Las últimas dos décadas la labor de la prensa ha estado bajo amenaza. La crisis sanitaria mundial por el COVID-19 se ha convertido en una nueva razón para atentar contra el ejercicio del periodismo y el derecho a la información. Espacio público registró, en 2019, 1049 violaciones  la libertad de expresión e Información, mientras que desde que se decretó la cuarentena, han sido detenidos 840 ciudadanos, entre ellos 22 periodistas, contabilizan las organizaciones de derechos y gremiales 

Transparencia Venezuela, 3 de mayo de 2020. El ejercicio del periodismo libre, plural e independiente ha estado bajo constante riesgo en Venezuela desde hace más de dos décadas, viviendo su peor época en momentos de mayor conflictividad social y política. Ese peligro se ha incrementado exponencialmente hoy con la propagación del COVID-19, que llegó al país en medio de una crisis humanitaria compleja sin precedentes, exacerbada por la estrepitosa caída  del precio del petróleo, la hiperinflación, la escasez de combustible y el colapso generalizado de los servicios públicos. Las expresiones de descontento de la ciudadanía y las demandas de protección del sector salud ante la pandemia, que han encontrado eco en las redes sociales y medios independientes, han desencadenado una oleada de persecución y amedrentamiento. Defiende Venezuela, expertos en Derechos Humanos de la ONU, ha señalado que desde el inicio de la cuarentena han aumentado las amenazas y acusaciones contra periodistas, trabajadores sanitarios y ciudadanos. Según cifras de esa organización, más de 840 personas han sido detenidas, entre ellas 22 periodistas.

Las organizaciones gremiales, por su parte, reportan 92 ataques contra comunicadores sociales en el ejercicio de su labor informativa. Édgar Cadenas, del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, aseguró que 18 periodistas han sido detenidos de forma arbitraria y, en muchos casos, también sus familiares.  Mientras, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) contabiliza 22 comunicadores detenidos, y ha denunciado despidos y suspensiones durante la cuarentena, que afectaron a empleados de Caraota Digital, El Universal, Bloque de Armas y El Estímulo. 

La llamada “Ley del Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” se ha convertido en la principal herramienta para justificar acciones de amedrentamiento, persecución judicial, amenazas y presiones que pretenden silenciar “voces incómodas”, y acallar las demandas de una población agobiada por la crisis económica, agravada ahora por la pandemia. En este contexto se conmemora, este 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha acogida por la Unesco para la reflexión sobre tópicos como la libertad, el periodismo, la comunicación y el derecho a la información, todos vulnerados en Venezuela, según lo reconocen y declaran directores de medios, organizaciones de derechos y sindicatos y gremios profesionales.

Libertad de prensa y pandemia

Para las sociedades democráticas, donde imperan el estado de derecho y el respeto a las garantías constitucionales, la libertad de prensa es una de las manifestaciones por excelencia de la libertad de expresión. Sin embargo, en su reciente Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020, donde el continente europeo, con Noruega a la cabeza, ocupó los primeros lugares; la organización Reporteros Sin Fronteras destaca que la pandemia global por el COVID-19 se ha convertido en la fachada perfecta para que los gobiernos de diferentes naciones apliquen medidas que serían impensables en condiciones normales, además de profundizar la opacidad a la hora de informar, característica de los regímenes autoritarios. Así quedó evidenciado en el cuestionado tratamiento mediático que le dieron al impacto de la pandemia países como China, que ocupó el lugar 177del índice; Irán (173) que censuró ampliamente los brotes de la enfermedad; y Corea del Norte, que obtuvo los peores resultados de la medición.

Con respecto a América Latina, la organización advirtió que la región muestra un deterioro generalizado de la libertad de prensa. «La corrupción, la impunidad, la vigilancia cibernética, la violencia gubernamental y en general, las violaciones de la libertad de información han adquirido nuevas dimensiones», señala el informe. Cuba, Nicaragua y Venezuela se disputan el “liderazgo” como los países con los ambientes más hostiles para el ejercicio del periodismo, junto a naciones como Brasil, Bolivia o México, donde está considerado como la profesión más peligrosa.

En tanto, Transparencia Venezuela ha advertido no solo sobre los riesgos de corrupción asociados a la pandemia, sino también sobre el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para combatir el COVID-19 sin menoscabo de los derechos de los ciudadanos, entre ellos el de informar y estar informado. Desde el 16 de marzo, cuando entró en vigencia el estado de alarma, hasta el 20 de abril, en Venezuela se contabilizaron 130 violaciones a la libertad de expresión, de acuerdo a los registros que lleva la organización Espacio Público. Solo entre el 13 y el 19 de abril la agrupación tuvo constancia de 34 violaciones, siendo las más frecuentes la censura y la intimidación.

Por su parte, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa se refiere a las garantías a la libertad de prensa, expresión y acceso a la información pública como una gran deuda pendiente del Estado venezolano con los ciudadanos. Señala que, por el contrario, se ha convertido en política pública todas las acciones que impidan la rendición de cuentas con lo cual promueven el oscurantismo y la opacidad. Apuntó que con la llegada del COVID-19 se ha tratado de imponer un mensaje único, por lo que se ha perseguido a cualquier profesional de la comunicación con un mensaje, información y datos distintos o adicionales a los suministrados desde el Estado.

En negación y de retroceso

Venezuela ocupó el nada halagador peldaño 147 entre los 180 países evaluados por Reporteros Sin Fronteras. Pero este retroceso en la libertad de expresión y el derecho a la información no son nada nuevo. La organización asegura que desde su llegada al poder en 2013, Nicolás Maduro se ha empeñado en acallar a la prensa independiente y controlar la información, silenciando a medios nacionales e internacionales que critican su gestión. Tras la  agudización de la crisis económica y política a partir de 2016, que alcanzó su punto más alto en 2017, se intensificaron la represión, las detenciones arbitrarias y agresiones violentas contra periodistas y contra los llamados “infociudadanos”, tanto en manos de funcionarios de las fuerzas legítimas del orden como de los llamados “colectivos” (grupos armados irregulares favorables al gobierno).

Según el informe de Espacio Público sobre la Situación de la Libertad de Expresión e Información en Venezuela, publicado este viernes, con 1.049 violaciones de estos derechos, 2019 se sitúa como el año con mayores registros en los últimos 18 años: 27 estaciones de radio y tres canales de televisión que perdieron su concesión en el espacio radioeléctrico o fueron cerrados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), se suman a una lista que supera los 200 medios clausurados desde 2004, entre ellos 70 medios impresos que dejaron de circular en solo cinco años tras presiones o por la asfixia económica mediante restricciones para la adquisición de papel.  A esto se añaden los ataques cibernéticos y las reiteradas restricciones de Internet, a través de la principal prestadora del servicio: ABA, de la estatal Cantv, que se expresan en el bloqueo a portales informativos y redes sociales; y  la interrupción del servicio de energía eléctrica a escala nacional (como los apagones de marzo de 2019 que dejaron a oscuras a 60% del país) o regional (en estados como Zulia, Mérida y Táchira se mantienen los cortes de entre 2 y 20 horas diarias), como consecuencia del colapso del sistema eléctrico debido a la corrupción, la falta de inversión y de mantenimiento. 

A la par de este progresivo deterioro de la libertad de prensa, en Venezuela se ha instaurado una plataforma hegemónica de medios con la creación del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (Sibci), conformado por una red de emisoras, radios y televisoras en manos del Estado; así como la compra de medios “independientes” que exhiben ahora una línea informativa afín al gobierno. 

Este fenómeno ha favorecido la opacidad y la falta de transparencia de las autoridades en la rendición de cuentas de su gestión y ha propiciado la negación del derecho ciudadano a tener información veraz y oportuna. De hecho, según el balance de Espacio Público, en 2019 las instituciones del Estado fueron las responsables de 60% de los casos de violación a la libertad de expresión en Internet. Las organizaciones gremiales documentaron 175 casos de intimidación el año pasado.

Velas al viento

Ante la censura, la autocensura, el cierre o desaparición de los medios tradicionales -muchos de los cuales emigraron a plataformas digitales- y el férreo control gubernamental sobre los medios estatales, los ciudadanos han encontrado en las páginas web informativas, blogs y redes sociales una ventana para informarse y para ser escuchados. La proliferación de medios digitales independientes constituye un síntoma positivo para la protección y disfrute de estos derechos y para la libertad de prensa en el país. 

Sin embargo,  para representantes y directivos de algunos de estos nuevos medios como César Batiz, director de El Pitazo, la libertad de prensa no es suficiente si no se garantiza el derecho al acceso a la información pública, especialmente en tiempos de cuarentena. “La información que se transmite a través de los medios digitales e impresos, la radio y la televisión deben ser de calidad. Los venezolanos tenemos derecho a saber lo que está ocurriendo con la pandemia en nuestro país. La falta de información genera incertidumbre, y la incertidumbre es peligrosa”, señaló.

Para el periodista y articulista Alonso Moleiro, estos medios han surgido “como una luz en la oscuridad”. “El ejercicio del periodismo en el último año ha vivido sus momentos más comprometidos en seis décadas de historia, siendo objeto de persecución, pero hay que rescatar que hay muchos periodistas están haciendo su trabajo”, subrayó. Mientras, el director de EsPaja.com, Víctor Amaya, señaló que en Venezuela la libertad de prensa no es plena, “las fuentes oficiales permanecen cerradas y el acceso a la información pública es poco, no hay capacidad ni apertura para contrastar informaciones o afirmaciones que hace el poder”. Destacó que “desde el poder también se desinforma y mucho”.

Las convenciones  internacionales suscritas por Venezuela obligan al Estado a proteger y garantizar la diversidad de medios de comunicación y, por ende, la pluralidad y la independencia informativa. Pero las autoridades venezolanas, por omisión y de hecho, vulneran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como de recibir informaciones y opiniones sin limitaciones de ningún tipo. Este Día Mundial de la Libertad de Prensa es el momento propicio para que la sociedad civil exija a una sola voz su derecho a estar informado, a tener acceso a la información pública y reivindique la labor de los trabajadores de la prensa.