El Gobierno nacional ha propiciado la precaria situación alimentaria que atraviesa el país no garantizando los componentes básicos del derecho a la alimentación como lo son la disponibilidad y accesibilidad. A pesar de haber creado diferentes cuerpos normativos en materia alimentaria, como la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001, reformada en 2005 y 2010); Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria 2008; Ley de Precios Justos (reformada en 2014 y 2015), entre otros;  la corrupción y violación del derecho a la alimentación cada vez es más fuerte. Tal es el caso del primer gran hecho que ha originado la actual crisis alimentaria: la descomposición de más de 160 mil toneladas de alimentos en contenedores de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), ocurrida en 2010.

En el devenir, diversos entes han tomado acción en materia alimentaria, que no se traducen en políticas públicas alimentarias. Un nuevo actor que entra en escena es la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), organismo que ha decretado algunas normativas que, carecen de fundamento jurídico, son importantes revisarlas a los fines de abordar de manera integral, todas las acciones realizadas en torno a las misiones y, en este caso, la alimentación.

En este informe se analizará los puntos de quiebre en materia alimentaria y cómo los programas sociales no planificados, como la Misión Alimentación, han sido el eje central en la creación de políticas y nuevas legislaciones desde el año 2001 hasta la arbitraria ANC