, que en muchos casos tienen varios periodos consecutivos en “ejecución”; y no se informa sobre las tasas de interés aplicables en cada caso. Esta información debe ser publicada, tal y como lo estable la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y el Reglamento 2 de la referida Ley. 

Recordemos que el Estado mantiene cuantiosos compromisos de deuda. Al cierre de 2018, último dato oficial disponible, la deuda del Gobierno Central (externa e interna) ascendía a 50.774,03 millones de dólares, más de 1.300% de los ingresos fiscales, saldo que se presume ha incrementado debido a los impagos del gobierno. Esto sin incluir el saldo de la deuda adquirida con China para el desarrollo de proyectos, la cual ascendió a finales de 2018 a unos 19.000 millones de dólares. Para ese año (2018), la deuda externa del sector público total ascendió a 128.543 millones de dólares (datos publicados por el BCV), equivalente aproximadamente a 130,63% del PIB (381% de las exportaciones totales), escalando a finales de 2020 a 288% del PIB (1.970% de las exportaciones). 

El presupuesto público, en conjunto con la Ley de endeudamiento, representa uno de los instrumentos más importantes de la política fiscal y, en consecuencia, de la economía. La transparencia en los presupuestos es crucial para garantizar el buen uso de los recursos, por lo que se requiere que los gastos sean expresados según su clasificación institucional, ¿Quién gasta?; clasificación funcional, ¿para y en qué se gasta?; y la clasificación económica, ¿gasto corriente o de capital? Así mismo, el presupuesto debe ser distribuido de manera equitativa y justa, a los fines de atender las necesidades de la ciudadanía. 

De igual manera, las fuentes que financian los gastos deben ser expresadas según su origen (ramo), ordinarios, extraordinarios, tributarios y no tributarios; y aquellos que provienen de la emisión de deuda. Todos estos aspectos son necesarios para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

La situación económica y social de Venezuela no es un hecho aislado, ha sido resultado de diferentes factores, entre los que resaltan la opacidad y el manejo discrecional y sin control de los recursos públicos. En consecuencia, tal y como lo establece la Constitución Nacional, el presupuesto debe ser el resultado de una discusión abierta e inclusiva, que garantice la asignación responsable, sostenible, eficiente y justa de los recursos. 

Los venezolanos tienen derecho a conocer lo que ocurre con el dinero público, cómo afecta la economía en general y su vida.